IR Notes

Los interlocutores sociales europeos han presentado sus propuestas a la Comisión Europea en el marco de la primera fase de consulta sobre «una posible revisión de la Directiva sobre los CE europeos» (véase IR Notes 206). Sus posiciones son diametralmente opuestas, especialmente en los siguientes puntos: 1/ La oportunidad de revisar la directiva: en su respuesta, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) acoge favorablemente la intención de la Comisión de “remediar las deficiencias” de la Directiva, mientras que, por otra parte, en su posición, BusinessEurope no ve deficiencias, y cita el escaso número de litigios en los que están implicados los CE europeos: «no es porque los CE europeos no tengan medios para acudir a los tribunales, es porque la mayoría de los CE europeos funcionan satisfactoriamente». Ahora bien, para la CES, «el bajo nivel de litigiosidad se debe a los numerosos obstáculos que se interponen en el camino de las CE europeas». 2/ El instrumento a privilegiar: mientras que la CES apoya el objetivo de presentar una «iniciativa jurídicamente vinculante», es decir, una directiva, BusinessEurope no ve el sentido. La patronal se remite al informe de evaluación de la Comisión, publicado en 2018, en el que se mostraba favorable a elaborar una guía práctica para ayudar a los interlocutores sociales a hacer que los CE europeos funcionen correctamente, y a financiar campañas de información para fomentar la introducción de CE europeos en las multinacionales que no los tienen. 3/ El destino de los acuerdos de anticipación: la CES señala que «han pasado más de 25 años y ya no hay justificación para eximir los acuerdos voluntarios (también conocidos como acuerdos “pre-directiva” o “artículo 13”) ya en vigor. Solicita que estos acuerdos se incluyan en el ámbito de aplicación» de la futura directiva. Pero para BusinessEurope, en caso de revisión, la futura directiva «debería crear un refugio seguro para los acuerdos europeos CE preexistentes, garantizando que puedan quedar fuera de su ámbito de aplicación en el futuro». 4/ Sanciones y acceso a la justicia: BusinessEurope considera que el Tratado no permite a la UE dar instrucciones a los Estados miembros sobre el nivel preciso de las sanciones que deben aplicarse. Las multas previstas en el Reglamento RGPD (multas de hasta el 2 % del volumen de negocios anual), «no tienen ningún papel positivo que desempeñar en las relaciones laborales y dañarían gravemente la cooperación y la confianza entre los interlocutores sociales a nivel de empresa (…)». La CES, que está a favor de este nivel de sanción financiera, añade también una exigencia: la directiva debe prever el acceso a «una estructura administrativa o judicial que permita tomar decisiones rápidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en pocas horas» cuando un comité de empresa europeo considere que se ha vulnerado su derecho a la información y a la consulta, con el fin de solicitar la suspensión temporal de una decisión del empresario. Este mecanismo también podría utilizarse para levantar la confidencialidad impuesta por el empresario sobre determinada información.
Estas diferencias de opinión, que condenan a priori cualquier posibilidad de entablar negociaciones para revisar la directiva mediante un acuerdo europeo, se explican por una concepción radicalmente distinta del comité de empresa europeo. Por un lado, BusinessEurope utiliza el comité de empresa europeo como una «herramienta útil en las grandes empresas para mejorar la comprensión común de las cuestiones de empleo», sin mencionar ni una sola vez el derecho a la información y la consulta que constituye el núcleo de la directiva. Sin embargo, la CES defiende este derecho, e incluso reprende a la Comisión por no mencionar en su documento de consulta el artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que estipula que «debe garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta oportunas». En respuesta a los intentos de la Comisión de conciliar la revisión de la directiva con las normas de «legislar mejor» (Better regulation), la CES advierte de que «una cuestión de derechos fundamentales nunca debe considerarse en términos puramente económicos, ya que ello pondría en peligro los derechos fundamentales y, en última instancia, la propia democracia en el trabajo.» Y es porque hablamos de un derecho fundamental por lo que la CES legitima la equiparación de las sanciones con las del reglamento RGPD o la posibilidad de suspender una decisión. Como explicó el eurodiputado Dennis Radtke a los miembros del Comité de Empresa Europeo de Suez el pasado 23 de mayo, en los países donde las sanciones son disuasorias, las empresas cumplen las normas y no hay conflictos, porque la dirección se toma en serio el derecho a la información-consulta.

Foro Social de Oporto : dos años después de la Cumbre Social Europea de Oporto, en la que se adoptó la «Declaración de Oporto» y el plan de aplicación del Sistema Europeo de Derechos Sociales presentado por la Comisión Europea (véase IR Notes n° 159), los días 26 y 27 de mayo, el Gobierno portugués puso en marcha un evento bienal, el Foro Social de Oporto, con el apoyo de la Comisión, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil. El objetivo era reafirmar el papel de la Europa social y dar continuidad a los compromisos adquiridos en la Cumbre de Oporto. Los principales líderes políticos presentes en el foro aprobaron una carta abierta. La ministra portuguesa de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Mendes Godinho, insistió en el objetivo de luchar contra la pobreza mediante el aumento de los salarios y la inversión social del Estado, «para llegar a los más vulnerables». El verdadero reto del foro es consolidar el grupo de países progresistas que pretenden seguir fortaleciendo la Europa social, especialmente bajo las dos próximas presidencias de la UE, la de España el 1 de julio y la de Bélgica en el primer semestre de 2024.

Salud y seguridad en el trabajo : la Cumbre sobre Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), celebrada en Estocolmo los días 15 y 16 de mayo, brindó la oportunidad de hacer balance de la aplicación de la Estrategia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo adoptada en 2021 centrándose en cuatro temas: Salud mental en el trabajo; estrategias nacionales de SST (con vistas a animar a los Estados miembros a reforzarlas); el objetivo «Visión Cero» para los accidentes laborales; cambio climático, olas de calor y SST (véase el comunicado de prensa). En sus conclusiones, los participantes confirman «una vez más que la Directiva marco 89/391/CEE, con su enfoque preventivo, es una norma de oro para la protección de los trabajadores. Abarca todos los riesgos para su seguridad y su salud, incluidos los derivados de los problemas de SST señalados anteriormente».

Inteligencia artificial y algoritmos : durante su intervención del pasado 25 de mayo en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que estaba «estudiando detenidamente la posibilidad de regular el uso de la inteligencia artificial en el mundo laboral», garantizando que los humanos sigan siendo los que lleven las riendas y que un algoritmo no pueda tomar una decisión como la de despedir a un trabajador. Para ello, la Comisión ha encargado un estudio exploratorio a la consultora Visionary Analytics.

Congreso de la CES : el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) confirmó a la sindicalista irlandesa Esther Lynch, como Secretaria General, y renovó parte de la secretaría, como es habitual con el mantenimiento de Isabelle Schömann, que dirigió los trabajos sobre la democracia en el lugar de trabajo, y de Claes-Mikael Stahl, como Secretarios Generales Adjuntos, así como de Ludovic Voet, como Secretario Confederal. Las nuevas figuras son la eslovena Tea Jarc y el italiano Giulio Romani. El «equipo electo más joven de la historia de la CES», como señaló Esther Lynch, es responsable de aplicar el plan de acción y el manifiesto aprobados durante cuatro días de debate en Berlín por 1.000 sindicalistas que representan a más de 45 millones de trabajadores. Las prioridades del mandato, que se extiende hasta el próximo congreso de 2027, son las siguientes: 1/ Conseguir la prohibición de financiación pública a las empresas que se nieguen a reconocer a los sindicatos o a negociar colectivamente. 2/ Adoptar una normativa sobre inteligencia artificial en el lugar de trabajo basada en el principio de «poner a las personas al volante». 3/ Prevenir la vuelta a la austeridad y promover nuevas normas económicas de la UE que den prioridad a las personas y al planeta. 4/ Aplicar rápidamente la directiva sobre igualdad salarial. 5/ Garantizar que ningún trabajador se quede atrás en la transición hacia una economía verde y digital. 6/ Aumentar el número de sindicalistas como baluarte contra el ascenso de la extrema derecha. La presidencia de la CES recaerá en Wolfgang Katzian, presidente de la confederación sindical austriaca ÖGB desde 2018. Sustituye a Laurent Berger que dejará el cargo de secretario general de la CFDT en el próximo mes de julio (véase el comunicado de prensa).

> Para saber más: el Plan de Acción de la CES, el Manifiesto de Berlín y la Carta (en cuanto estén disponibles).

Violencia y acoso en el lugar de trabajo : la nueva normativa, que entró en vigor el 1 de junio, refuerza la protección contra las represalias patronales en casos de discriminación y violencia, acoso moral o sexual en el trabajo. Los textos (una ley del 7 de abril y un Real Decreto del 1 de mayo, se publicaron el 15 de mayo (véase comunicado de prensa). Esta ley de «represalias» es consecuencia de la sentencia Hakelbracht dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2019 (véase IR Notes 123) en el que el gerente de una tienda había sido despedido por ayudar a una solicitante a presentar una denuncia por discriminación contra la dirección, que se había negado a contratarla únicamente por su embarazo. El Tribunal de Justicia dictaminó que la encargada debía haber sido protegida contra las represalias. Para Michel Pasteel, director del Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres, «las estrictas condiciones establecidas por la ley belga minaron la eficacia de la protección. Los trabajadores corrían el riesgo de verse disuadidos de apoyar a la persona discriminada por miedo a represalias» (véase el comunicado de prensa).

Austeridad y reforma del sistema de pensiones : el pasado 11 de mayo, el gobierno presentó un paquete de reformas destinadas a consolidar las finanzas públicas mediante medidas fiscales y un aumento de las cotizaciones al seguro de enfermedad. Entre las medidas más importantes, el gobierno presentó una reforma de las pensiones, que incluye principalmente: la introducción de un mecanismo automático para aumentar gradualmente la edad de jubilación; mayores incentivos para trabajar durante la jubilación; un menor aumento de las nuevas pensiones; la definición de profesiones exigentes para las que será posible jubilarse antes… El texto, apoyado por los cinco partidos de la coalición gubernamental, debería ser adoptado por el Parlamento.

Diálogo social : continuando con su reforma del diálogo social (véase IR Notes 205), el gobierno presentó el 24 de mayo nuevas enmiendas a la ley sobre el diálogo social y al Código del Trabajo. En particular, precisan los diferentes niveles de organización sindical (sindicato territorial, sindicato, federación sindical y confederación sindical) y confían al Consejo Nacional Tripartito para el Diálogo Social la tarea de definir los sectores de la economía en los que los interlocutores sociales pueden entablar el diálogo social, en lugar de confiar esta tarea a una decisión gubernamental. La elección de los sectores es validada a continuación por el ministro responsable del diálogo social (véase el comunicado de prensa).

Protección de padres y cuidadores : tres nuevas leyes amplían los derechos de los padres y cuidadores: 1/ La Neonatal Care (Leave and Pay) Act [Ley de cuidados neonatales (permiso y remuneración)], que proporciona hasta 12 semanas de permiso retribuido para cuidados neonatales a los padres empleados cuyos hijos sean ingresados para cuidados neonatales. 2/ La Protection from Redundancy (Pregnancy and Family Leave) Act [Ley de protección contra el despido (embarazo y baja familiar)] que introduce la protección contra el despido para las mujeres embarazadas y los nuevos padres, con la ampliación de las protecciones existentes contra el despido para cubrir el embarazo y un periodo posterior a la reincorporación de los padres al trabajo. 3/ La Carer’s Leave Act [Ley de Permiso para Cuidadores] que introduce un nuevo derecho para los cuidadores no remunerados a una semana de permiso flexible no remunerado al año, para los empleados que cuidan de una persona dependiente que necesita cuidados de larga duración (véase el comunicado de prensa).

Adquisición de un grupo con un comité de SE : Adecco Group, que adquirió la consultora de ingeniería y tecnología Akka en 2021, rebautizada como Akkodis, firmó el pasado 10 de febrero una modificación con su CE europeo para preparar la integración de Akkodis en el perímetro del CE europeo del Grupo Adecco. El acuerdo prevé la creación de un grupo de trabajo compuesto por la dirección del Grupo Adecco, los cinco miembros del comité restringido de su CE europeo y los tres miembros de la mesa del comité de empresa de Akkodis SE. Su tarea consiste en proponer enmiendas al actual acuerdo del CE europeo del Grupo Adecco para finales de 2023. La revisión abarcará una serie de temas definidos en la cláusula adicional, como el número de reuniones del comité, el presupuesto del que disponen los miembros para llevar a cabo sus actividades, la confidencialidad, la resolución de conflictos, etc. El texto estipula además que la dirección está obligada a informar (ya no a consultar) a los representantes de los trabajadores sobre cuestiones transnacionales relativas a la plantilla de «Akkodis» hasta el 31 de diciembre o la fecha en que se revise el acuerdo. En cuanto se complete la fusión, el comité de «Akkodis SE» se disolverá y los tres miembros de la citada mesa pasarán automáticamente a formar parte del CE europeo del grupo Adecco.