IR Notes

La tendencia a la baja de los accidentes laborales mortales en la UE ha cesado. Esto debería impulsar una revisión de las políticas de prevención pocos días después del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los sistemas de salud y seguridad en Europa difieren en cuanto al registro y notificación de accidentes laborales en general y de accidentes mortales en particular (véase Occupational accidents and diseases). Es difícil hacer comparativas por este motivo. Entre los recursos disponibles, Eurostat publica datos de la forma más normalizada posible sobre el número de accidentes mortales en el trabajo por país en términos absolutos y sobre el número de accidentes mortales en el trabajo por cada 100.000 trabajadores, para facilitar las comparaciones. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2020: el número de accidentes mortales en el trabajo en la UE fue de 3.358 en 2020, cifra ligeramente inferior a los 3.408 de 2019, pero ligeramente superior a la de los años 2016 a 2018. En cuanto al índice de frecuencia, la media de la Unión Europea, tras un descenso continuo, ha quedado estancado entre 1,74 y 1,79 desde 2017. Los países con más víctimas mortales relacionadas con el trabajo son Italia (776), Francia (541), España (392), Alemania (371) y Polonia (190). Estas cifras no son más que un reflejo parcial de la realidad y dependen del peso de los sectores económicos más propensos a los accidentes, de los fenómenos de infranotificación de accidentes y de los diferentes métodos de cálculo como, por ejemplo, la exclusión de determinadas muertes (suicidio, enfermedad, agresión en el lugar de trabajo o accidentes de trayecto). Si se tiene en cuenta el número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, la clasificación es muy diferente: mientras que la media de la UE es de 1,77, las peores puntuaciones corresponden a Chipre (4,45), Bulgaria (3,68), Italia (3,39), Rumanía (3,31) y Lituania (3,17). Una de las lecciones que se extraen de las cifras de 2020 es que el número de accidentes laborales descendió en todos los países debido al impacto de la crisis de Covid-19, excepción hecha de Dinamarca. Pero las primeras cifras nacionales para 2022 no dan una señal alentadora, sobre todo porque tras dos años de confinamiento y teletrabajo, los accidentes mortales de trayecto han empezado a aumentar de nuevo. En Finlandia, uno de los países con mejor índice de frecuencia (0,95), 24 trabajadores murieron en accidentes laborales mortales en 2022, el doble que en 2021 (véase el comunicado). En Italia, el INAIL ha comunicado un aumento del 25,7% de los accidentes laborales entre 2021 y 2022, con 1.089 accidentes mortales, lo que supone un nivel extremadamente alto si bien la cifra es inferior a la de 2021 (1.221) y 2020 (1.270) (véase el comunicado). En España, los accidentes laborales mortales aumentaron un 17,2% en 2022, es decir, 826 muertes (121 más que en 2021), según un análisis de la central sindical CC.OO. Dinamarca registró entre 43 y 45 muertes relacionadas con el trabajo, también en aumento (véase el comunicado). En todos estos países, los sindicatos se movilizan y piden a sus gobiernos, a veces junto con las empresas, como es el caso en Dinamarca (véase el comunicado de FH), que tomen las riendas de este asunto. La Unión Europea está aún muy lejos del objetivo de cero muertes en el trabajo (véase Strategic Framework on Health and Safety at Work).
> Véase también: Eurogip, Estudio sobre el fenómeno de la infranotificación de los accidentes laborales en Europa, 2017 (en francés).

Deber de vigilancia : El pasado 25 de abril y con una amplia mayoría, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó el informe sobre la propuesta de directiva relativa al deber de vigilancia que la Comisión Europea presentó en febrero de 2022 (véase IR Notes 181 y Due diligence). El texto se someterá a votación en el pleno del Parlamento del 1 de junio, antes de iniciar las negociaciones con el Consejo, que aprobó su posición el 1 de diciembre de 2022 (véase el comunicado). Su aprobación definitiva es una prioridad para la Presidencia Española de la Unión Europea, que comienza el 1 de julio. Los eurodiputados son más ambiciosos que la Comisión (véase el comunicado). Así, el deber de vigilancia afectaría a todas las empresas con más de 250 trabajadores y un volumen de negocios mínimo de 40 millones de euros, independientemente del sector de actividad (en lugar de a las empresas con más de 500 empleados y un volumen de negocios mínimo de 150 millones). Las multinacionales de terceros países estarán cubiertas si tienen más de 500 trabajadores y un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros, de los cuales 40 millones deberán haberse generado en la UE. Los eurodiputados han incluido en el ámbito de aplicación a las empresas que prestan servicios financieros. Las empresas estarán obligadas tanto a adoptar como a aplicar un plan de transición compatible con un límite de calentamiento global de 1,5 grados centígrados. Igualmente, las empresas tendrán que demostrar su sintonía con este objetivo y comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a corto, medio y largo plazo. Este plan deberá elaborarse con las partes interesadas pertinentes. Los comités de empresa europeos podrían muy bien desempeñar un papel a este respecto y algunos de ellos ya han incluido el seguimiento del deber de vigilancia dentro de sus competencias (por ejemplo, SNCF, Eiffage). Además, los directivos de empresas con más de 1.000 trabajadores serán directamente responsables de esta medida, que afectará a las partes variables de su remuneración. Los eurodiputados piden multas que ascenderían hasta el 5% del volumen de negocios neto global por incumplimiento de las normas y que las empresas de terceros países que no las cumplan sean excluidas de la contratación pública. Las propuestas de los eurodiputados han sido bien acogidas por los sindicatos: la Confederación Europea de Sindicatos se alegra del refuerzo del papel de los sindicatos en la defensa de las víctimas (véase el comunicado). Por su parte, las organizaciones patronales se han mostrado muy reacias. Para Delphine Rudelli, Directora del Ceemet, este texto “no es una legislación viable porque impone exigencias poco razonables a las empresas” (véase el comunicado). Pero para las ONG, el texto no es suficientemente ambicioso, sobre todo porque las empresas pueden dar prioridad al tratamiento de los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos (véase el comunicado de las ONG francesas) y esto “podría permitir a las empresas posponer la prevención o el cese de ciertos abusos simplemente porque han dado prioridad a abusos más graves o más probables”, como explicó en Reporterre Brice Laniyan, abogado de la asociación Notre Affaire à Tous. Teniendo en cuenta la diversidad de posturas, la labor de los grupos de presión será por tanto muy intensa, como lo serán también las futuras discusiones entre el Parlamento y el Consejo, teniendo en cuenta lo alejadas que están las posturas de cada uno de los organismos.

Protección contra el amianto : La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de informe sobre la revisión de la Directiva 2009/148 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (véase el comunicado del Parlamento). La presentación del proyecto de informe corrió a cargo de la Comisión Europea el 28 de septiembre de 2022 (véanse IR Notes 193 y la propuesta de directiva). El texto insta a las empresas a reducir la exposición a las fibras de amianto al nivel más bajo posible y por debajo de un valor límite de exposición profesional (VLEP) de 0,001 fibras/cm³ de media durante ocho horas, al tiempo que pretende introducir el uso de la microscopía electrónica para detectar con eficacia las fibras más finas y cancerígenas. Antes de alcanzar este umbral, se ha previsto un período transitorio de cuatro años. Durante este período, el valor límite se reduciría de 0,1 fibras/cm³, la norma actual, a 0,01 fibras/cm³, según lo previsto por la Comisión. Durante este tiempo, los Estados podrían seguir utilizando el método de detección actual del microscopio de contraste de fases, que es menos eficaz. El texto tiene en cuenta la exposición pasiva y secundaria al amianto y establece una lista de medios para evitarla. El texto además complementa en gran medida la obligación de notificación y exige a las empresas que especifiquen en las obras de retirada del amianto las zonas en las que se llevarán a cabo los trabajos, la lista de trabajadores asignados con indicación de su certificación para realizar dichos trabajos y la formación que han recibido a tal efecto, así como las medidas adoptadas para reducir la exposición, como son el uso de equipos de protección personal y respiratoria, la limpieza segura de la ropa y un procedimiento obligatorio de descontaminación. La previsión es que el texto, junto con el mandato para entablar negociaciones con el Consejo, se aprobará en el Pleno del 8 de mayo, con lo que se iniciarán los debates con el Consejo con vistas a la adopción final de la directiva revisada este año. La Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) instan a los Estados a adoptar la directiva propuesta de acuerdo con el “enfoque más ambicioso e integral” del Parlamento y a optar por el nuevo valor límite medido con microscopios electrónicos “sin período transitorio” (véase el comunicado).

Medicamentos peligrosos : El pasado 28 de abril la Comisión Europea publicó una guía no vinculante con consejos prácticos para reducir la exposición de los trabajadores a los medicamentos peligrosos en todas las fases del ciclo de vida: producción, transporte y almacenamiento, preparación, administración a pacientes humanos y animales, y gestión de residuos (véase el comunicado). La Federación Sindical Europea FSESP acogió con satisfacción la publicación de esta guía (véase el comunicado).

Moda rápida : La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha adoptado sus recomendaciones sobre medidas para garantizar que los productos textiles vendidos en la UE sean más sostenibles, más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar y que estén fabricados en su mayor parte con fibras recicladas y libres de sustancias peligrosas. Además, los textiles deben producirse respetando los derechos humanos, sociales y laborales, el medio ambiente y el bienestar de los animales en toda la cadena de suministro (véase el comunicado). El informe, votado por unanimidad, deberá aprobarse en el pleno antes del verano.

• Salario mínimo : El gobierno sueco ha anunciado que apoyará el recurso de anulación presentado por Dinamarca contra la directiva sobre salario mínimo. “Es importante examinar si la Unión Europea tiene potestad para legislar sobre el salario mínimo mediante esta directiva”, afirma Paulina Brandberg, Ministra de Igualdad de Género y Viceministra de Trabajo (véase el comunicado).

• Gas : Los agentes sociales europeos del sector del gas anunciaron el 28 de abril el inicio de la negociación colectiva con vistas a alcanzar un acuerdo marco sectorial sobre la transición justa para garantizar el empleo y mejorar la cualificación de la mano de obra (véase el comunicado de IndustriAll Europe).

Contabilización del tiempo de trabajo : El pasado 18 de abril, el Ministerio Federal de Trabajo presentó un proyecto de ley sobre el registro del tiempo de trabajo para adaptar la legislación alemana a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase TJUE, 14 de mayo 2019, aff. C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras /Deutsche bank y IR Notes 120) y a su reciente aplicación por el Tribunal Federal de Trabajo (véase Decisión y IR Notes 192). El texto, que aún no es público, obliga a las empresas a registrar sistemáticamente el tiempo de trabajo por vía electrónica, pero permite exenciones para determinadas categorías de trabajadores a través de convenios colectivos (véase el comunicado de prensa de la Bundesrechtsanwaltskammer).

Padres de gemelos : El proyecto de Ley de Finanzas 2023, aprobado por el gobierno con el apoyo de la mayoría de los partidos, prevé 26 semanas adicionales de permiso con prestaciones de maternidad para los padres de gemelos. Los detalles de su aplicación se debatirán más adelante. El Parlamento debería aprobar la ley a mediados de mayo.

• Transposición: La Ministra de Empleo danesa, Ane Halsboe-Jørgensen, ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento (véase la ficha informativa) para transponer la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles en la Unión Europea. La aplicación de la Directiva se basa en un Memorando de Entendimiento suscrito el 30 de junio de 2022 entre los agentes sociales Confederación de Sindicatos Daneses (FH) y la Confederación de Empresarios Daneses (DA). Los derechos sustantivos de la futura ley no se aplicarán si la relación laboral está cubierta por un convenio colectivo nacional suscrito por los agentes sociales más representativos y que proporcione una protección global equivalente a los trabajadores afectados. Está previsto que la ley entre en vigor el uno de julio de 2023 (véase el comunicado).

Transición ecológica y diálogo social : Los agentes sociales han concluido las negociaciones relativas a un acuerdo nacional interprofesional sobre el tema de la transición ecológica y el diálogo social. Se trata de un texto no vinculante que proporciona ejemplos y buenas prácticas para aplicar el marco jurídico sobre la transición ecológica. El acuerdo consta de cinco capítulos: 1) Identificación de palancas del cambio en el marco de un diálogo social informado sobre la transición ecológica; 2) Permitir que el diálogo social trate las cuestiones medioambientales a nivel de empresa; 3) Integración de las cuestiones medioambientales en la negociación colectiva; 4) Tratamiento de las cuestiones medioambientales en el diálogo social territorial y sectorial; 5) Tratamiento de las cuestiones relativas al empleo y las competencias en la aplicación de la transición ecológica. ¿Cuáles son las prácticas propuestas adecuadas? La inclusión de un punto regular sobre política medioambiental en el orden del día del comité de empresa (CSE) en empresas con más de 50 trabajadores y la creación de comités adicionales dentro del comité de empresa dedicados a cuestiones medioambientales con su propio presupuesto. ¿Cuáles son los ejemplos concretos? El texto propone “cláusulas verdes” para atenuar las consecuencias de los cambios medioambientales y climáticos, previendo adaptaciones de la organización y las condiciones de trabajo o insertando criterios medioambientales en los acuerdos de reparto de beneficios.
> Nota: El Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) ha aprobado por unanimidad un dictamen sobre el impacto del cambio climático en el empleo y la salud en el trabajo con 17 recomendaciones concretas, que constituyen un verdadero plan de acción para adaptar el trabajo al calentamiento global y mitigar el impacto de las actividades humanas en el clima (véase el comunicado).

Restricciones al uso del trabajo temporal : Desde el 1 de abril una ley restringe severamente el uso del trabajo temporal para dar prioridad al empleo fijo y combatir el dumping social (véanse los comunicados de prensa del gobierno y de la confederación sindical LO). El recurso a trabajadores temporales queda limitado para casos concretos, como la sustitución por bajas de maternidad o enfermedad o en casos de sobrecarga temporal y únicamente cuando exista el acuerdo de los representantes de los trabajadores en las empresas que hayan celebrado un convenio colectivo con un sindicato representativo a nivel nacional. En el sector sanitario se seguirá pudiendo contratar trabajadores temporales sin el acuerdo de un sindicato representativo para sustituciones. La ley prohíbe el uso de trabajadores temporales en las obras de Oslo, Viken y anteriormente Vestfold. En contra del plan original, las empresas de consultoría, tal y como había solicitado el sindicato Samfunnsviterne, podrán seguir enviando empleados a trabajar para clientes. Además, la ley prevé que los trabajadores temporales pasarán automáticamente a tener un contrato indefinido después de tres años con la misma empresa. “Todavía no se conoce el efecto de la nueva ley”, explica Gunn Elisabeth Myhren, secretaria general del sindicato Samfunnsviterne. Se teme que los trabajadores temporales ya empleados con un contrato indefinido en una empresa de trabajo temporal acaben ahora en el paro y, si no son recontratados por la empresa usuaria, que se encuentren posteriormente en una situación precaria.