IR Notes

En respuesta a la legislación estadounidense (Inflation Reduction Act – IRA) destinada a promover la transición medioambiental de la industria estadounidense, el pasado 1 de febrero la Comisión Europea presentó una comunicación sobre el Plan Industrial del Pacto Verde, “destinado a mejorar la competitividad de la industria europea” en su “rápida transición hacia la neutralidad climática” (véase el comunicado de prensa). Este plan acompaña al objetivo fijado por la legislación europea sobre el clima de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 (véase European Green Deal). En el plano social, la comunicación propone varias iniciativas como la creación de “academias para una industria con cero emisiones que pongan en marcha programas de reciclaje y perfeccionamiento profesional en industrias estratégicas”. La Confederación Europea de Sindicatos considera que la Unión Europea “se está quedando atrás en cuanto a las condiciones sociales para garantizar que el dinero público se utiliza para el bien común”. Por su parte la ley estadounidense IRA prevé, entre otras cosas, créditos fiscales subvencionados para las empresas que paguen salarios dignos y contraten aprendices (véase el comunicado). Luc Triangle, Secretario General de IndustriAll Europe, explica que “a cambio de subvenciones verdes las empresas deben garantizar una transición justa con participación de los trabajadores y negociación colectiva, salarios justos, empleos de calidad y normas sociales elevadas” (véase el comunicado). En un momento en que la Comisión proclama la importancia de la negociación colectiva y cuando en la directiva sobre el “salario mínimo” la previsión es que el 80% de los trabajadores europeos estén cubiertos por convenios colectivos, resulta extraño que los aspectos de “diálogo social” y “condiciones de trabajo” estén ausentes de las políticas públicas (véase Minimum wage). La eurodiputada holandesa Agnes Jongerius (S&D) expresó su decepción en el Europarlamento y consideró que la Comisión había perdido una oportunidad: “cualquier gasto de dinero público solamente debería ir a empresas cubiertas por la negociación colectiva”. Es una forma de poner de relieve que la transición medioambiental no se puede lograr sin implicar estrechamente a los agentes sociales, que tendrán que gestionar las enormes crisis que se avecinan. Es mucho mejor darles este papel central ahora mismo.

Salud y seguridad en el trabajo : La Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva para modificar la directiva 2022/431, de 9 de marzo de 2022, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. El propósito es reducir los límites de exposición profesional y biológica al plomo e introducir un límite de exposición a los diisocianatos, que pueden causar enfermedades respiratorias como el asma (véase Carcinogens directive revision). Estos componentes se utilizan sobre todo en los sectores de transición ecológica (fabricación de baterías, materiales aislantes, etc.) (véase el comunicado).

Diligencia debida : El pasado 9 de febrero la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo aprobó su opinión sobre la propuesta de directiva relativa a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (véase Due diligence). En la opinión se aclaran las obligaciones de las empresas en virtud del artículo 15 y establece la obligación de garantizar que su plan de transición esté alineado y que no solamente sea “compatible” como prevé la propuesta con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C de conformidad con el Acuerdo de París. Una parte de la remuneración variable de los directivos de las empresas con más de 1.000 trabajadores debería estar vinculada a la consecución del plan de transición.
> Comités de empresa europeos: La federación sindical UNI Europa ha publicado un documento con formato de “lista de control” a la atención de los miembros de los comités de empresa europeos que deseen evaluar la calidad y la pertinencia de los compromisos de su empresa en relación con el deber de diligencia en materia de derechos humanos.

• Estrategia de la UE para la bicicleta : En una resolución, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que desarrolle una estrategia específica para el uso de la bicicleta que anime “a las empresas y a las organizaciones e instituciones públicas a que promuevan la bicicleta mediante iniciativas específicas, como los programas dirigidos a los empleados (…)”. Se trata de una iniciativa no vinculante, pero que debería contribuir a la evolución de los marcos jurídicos nacionales, tal como sucedió en Bélgica, que ha impuesto la obligatoriedad a partir del 1 de mayo de conceder un subsidio para bicicletas de 0,27 euros por kilómetro recorrido a los trabajadores del sector privado (con un tope de 40 kilómetros diarios).

• Fondo Social para el Clima : Los representantes de los Estados miembros y de dos comisiones del Parlamento aprobaron el acuerdo político alcanzado en el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Social para el Clima destinado a compensar a los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte por los costes de la transición ecológica (véase el comunicado del Parlamento y la ficha informativa). Antes de su publicación, el reglamento todavía debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo.

Nanomateriales : El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictado una sentencia que anula la clasificación del dióxido de titanio (TiO2) como carcinógeno por inhalación (véase el comunicado del Tribunal y la sentencia). “Esta anulación resulta especialmente problemática en la medida en que permite a los fabricantes dejar de alertar a los trabajadores cuando los polvos contienen TiO₂ nanométrico, cuyo peligro no ha sido descartado por el TJUE”, tal como destaca Mathilde Detcheverry, de la asociación AVICENN (véase el comunicado). La CFDT es uno de los pocos sindicatos que ha reaccionado y lamenta “esta derrota del derecho a la información de los trabajadores, que ya no serán alertados de la presencia de partículas micro y nanométricas en los polvos de TiO2” (véase el comunicado de la CFDT). Las autoridades francesas, que habían iniciado la solicitud de clasificación como carcinógeno por inhalación, han recurrido la decisión del tribunal (véase el comunicado del gobierno francés).

• Denunciante : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una importante sentencia en el caso entre Raphaël Halet y PricewaterhouseCoopers (PwC). En el caso “LuxLeaks”, este trabajador entregó a un periodista catorce declaraciones fiscales de empresas multinacionales y dos cartas de acompañamiento. El trabajador fue despedido por PwC y multado con 1.000 euros por revelar información confidencial. El Tribunal Europeo sopesó los efectos perjudiciales para la empresa y los resultados de la revelación y sostuvo que la divulgación “ha supuesto una contribución esencial” al “debate público sobre las prácticas fiscales de las multinacionales, tanto a nivel nacional como europeo”. La “naturaleza de las sanciones impuestas y la gravedad de los efectos de su acumulación, en particular su efecto disuasorio sobre la libertad de expresión del demandante o de cualquier otro denunciante (…) no pueden considerarse proporcionadas al objetivo legítimo perseguido”. La injerencia en el derecho del denunciante a la libertad de expresión, en particular su derecho a comunicar información, no es “necesaria en una sociedad democrática” (véase la sentencia y el comentario jurídico del Tribunal y la nota de prensa).

• Diálogo social sectorial : En una carta dirigida a la Comisión Europea, 23 organizaciones patronales y 6 federaciones sindicales europeas exhortan al órgano europeo a abandonar su plan de cambiar las normas de financiación del diálogo social sectorial (véase IR Notes 201). Isabelle Barthès, secretaria general adjunta de IndustriAll Europe, explica que la Comisión “quiere que los agentes sociales utilicen las líneas presupuestarias existentes vinculadas a la financiación por proyectos para financiar el diálogo social. Esto impone una carga logística exagerada y crea mucha incertidumbre, sobre todo para las organizaciones pequeñas”. Los firmantes subrayan las contradicciones de la Comisión que por un lado sostiene que “el diálogo social nunca ha sido tan crucial” y, por otro, reduce su apoyo político y financiero.

Regular los algoritmos : La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha adoptado una resolución a favor de “una directiva europea sobre sistemas algorítmicos en el trabajo” que debería “definir unas normas europeas mínimas para el diseño y el uso de sistemas algorítmicos dentro del contexto laboral”. Para la CES, la legislación actual propuesta sobre IA “no es adecuada para regular su uso en el lugar de trabajo”. Se debe informar a los trabajadores y sus representantes “en un lenguaje claro y comprensible sobre las aplicaciones utilizadas”. Antes de implantar ningún sistema, la empresa debe llevar a cabo una “evaluación del impacto algorítmico de los cambios en las condiciones de trabajo, incluida una evaluación del impacto sobre los derechos fundamentales y la igualdad” con la plena participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores que, además, deben contar con asesoramiento externo (véase Algorithmic management).

• Trabajo nocturno : En la presentación de su informe anual para 2022, Inken Gallner, presidenta del Tribunal Federal de Trabajo (BAG), llamó la atención sobre el hecho de que en 2023 el Tribunal se pronunciará sobre un gran número de casos relativos a los complementos contractuales por trabajo nocturno regular previstos en muchos convenios colectivos. La cuestión radica en determinar si deben equipararse con el nivel superior de los pluses por trabajo nocturno irregular (véase el comunicado).

Discriminación : El Parlamento ha aprobado varias leyes que inciden en el empleo (véase la nota de prensa del Congreso de los Diputados). La ley que modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece que las situaciones patológicas que afecten a la salud durante la menstruación darán derecho a una incapacidad laboral que será concedida por el médico y que correrá a cargo de la Seguridad Social. Esta “baja menstrual” es una primicia dentro de la Unión Europea. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que pretende erradicar las “situaciones de discriminación”, contiene una medida propuesta por la central sindical UGT, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con planes elaborados en el marco del diálogo social que garanticen el respeto a la diversidad de orientación sexual e identidad y la expresión de género en el empleo (véase el comunicado de la UGT).

Informe sobre los ingresos de la élite : En un informe anual de la confederación sindical LO se pone de relieve que en 2019 la élite económica (50 directores generales de grandes empresas suecas) tuvo unos ingresos medios equivalentes a 60,2 salarios de trabajadores industriales. Esta cifra ha subido a 64,8 salarios en 2020 y a 69,3 en 2021. Como señala la confederación LO la “brecha es cada vez mayor”. Durante la crisis de Covid-19, los 50 CEOs aumentaron sus ingresos relativos en el equivalente a más de nueve salarios mensuales de trabajadores (véase el comunicado).

Reforma del mercado laboral : El Parlamento portugués ha aprobado la Agenda de Trabajo Decente, que entrará en vigor en abril. La Agenda contiene unas 70 medidas para luchar contra la precariedad, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, reforzar la igualdad de género y los servicios de inspección y promover el diálogo social. Entre las medidas destacan la ampliación del permiso por fallecimiento del cónyuge o de un hijo del cónyuge de cinco a veinte días consecutivos; la creación de un permiso de tres días en caso de duelo perinatal; ampliación del período de permiso parental exclusivo para los padres de 20 a 28 días; el derecho al teletrabajo para las personas con hijos discapacitados o que padezcan enfermedades crónicas u oncológicas; un subsidio para cubrir los gastos fijos de los teletrabajadores; la presunción de un contrato de trabajo para los trabajadores de plataformas que cumplan determinados criterios (véase el comunicado del gobierno). A pesar de estos avances, la CGTP-IN, principal confederación sindical portuguesa, muestra sus reticencias (véase el comunicado). La confederación considera que las medidas “no resuelven los problemas de precariedad, desregulación de la jornada laboral, ataque a la negociación colectiva, pisoteo de los derechos y libertades sindicales”.

Contratos de cero horas : El gobierno británico respalda una propuesta de ley que permitirá a los trabajadores con contratos de cero horas pedir a sus empresas modalidades de trabajo más predecibles (como exige una reciente directiva de la Unión Europea) con vistas a evitar que los trabajadores “pongan sus vidas en suspenso para estar disponibles para servicios que pueden muy bien no llegar a producirse nunca” (véase el comunicado). Estos contratos “no tienen cabida en la Gran Bretaña moderna y deberían prohibirse”, declaró Paul Nowak, secretario general del TUC. La confederación sindical señala que el número de personas empleadas con contratos de cero horas ha aumentado a más de 1,1 millones, la cifra más alta jamás registrada (véase el comunicado).

Primer comité de empresa europeo para un grupo indio : El grupo Wipro (250.000 trabajadores), con sede en Bangalore (India), suscribió un acuerdo de comité de empresa europeo el pasado 15 de septiembre de 2022 en virtud de la legislación irlandesa, tras la solicitud presentada por los representantes de los trabajadores en septiembre de 2019. El grupo señala que este comité es el resultado del “trabajo fructífero y constructivo con los comités de empresa a nivel local o nacional en Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia” (véase el comunicado de Wipro). El comité de empresa europeo estará compuesto por un máximo de 24 miembros, se reunirá por primera vez en marzo y a partir de entonces celebrará una reunión plenaria en el tercer trimestre de todos los años. En opinión de Deepak Parija, Vicepresidente senior y director gerente de recursos humanos de Wipro Europe, entrevistado por IR Notes, el propósito es “construir una relación de trabajo inclusiva y sostenible con los representantes de los trabajadores de todos los países, compartir y deliberar sobre temas de interés transnacional y que la voz de los trabajadores pueda ser escuchada. Creemos que el comité de empresa europeo aportará un valor añadido a nuestra organización porque podremos recabar la opinión de nuestros trabajadores a escala internacional sobre cuestiones transnacionales. El comité además abarca países en los que la representación formal de los empleados todavía no es algo común o no está establecida.

Grupos de trabajo : Tras la renegociación del acuerdo sobre el comité de empresa europeo del grupo Vinci (véase IR Notes 197), el comité celebró su primer pleno en febrero y eligió la mesa, compuesta por un representante de los seis países más importantes en función del número de trabajadores (Alemania, España, Francia, República Checa, Portugal y Reino Unido). Alexandra Charton (CFDT), reelegida secretaria, subrayó que “el reto más importante será crear grupos de trabajo específicos” junto al grupo de trabajo permanente sobre responsabilidad social corporativa. Charton añade que “disponemos de información de lo que ocurre en la empresa. Ahora esperamos participar en las políticas de la empresa con los grupos de trabajo”.