IR Notes

El pasado 27 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre una nueva directiva destinada a reforzar la protección de los trabajadores contra los riesgos asociados a la exposición al amianto (véase el comunicado). Ambas instituciones están revisando el texto resultante del compromiso con vistas a su adopción formal. La directiva se publicará más adelante y los Estados miembros dispondrán de dos años para transponerla (véase el comunicado). La Comisión Europea presentó la propuesta de directiva el 28 de septiembre de 2022, a la que acompañó una comunicación titulada “Trabajar en favor de un futuro sin amianto” (véase IR Notes 193 y Asbestos). Las nuevas normas reducirán inicialmente el límite máximo de exposición a 0,01 fibras de amianto por cm³, es decir, diez veces menos que el límite actual de 0,1 fibras por cm3. La petición del Parlamento era que el límite se redujera a 0,001 fibras de amianto por cm³ (véase IR Notes 172), pero no tuvo éxito. Sin embargo, los eurodiputados obtuvieron algunas concesiones. El texto fija un período transitorio máximo de seis años, durante el cual los Estados miembros deberán aplicar un nuevo método de medición de los niveles de amianto, a saber, la microscopía electrónica, que es un método más sensible que la técnica utilizada actualmente. De este modo, una vez introducida esta técnica, los Estados miembros tendrán dos opciones: pueden comprometerse a medir las fibras finas de amianto mediante microscopía electrónica, en cuyo caso el límite máximo de exposición seguirá siendo de 0,01 f/cm³, o pueden optar por no aplicarla, en cuyo caso el límite máximo de exposición se reducirá a 0,002 f/cm³. Los sindicatos han reaccionado positivamente a este compromiso, que protegerá a entre 4 y 7 millones de trabajadores de la Unión Europea contra esta sustancia, que causa la muerte de 90.000 personas al año, como señala la Confederación Europea de Sindicatos (CES) (véase el comunicado). La aprobación de este texto era tanto más urgente en tanto que el número de trabajadores expuestos al amianto aumentará considerablemente en los próximos años debido al incremento de los proyectos de renovación térmica previstos en el marco del “Green Deal” europeo. Teniendo en cuenta el período de transición, la CES lamenta que las nuevas normas lleguen demasiado tarde para proteger a los trabajadores que participan en la renovación de edificios. El compromiso responde parcialmente a las reivindicaciones de las organizaciones patronales afectadas, que pedían un período transitorio de siete años (véase el comunicado de la FIEC y de la EBC). Nada impide a los Estados miembros mejorar la protección y avanzar con mayor rapidez. Por ejemplo, Dinamarca ya ha fijado el valor límite en 0,003 f/cm3 y se ha anticipado a otras obligaciones de la directiva: a partir del 1 de julio, la autoridad responsable del entorno laboral podrá imponer multas de 10.000 coronas (1.342 euros) a las empresas que no declaren sus trabajos relacionados con el amianto (véase el comunicado), y a partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor un régimen de licencias para las empresas que manipulen esta sustancia (véase el comunicado de la confederación FH).

Economía social y solidaria : El pasado 13 de junio, la Comisión Europea presentó una propuesta de recomendación del Consejo sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social que reconoce por primera vez el valor añadido de un sector que “antepone las personas y las causas sociales y medioambientales al beneficio” (véase el comunicado). Cuando el Consejo haya adoptado la propuesta (una de las prioridades de la Presidencia española de la UE), se invitará a los Estados miembros a adoptar o actualizar sus estrategias de economía social en un plazo de 18 meses. Esto incluirá el fomento de la adopción de soluciones socialmente responsables e innovadoras en la contratación pública.

Nuevo comité de diálogo social sectorial : El pasado 10 de julio la Comisión Europea anunció oficialmente la creación del 44º comité de diálogo social sectorial para el sector de los servicios sociales Se trata del primer comité que se crea desde 2010 (véase el comunicado) y es la culminación de un largo proceso de diálogo social europeo establecido durante los últimos diez años por los agentes sociales del sector (FESE y FSESP) (véase el comunicado). Los agentes solicitaron formalmente su creación el 26 de abril de 2021 (véase IR Notes n° 163). Un informe elaborado por IR Share para los agentes sociales destaca que el sector empleaba al 4,7% del total de la mano de obra de la UE en 2018. Este nuevo comité se enfocará sobre todo en la escasez de mano de obra, la formación y las condiciones de trabajo. Para Sylvain Renouvel, director de FESE y director adjunto de Nexem para asuntos europeos, la principal ventaja del comité es que ahora se podrá prever la negociación de acuerdos europeos en este sector.

Negociación verde : El sindicato metalúrgico IG Metal tiene una larga tradición de negociación de convenios de empresa destinados a mantener los puestos de trabajo y los centros industriales en Alemania, con el compromiso de la empresa de no recurrir a despidos masivos durante un período determinado. Este es el caso de Bosch Mobility, la división de automoción del grupo Bosch, donde la dirección y el sindicato han firmado un nuevo convenio colectivo que descarta todos los despidos hasta finales de 2027, protegiendo así a 80.000 trabajadores. Según IG Metal, el aspecto innovador del acuerdo es que los comités de empresa “participan ahora en una fase temprana de la planificación estratégica y económica”, como la implementación de futuros productos, explica Frank Sell, presidente del comité de empresa central de la división Mobility (véase el comunicado).

• Empleo y discapacidad : El Ministerio de Trabajo y varias partes interesadas han presentado el “Libro Blanco de Empleo y Discapacidad” con vistas a preparar un cambio en el marco legislativo y las políticas públicas sobre empleo y derecho al trabajo de las personas con discapacidad (véase el comunicado).

Protección de las trabajadoras que sufran un aborto espontáneo : La ley n° 2023-567 de 7 de julio de 2023 destinada a favorecer el acompañamiento psicológico de las mujeres que hayan sufrido un aborto espontáneo suprime el “período de espera” de tres días durante el cual una trabajadora de baja por enfermedad no recibe indemnizaciones de la Seguridad Social en el caso de las trabajadoras que sufran una interrupción espontánea del embarazo. Esta medida entrará en vigor como máximo el 1 de enero de 2024. Además, desde el 9 de julio, las empresas “no podrán rescindir el contrato de trabajo de una trabajadora durante las diez semanas siguientes a una interrupción espontánea del embarazo certificada médicamente entre la semana 14 y la 21 de amenorrea, ambas inclusive”.

• Enmiendas a la legislación social: : La ley n° 85 de 3 de julio incorpora el decreto-ley n° 48 de 2023, sobre “medidas urgentes para la inclusión social y el acceso al empleo” a la legislación social (véase IR Notes 211 y el comunicado de prensa). El CGIL ha publicado un análisis sobre esta nueva legislación.

Revisión del acuerdo : El grupo energético Engie ha revisado su acuerdo sobre el comité de empresa europeo tras la venta de su filial Equans al grupo Bouygues (véase IR Notes 185). El nuevo acuerdo mantiene la mayoría de los recursos del comité de empresa europeo aunque 74.000 trabajadores han quedado fuera de su ámbito de aplicación. El número de miembros ha pasado de 27 a 31 como consecuencia de las nuevas normas sobre umbrales de plantilla, proporcionando un mayor equilibrio entre los representantes franceses y los de otros países europeos. El acuerdo mantiene dos de los cuatro grupos de trabajo permanentes (información social / deber de vigilancia y salud y seguridad en el trabajo) además de la posibilidad de crear “grupos de trabajo de estudio” sobre temas específicos, al tiempo que reduce el número de participantes a diez. Hay previstas un total de seis reuniones, que se repartirán entre los grupos de trabajo permanentes y los grupos de estudio. Habrá también 12 horas de intercambios a distancia, asignadas a todos los grupos de trabajo y utilizables en bloques de 2 horas, “esto permite mantener el vínculo y la dinámica entre las reuniones físicas de los grupos de trabajo”, subraya Robert Textoris (CGT), secretario del órgano. Otra novedad es que a partir de ahora se consultará al comité sobre la política de responsabilidad social y medioambiental, incluidas la “trayectoria climática” y la “transición energética”. El procedimiento de información y consulta se basa en los términos de la directiva 2009/38 (a la que no está sujeto el acuerdo). La duración del procedimiento de consulta no se ha fijado y es una cuestión que se discutirá entre la dirección y la secretaría “teniendo en cuenta la importancia del expediente, el tiempo necesario y razonable para permitir el intercambio y el diálogo sobre el expediente y la fecha de aplicación prevista”.

Transición justa : Los comités de empresa europeos abordan cada vez más la cuestión de la descarbonización y la transición justa. El pasado 14 de junio, el comité de empresa europeo de Engie decidió lanzar un estudio para identificar el potencial impacto sobre el empleo de todos los cambios vinculados a la estrategia del grupo de descarbonización de sus actividades, teniendo en cuenta el objetivo del grupo de cero emisiones netas de CO2 en 2045 con “fuertes objetivos intermedios”, así como las políticas adoptadas en cada Estado miembro para cumplir con el presupuesto de CO2 que les ha sido asignado (véase el comunicado). El papel de “los representantes de los trabajadores en el comité debe ser determinante para anticipar las repercusiones sociales y no verse sometido a una estrategia de descarbonización de las actividades del grupo en los distintos Estados miembros”, tal como señala el comité.

Nuevo comité : El grupo de servicios informáticos Sopra Steria (50.000 trabajadores, 12.500 de ellos en Europa) ha firmado un acuerdo de comité de empresa que se dio a conocer el pasado 26 de junio. El comité recibirá consultas sobre proyectos transnacionales que afecten a todo el grupo o que estén vinculados a una decisión de la sede central que repercuta en dos empresas de dos países diferentes y que afecten “considerablemente” a los trabajadores, es decir, el 50% de la plantilla afectada deberá correr riesgo de rescisión de su contrato de trabajo. El comité de empresa europeo deberá pronunciarse sobre los proyectos de este tipo en el plazo de un mes a partir de la recepción de la información de la dirección, o de dos meses si se recurre a un experto. El comité se reunirá dos veces al año en sesión plenaria y una a distancia.

> Véase también: Publicación en Internet del acuerdo de renovación del comité de empresa europeo de Bausch&Lomb y de los acuerdos del comité de sociedad europea de TeamViewer y de JOSTE Werke.

Proyecto de fusión y deber de vigilancia : 21 delegados de 14 países asistieron a la primera reunión del comité de empresa europeo y del comité mundial de empleados (CEE/CME) del grupo Daimler Truck (véase IR Notes 198) para intercambiar puntos de vista con varios miembros del Consejo de Administración (véase el comunicado). Los debates se centraron en particular en una posible fusión entre Mitsubishi Fuso y su competidor japonés Hino, así como en los derechos humanos y sindicales en la cadena de suministro, en consonancia con la declaración de principios sobre responsabilidad social y derechos humanos que se aprobó en 2022.

Acompañamiento de la transición ecológica : El pasado mes de marzo, el grupo TotalEnergies anunció la venta de su red de estaciones de servicio en Alemania y los Países Bajos al líder canadiense de tiendas de conveniencia Alimentation Couche-Tard (120.000 trabajadores), que también se hará con el control del 60% de las estaciones de servicio de Bélgica y Luxemburgo (véase el comunicado de prensa). Más de 3.000 trabajadores de TotalEnergies se verán afectados por esta operación. Thierry Defresne (CGT), secretario del comité de empresa europeo de TotalEnergies, señala que “este anuncio ha puesto en entredicho el concepto de empresa integrada que se tenía hasta ahora, con un grupo que ejercía una actividad ‘desde el pozo hasta el surtidor’ y todo ello preocupa a los trabajadores”. El comité de empresa europeo señaló los riesgos de supresión de puestos de trabajo, sobre todo en los servicios de apoyo, traslados forzosos y cambios en los convenios colectivos en detrimento de los trabajadores trasladados. Para protegerlos, los miembros pidieron que la garantía de protección del empleo de un año propuesta por Couche-Tard en el marco de esta venta se ampliara hasta los cinco años, a lo que se ha negado la dirección de TotalEnergie. Los representantes solicitaron también que se negociaran las condiciones de apoyo social a los trabajadores de los cuatro países. En una reunión celebrada el 19 de junio, la federación sindical europea IndustriAll Europe apoyó estas reivindicaciones y envió una carta a la dirección invitándoles a abrir un diálogo sobre el apoyo social a este proyecto en particular y, de forma más general, sobre los futuros cambios en el grupo relacionados con la transición ecológica. Esta petición podría conducir a la negociación de un acuerdo europeo sobre la anticipación y la gestión del cambio y serviría de marco a todas las reorganizaciones futuras para cumplir los objetivos de descarbonizació.

Internacionalización del diálogo social : El grupo minero Eramet (9090 trabajadores) ha creado el “Foro mundial Eramet (GFE)” para tratar cuestiones transnacionales relativas a los países de actividad más importantes dentro del grupo: Francia, incluida Nueva Caledonia, Gabón, Noruega, Senegal y Argentina. En este foro, los representantes de los trabajadores “debatirán entre ellos y con la dirección del grupo sobre la estrategia de Eramet, sus compromisos en materia de responsabilidad social corporativa y sus proyectos de desarrollo”. Además, podrán negociar acuerdos que se aplicarán a todos los trabajadores sobre temas como la protección social, la calidad de vida en el trabajo, la paternidad y la diversidad y la inclusión” (véase el comunicado de prensa). El órgano incluye ahora al comité de empresa europeo, “que conserva sus competencias legales en materia de información y consulta”. El comité de empresa europeo corría el riesgo de desaparecer debido a la disminución del número de trabajadores en Europa (1.629 en 2022, 755 de ellos en Francia). El GFE se creó en virtud de un acuerdo suscrito el 5 de julio entre la dirección y las federaciones sindicales del grupo (que se publicará en Internet una vez que la dirección haya dado su aprobación). El Foro se reúne dos veces al año, puede crear grupos de trabajo, organizar una visita a los países una vez al año y dispone de un presupuesto de 30.000 euros. Aparte de la sesión de formación al inicio del mandato, todas las demás sesiones (4 días a lo largo de un mandato de cuatro años, celebradas por videoconferencia) correrán a cargo del foro.

Deber de vigilancia y nuevas garantías : El pasado 27 de junio el banco francés Société Générale (117.000 trabajadores) y la federación sindical internacional UNI Global Union firmaron un nuevo acuerdo global sobre los derechos de sus trabajadores (véase el comunicado de prensa común). El texto es uno de los pocos que concede a los sindicatos un lugar en la elaboración del plan de deber de vigilancia. Este plan, que es una obligación legal en Francia desde 2017, debe identificar los riesgos y prevenir las violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente. Una directiva europea sobre el deber de vigilancia, actualmente en proceso de adopción, hará que estas medidas sean obligatorias en toda la Unión Europea. Las partes reconocen a UNI como “parte interesada” en el aspecto de recursos humanos del plan de vigilancia debida. Habrá “al menos una consulta con UNI como parte de las medidas aplicadas” para identificar y prevenir riesgos de infracción grave de “los derechos humanos, las libertades fundamentales o la salud y seguridad de los trabajadores”. En la práctica, UNI revisará la sección de recursos humanos del proyecto de plan de cumplimiento “antes de su revisión por el consejo de administración del grupo”. Cualquier añadido propuesto por UNI podrá tenerse en cuenta en la versión que se traslade a los consejeros. Las partes también acuerdan crear grupos de trabajo para “seguir analizando los riesgos residuales y la forma de mitigarlos”. El acuerdo establece una nueva base de garantías mínimas de derechos sociales para los trabajadores: 14 semanas de permiso de maternidad, una semana de permiso de paternidad al 100% del salario fijo y una prestación por fallecimiento, que cubra o sirva de complemento a los regímenes locales existentes y por un importe mínimo de 2 años de salario fijo. “Estas garantías serán particularmente importantes para los 11.200 trabajadores de la India, el país con la segunda mano de obra más numerosa después de Francia”, según explica Frédéric de Fondaumière, miembro del comité restringido del comité de empresa europeo y negociador del acuerdo para UNI Global Union.

> Véase también: El pasado 29 de junio, el grupo Veolia inició negociaciones con la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) con vistas a celebrar su primer acuerdo europeo sobre diversidad e inclusión (véase el comunicado).