IR Notes

En su documento de acompañamiento de la segunda fase de consulta de los agentes sociales europeos sobre una posible revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos que se publicó el 26 de julio, la Comisión Europea esboza lo que podría contener la propuesta de directiva que tiene previsto presentar a finales de año (véase el comunicado y European Works Council). Los agentes sociales tienen hasta el 4 de octubre para presentar sus respuestas. El documento resume las contribuciones recibidas durante la primera fase de consulta (véase IR Notes 206 y IR Notes 209). La Comisión afirma que decidirá sobre muchos puntos a la luz de la información que está recopilando actualmente. En cualquier caso, dentro de las propuestas de acción de la Comisión (punto 5.2) se establecen claramente una serie de ámbitos: 1) Supresión progresiva de las exenciones del ámbito de aplicación de la directiva de las que se benefician las empresas que suscribieron acuerdos antes de la entrada en vigor de la directiva. Esta medida debería ir acompañada de disposiciones transitorias cuidadosamente calibradas con el fin de preservar el principio de autonomía de las partes y permitir que sigan funcionando los acuerdos que ya cumplen los requisitos mínimos (revisados) de la directiva. 2) Inclusión en el ámbito de aplicación de la directiva de las empresas estructuralmente independientes que pueden influirse mutuamente en sus actividades y decisiones comerciales en virtud de acuerdos contractuales, como es el caso de las franquicias. 3) Constitución de una comisión negociadora y convocatoria de una primera reunión en un plazo determinado, que podrían elevarse claramente al rango de exigencia. Además podría recortarse el plazo de negociación (fijado actualmente en tres años). El texto podría precisar que la obligación de la dirección central de sufragar los costes de negociación de un acuerdo incluye también los costes razonables de asistencia y formación. 4) Mejora del procedimiento de información-consulta: El objetivo es garantizar que el procedimiento de aplicación siga limitándose a las cuestiones realmente transnacionales. El documento también menciona elementos para garantizar una consulta eficaz, como la obligación de dar una respuesta motivada a los dictámenes del comité de empresa europeo o precisar el calendario de consulta entre el nivel europeo y los procedimientos nacionales. Está previsto reforzar las disposiciones subsidiarias (más reuniones anuales, refuerzo del comité restringido) para que se apliquen directamente a los comités que funcionan sin acuerdo e indirectamente a los futuros comités, habida cuenta que estas disposiciones suelen servir como referencia para este tipo de negociaciones. Los acuerdos deberían especificar detalladamente los recursos asignados a los comités de empresa europeos (peritajes, formación, asesoramiento jurídico, resolución de conflictos); permitir la organización de reuniones virtuales; delimitar mejor cómo la dirección puede imponer la confidencialidad y recurrir a la no divulgación de información, en particular especificando cómo podría transferirse la información facilitada a los miembros del comité de empresa europeo a los representantes de los trabajadores a nivel local. 5) Aplicación efectiva de la directiva mediante sanciones y acceso a la justicia, sin llegar a adoptar el mecanismo establecido en el reglamento RGPD (multa calculada como porcentaje del volumen de negocios global del grupo), tal como propone el Parlamento Europeo. Para aplicar estos cambios, la Comisión se basaría en una directiva vinculante que podría completarse con medidas no vinculantes como una recomendación a los Estados miembros y directrices interpretativas en forma de comunicación.

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización : La Comisión Europea publicó el pasado 11 de agosto el informe de actividad sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para el período 2021-2022 (véase European Globalisation Adjustment Fund). Del informe se desprende que el FEAG ha ayudado a 13.000 trabajadores despedidos a reciclarse y a encontrar un nuevo empleo, por un valor total de 51,8 millones de euros. Nueve países presentaron solicitudes de ayuda, principalmente en los sectores del transporte aéreo y la automoción. Desde 2007, el FEAG ha liberado 688 millones de euros en 177 casos de despidos masivos y ha ayudado a casi 168.000 trabajadores despedidos en 20 Estados miembros. Francia es el mayor usuario del fondo (123 millones de euros desde 2007) para el mayor número de beneficiarios (21.687 trabajadores) (véase el anexo del informe).

Despidos colectivos: : El pasado 13 de julio el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el hecho de que una empresa no transmita a las autoridades públicas la información relativa a una reorganización no puede invocarse para alegar la nulidad de la extinción de un contrato de trabajo en el marco de un despido colectivo (véase Collective redudancy). Según el Tribunal de Justicia, “la obligación que incumbe al empresario de transmitir a la autoridad pública competente una copia de la comunicación escrita” (…) no persigue conferir una protección individual a los trabajadores afectados por despidos colectivos” (véase TJUE, 13 de julio de 2023, asunto C- 134/22, G GmbH y comunicado).

Audiovisual : Los agentes sociales del Comité de Diálogo Social del Sector Audiovisual de la Unión Europea han añadido un nuevo capítulo a su marco de acciones sobre la igualdad entre mujeres y hombres publicado en 2011 y dedicado a la eliminación de la intimidación, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo.

> Publicado recientemente en IR Share: Plan de acción multisectorial en el ámbito de los servicios públicos y las telecomunicaciones sobre la función de los interlocutores sociales en la prevención de la violencia y el acoso de terceros en el trabajo.

Límite de edad de 70 años : El Tribunal Federal de Justicia ha dictaminado que el límite de edad de los notarios, fijado en 70 años por la legislación, es compatible con el Derecho de la Unión Europea, lo cual fue impugnado por un notario que había cumplido 70 años. Para los magistrados, el límite de edad está justificado porque pretende facilitar el relevo generacional y rejuvenecer la profesión de notario. Si los notarios de más edad permanecen en el cargo sin límite de edad, los jóvenes no tendrán perspectivas suficientes y previsibles de tener notarías económicamente prósperas (véase el comunicado).

La UGT preocupada por la “ergofobia” : Con el final de las vacaciones de verano encima, la central sindical UGT trata de concienciar sobre el síndrome de la “ergofobia”, es decir, el miedo a la vuelta al trabajo. Según la UGT, este “síndrome posvacacional no es una enfermedad en sí misma, sino un proceso de adaptación a la vida laboral después de las vacaciones, que puede durar aproximadamente 15 días y se caracteriza por síntomas tanto psíquicos como físicos, como, por ejemplo, cansancio, hastío, tristeza, palpitaciones o dificultad para dormir”. Se da principalmente en “personas que no se sienten a gusto en su puesto de trabajo”. Para la UGT, es un momento en el que los empresarios deben extremar la vigilancia para prevenir los riesgos psicosociales (véase el comunicado).

Protección de los padres con niños muy enfermos : El pasado 20 de julio se promulgó una ley destinada a reforzar los derechos de los trabajadores por cuenta ajena que son padres de niños enfermos o con discapacidad, o que han sido víctimas de un accidente especialmente grave. El texto entró en vigor el 21 de julio y protege a los trabajadores contra la rescisión de su contrato de trabajo durante el período de permiso parental previsto por la ley para poder atender a los hijos gravemente enfermos. La ley también facilita el acceso al teletrabajo a los trabajadores que prestan asistencia.

Salario mínimo de los repartidores : Tras el acuerdo firmado el 20 de abril entre las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y las plataformas del sector, los repartidores autónomos de mercancías mediante vehículo de dos o tres ruedas, motorizado o no, que utilicen una plataforma digital, quedarán cubiertos obligatoriamente por una garantía de ingresos mínimos de 11,75 euros por hora de actividad. La ARPE, autoridad pública responsable de la regulación social del sector de las plataformas digitales de reparto y transporte de viajeros en automóvil, aprobó el acuerdo el pasado 30 de agosto. El salario mínimo entrará en vigor el 30 de noviembre y sigue a un acuerdo inicial alcanzado en el sector del transporte de pasajeros en automóvil, que fijaba un ingreso mínimo por trayecto de 7,65 euros (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo).

Ley de Trabajo Flexible : Las enmiendas a la Ley de Trabajo Flexible, promulgadas el 20 de julio (véase el comunicado), entrarán en vigor en 2024. Entre sus objetivos destaca, en particular: 1) Suprimir la obligación de los trabajadores de explicar cómo afectará a la empresa su solicitud de trabajo flexible; 2) Aumentar a dos el número de solicitudes de trabajo flexible por cada período de 12 meses; 3) Obligar a las empresas a responder a las solicitudes de este tipo en un plazo de dos meses y no tres como hasta ahora; 4) Obligar a las empresas a reunirse con el trabajador antes de cualquier denegación. Las solicitudes únicamente podrán presentarse después de seis meses de trabajo, pero el Gobierno ha prometido introducir una normativa que permita a los trabajadores presentar sus solicitudes desde el primer día de trabajo. Se trata de una de las principales reivindicaciones de los sindicatos y asociaciones (véase el comunicado del TUC). Los cambios siguen siendo limitados y están lejos de un verdadero derecho al trabajo flexible, ya que las empresas pueden seguir rechazando las solicitudes basándose en ocho criterios que les dejan un amplio margen de discrecionalidad. El ACAS también ha lanzado una consulta para actualizar su Código de Prácticas de 2014 sobre el tratamiento razonable de las solicitudes de condiciones de trabajo flexibles, cuyo contenido podrá ser tenido en cuenta por los tribunales en caso de litigio.

Ley sobre servicios mínimos : El pasado 20 de julio entró en vigor una nueva ley que permite al Gobierno británico imponer unos servicios mínimos en caso de huelga en una serie de servicios públicos, como sanidad, bomberos y salvamento, educación y transporte público. Las normativas específicas para cada uno de estos sectores podrán ahora imponer limitaciones de servicios mínimos cuando los sindicatos convoquen una huelga. A diferencia de varios países europeos, en el Reino Unido hasta ahora no existía la obligación de respetar unos servicios mínimos. Sin embargo, el Gobierno podría abstenerse de introducir regulaciones sectoriales si se alcanzan acuerdos voluntarios entre empresas y sindicatos para definir los servicios mínimos. En virtud de la ley, las empresas afectadas podrían entregar un “preaviso de trabajo” a los sindicatos que les hayan comunicado sobre la convocatoria de una huelga. En este “preaviso”, las empresas tendrían que especificar la identidad de las personas requeridas en cada jornada de huelga para mantener los servicios mínimos y especificar el trabajo que deben realizar. Los sindicatos que reciban estos avisos deberán tomar “medidas razonables” para garantizar que todos sus miembros identificados en el aviso no participen en la huelga. Todavía no se ha elaborado un código de buenas prácticas para delimitar adecuadamente la ley, incluidas las “medidas razonables” que deben tomar los sindicatos. El TUC ya ha manifestado su intención de combatir esta ley por todos los medios, incluida la vía judicial, sobre todo por su posible incompatibilidad con el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la libertad de asociación (véase el comunicado).

Reestructuración en varios países : En un dictamen emitido el pasado 26 de julio, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de Empleo (EAT) dictada el 13 de diciembre de 2022, que había rechazado el recurso de la dirección de Adecco Group contra la decisión del Comité Central de Arbitraje (CAC) a favor del comité de empresa europeo de Adecco (AEWC) (véase IR Notes 149). El EAT confirmó entonces que los despidos que tienen lugar en más de un país son una cuestión “transnacional”, creando así la obligación para la dirección central de convocar al AEWC a una reunión extraordinaria. En opinión del EAT, no es necesario que las decisiones de despido adoptadas en más de un país se basen en un único motivo. Los despidos que se producen aproximadamente al mismo tiempo son una cuestión transnacional, tengan o no un “motivo común” (véase IR Notes 198). El Tribunal de Apelación discrepó del razonamiento del CAC y del EAT. Para justificar un procedimiento de información y consulta “las propuestas de despido colectivo que afecten a empresas de dos países deben tener un vínculo común o estar vinculadas de alguna manera o debe haber una forma en que cada propuesta afecte o pueda afectar a empresas de cada uno de dos países diferentes. Si este vínculo no existe, el asunto no es transnacional”. Para el tribunal “una simple coincidencia en el tiempo entre propuestas de despido colectivo o de reestructuración de empresas situadas en dos países no basta para desencadenar “una reunión extraordinaria del comité de empresa europeo. La AEWC ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Reestructuración : El pasado 20 de julio, tres federaciones sindicales europeas (FETCM, IndustriAll y UNI Europa) enviaron una carta a la dirección del grupo Lecta condenando el anuncio del cierre de una línea de producción de papel estucado de doble cara en Condat (Francia) (187 trabajadores de una plantilla de 412) y que no se convocara el comité de empresa europeo del grupo para llevar a cabo “un diálogo social digno de ese nombre sobre el futuro de cada uno de los centros del grupo en Europa” (véase el comunicado).

Disolución de un comité de empresa : El pasado 13 de junio, el grupo minero Río Tinto (52.000 trabajadores) y las organizaciones sindicales del ámbito europeo firmaron una cláusula adicional al acuerdo sobre el comité de empresa europeo, que prevé su fin el 31 de diciembre de 2024. Una primera cláusula adicional suscrita el mes de marzo de 2017 ya había tenido en cuenta la tendencia a la baja de ámbito de aplicación y de la plantilla del grupo en Francia y en Europa, y había fusionado el comité de empresa europeo con el comité de empresa francés del grupo, de acuerdo con la legislación francesa. Desde la salida del Reino Unido del ámbito de aplicación del acuerdo y la continua disminución del número de trabajadores en Francia, las condiciones de umbral de plantilla que se aplican al comité de empresa europeo “ya no se cumplen”, como señalan los firmantes de la enmienda. En cualquier caso se ha decidido prorrogar los mandatos de los miembros del comité de empresa hasta el 31 de diciembre de 2024 “para poder mantener los intercambios dentro del ámbito europeo”. El 1 de enero de 2025 los mandatos llegarán a su fin y el órgano desaparecerá.

Violencia doméstica : El pasado 5 de junio, el grupo de restauración Sodexo (422.000 trabajadores) y la federación sindical internacional UITA firmaron una declaración conjunta para luchar contra la violencia doméstica. El grupo se compromete a publicar directrices globales para proporcionar un marco común de acción que se aplicará a nivel local, organizar campañas de sensibilización, crear una línea telefónica directa y una línea de ayuda local dedicada a la violencia doméstica y desplegar un módulo de e-learning a 35.000 gerentes en todo el mundo (véase el comunicado de la UITA).

Acuerdo marco internacional : El pasado 24 de agosto, la dirección de la empresa noruega Aker ASA y la federación sindical internacional IndustriALL Global Union renovaron su acuerdo marco internacional, ampliando la responsabilidad de la empresa hacia sus trabajadores en toda su cadena de suministro. Los afiliados noruegos de IndustriALL, Fellesforbundet, NITO y Tekna son cofirmantes del acuerdo. La supervisión de la aplicación del acuerdo corre a cargo del comité de empresa mundial (véase el comunicado).