IR Notes

Sin duda un triste final de mandato para la Comisión Europea. Si ya era de dominio público que en el último año de su mandato ya no era capaz de hacer avanzar expedientes importantes, esta vez, los textos que debían estar terminados antes del final de la legislatura no hacen más que ser torpedeados uno a uno por los Estados miembros. La directiva CSRD que impone a las empresas informes de desarrollo sostenible se aprobó por muy poco, aunque con algunos recortes de última hora (véase IR Notes 217). Pero la propuesta de directiva para proteger a los trabajadores de plataformas no tendrá tanta suerte. Después de que el Consejo rechazara el compromiso alcanzado con el Parlamento Europeo el 22 de diciembre, el pasado 8 de febrero se propuso un nuevo texto. En él ya no se definía una presunción de empleo de forma armonizada a escala de la UE sobre la base de criterios: cada Estado miembro habría tenido que establecer una presunción legal de empleo que pudiera refutarse a escala nacional. A pesar de esta flexibilización, el compromiso fue rechazado de nuevo por los Estados miembros el 16 de febrero, con la abstención de Alemania, Estonia y Grecia y el rechazo de Francia. A pesar del voto favorable de 23 países, que representan más del 63 % de la población de la UE, el texto será abandonado tras más de dos años de procedimiento legislativo, dejando la suerte de millones de trabajadores de plataformas en manos de los jueces nacionales cuando deban reclasificar o no su estatuto de asalariados. Se permitirá que continúe la esclavitud moderna de ciertos trabajadores en nuestra economía social de mercado altamente competitiva, que lucha por el pleno empleo y el progreso social» (Tratado de la UE, artículo 3).
El festival continúa con la propuesta de directiva sobre el deber de asistencia. A pesar de una trayectoria impecable en el Consejo y el Parlamento, con la propuesta aprobada por una amplia mayoría de los diputados (incluidos los miembros del PPE), la votación del Consejo sobre el texto de compromiso (véase IR Notes 221) fue aplazada dos veces por la Presidencia belga de la UE, que temía una falta de mayoría. El tercer aplazamiento, el 16 de febrero, fue sine die, es decir, sin fecha determinada, para dar tiempo a la Presidencia a asegurarse una mayoría cada vez más incierta. Todas las organizaciones patronales nacionales se han levantado en armas contra este texto, publicando uno tras otro los comunicados de prensa en los que solicitan una revisión del dispositivo, que sería inviable y peligroso para la competitividad europea.

Directiva sobre los comités de empresa europeos : el 13 de febrero, el eurodiputado Dennis Radtke (PPE) presentó un informe a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la última propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea el 24 de enero, con vistas a modificarla para reforzar algunos aspectos (véase IR Notes 222). El objetivo es que el informe, que expresa la posición del Parlamento, sea aprobado antes de que finalice la legislatura. El informe introduce en la definición de transnacionalidad el caso en que los efectos de una medida se produzcan en un país distinto de aquel en el que se adoptó la decisión; completa la definición de consulta; incide en el hecho de que el experto del CE europeo o del GEN pueda ser un representante de una federación sindical europea; reduce de tres años a 18 meses la duración de las negociaciones para constituir un CE europeo; introduce el derecho a emprender acciones legales para solicitar la suspensión de una decisión; restablece la propuesta inicial del Parlamento de equiparar la cuantía de las sanciones por incumplimiento del derecho de información y consulta a las previstas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); obliga a la dirección a asumir los gastos legales en que incurra el CE europeo y prevé la aplicación automática de las nuevas disposiciones de la directiva a todos los acuerdos de excepción existentes.

Violencia contra las mujeres : el 6 de febrero, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta de Directiva relativa a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El compromiso fue adoptado el 15 de febrero por las comisiones parlamentarias y aún debe ser aprobado formalmente por las dos instituciones (véase el comunicado de prensa). La federación sindical europea FSESP lamenta que el texto no aborde la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo (véase el comunicado de prensa) y ha anunciado que entablará negociaciones el 19 de marzo para revisar las directrices multisectoriales sobre la violencia y el acoso por parte de terceros en el trabajo adoptadas en 2010.

Sostenibilidad : tal y como se esperaba (véase IR Notes 217),  el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el pasad 7 de febrero un acuerdo provisional sobre una propuesta de Directiva relativa a los plazos para la adopción de normas de información sobre sostenibilidad (ESRS) para determinados sectores y para determinadas empresas de terceros países, por la que se modifica la Directiva 2013/34 sobre la publicación de información relativa a la sostenibilidad por las empresas (CSRD) (véase el texto del compromiso final, 14 de febrero). El objetivo es dar a las empresas más tiempo para prepararse para las nuevas normas, que se adoptarán en junio de 2026, dos años después de la fecha prevista inicialmente (véase el comunicado de prensa).

Periodos de prácticas : en un momento en el que la Comisión debe presentar una revisión del «marco europeo para unos periodos de prácticas de calidad» adoptado en 2014, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un documento de análisis de las acciones de la UE a favor de las prácticas para los jóvenes, en el que lamenta la falta de estadísticas sobre los periodos de prácticas y las incoherencias en la aplicación del marco europeo. Además reclama una definición única de periodo de prácticas (véase el comunicado de prensa).

Seguridad privada : el 20 de febrero, los interlocutores sociales europeos del sector de la seguridad privada firmaron una declaración conjunta titulada Diversidad, igualdad, inclusión y no discriminación en los servicios de seguridad privada europeos, que recoge ejemplos de estrategias a aplicar en las empresas. El texto subraya que la plantilla debe reflejar la sociedad a la que sirve en diversos aspectos (género, etnia, demografía).

Freno al declive sindical : la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) ha publicado cifras que muestran un aumento del número de empleados que pertenecen a una organización sindical. La cifra ha pasado de 5.643.786 en 2022 a 5.665.671 en 2023, lo que supone un aumento de casi 22.000 afiliados, aunque sigue estando lejos de los 6 millones de 2016. Pero el descenso de la afiliación parece haberse frenado. Existen varias explicaciones para ello: el éxito de la negociación colectiva para salvaguardar el poder adquisitivo, la escasez de mano de obra que hace que los empleados no teman afiliarse a los sindicatos y la afluencia de jóvenes. Esta tendencia es especialmente notable en la federación de servicios, Ver.di, donde 50.500 de los 193.000 nuevos afiliados son menores de 28 años. Ahora representan el 6,5 % de la plantilla (véase el comunicado de prensa). La federación está cosechando sin duda los frutos de la cooperación iniciada hace dos años con los activistas medioambientales de Friday-for-Future.

Trastornos musculoesqueléticos : el 12 de enero, los interlocutores sociales reunidos en el seno del Consejo Superior de Prevención y Protección en el Trabajo emitieron un dictamen favorable sobre un proyecto de Real Decreto relativo a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, los empresarios deberán realizar un análisis de los riesgos musculoesqueléticos, basado en una lista no exhaustiva de 6 factores de riesgo biomecánico: el uso de una fuerza excesiva al realizar determinadas tareas exigentes, los movimientos repetitivos frecuentes, la duración de la tarea, las posturas de trabajo, los gestos de trabajo y la fuerza de contacto. A continuación, deberán adoptar medidas de prevención, que se evaluarán periódicamente. Esta «nueva legislación», señala la central sindical CSC, «convierte a Bélgica en el primer país europeo que dispone de una legislación específica para hacer frente a este grave problema» (véase el comunicado de prensa).

Burn-out : el Gobierno federal ha aprobado la ampliación a todos los trabajadores del régimen de ayuda a los empleados del sector hospitalario y bancario que se enfrentan al síndrome de burn-out. La Agencia Federal de Riesgos Laborales (Fedris) ha recibido un presupuesto de 6 millones de euros para esta ampliación. Considerado todo un éxito (véase el informe de evaluación), el plan está abierto a los trabajadores que muestren los primeros síntomas de agotamiento profesional. Tendrán la oportunidad de seguir un programa de apoyo personalizado (organizativo e individual) para evitar que se agraven sus síntomas. La participación en este programa es confidencial y totalmente gratuita (véase el comunicado de prensa del ministerio).

Registro de la jornada laboral : extrayendo las consecuencias de la sentencia Deustche Bank, dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2019 sobre la obligación de registrar la jornada laboral (véase IR Notes 120), el pasado 23 de enero el Parlamento aprobó una ley que modifica la legislación sobre el tiempo de trabajo. A partir del 1 de julio, los empleadores deberán disponer de un sistema objetivo, fiable y accesible para registrar las horas de trabajo diarias de cada empleado y así poder garantizar el cumplimiento de las normas aplicables sobre los períodos de descanso diarios y semanales y las horas de trabajo semanales máximas. Además, la ley introduce un mecanismo de exclusión voluntaria, previsto en la directiva 2003/88 de 4 de noviembre de 2003 (ordenación del tiempo de trabajo), que permite a un empleado y a un empresario celebrar, si así lo prevé un convenio sectorial, un acuerdo individual en virtud del cual se pueda trabajar más de 48 horas semanales de media (véase el comunicado de prensa del Gobierno).

Negociaciones colectivas verdes : el Consejo de ministros ha decidido, el 13 de febrero, presentar el proyecto de ley sobre la movilidad sostenible, en el Parlamento para su adopción urgente (véase el comunicado de prensa y el resumen del Consejo de ministros, foto). Si el texto se aprueba, la «negociación colectiva verde» se incorporará por primera vez al ordenamiento jurídico español. Las empresas, incluidas las del sector público, tendrán que contar con planes de movilidad sostenible para los centros de trabajo con más de 500 empleados (o 250 empleados por turno) en un plazo de 24 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. El proyecto de ley prevé que estos planes se negocien con los representantes de los trabajadores o, en su defecto, con un comité formado por los sindicatos más representativos del sector. Incluirían medidas específicas de movilidad sostenible, como por ejemplo el fomento de la movilidad activa, el transporte público, la movilidad con emisiones cero, soluciones de movilidad compartida y colaborativa o el teletrabajo cuando sea posible.  Se modificaría el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores para incluir en el contenido obligatorio de los convenios colectivos la obligación de negociar medidas para promover el desarrollo de planes de movilidad sostenible (véase el comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo).

Condiciones de empleo : el 6 de febrero, el Gobierno adoptó un proyecto de ley que transpone la Directiva 2019/1152 sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles (véase Transparent and predictable working conditions). El texto exige el acuerdo del trabajador para cualquier cambio de jornada completa a media jornada o viceversa, así como para cualquier aumento o reducción de horas para el trabajo a media jornada. Ningún cambio puede ser impuesto unilateralmente por la empresa. Además, los empleados tienen derecho a trabajar para varios empleadores: las empresas no pueden prohibir, restringir o tratar desfavorablemente a los empleados por prestar servicios a otras empresas, salvo en circunstancias muy específicas (confidencialidad, salud y seguridad, prevención de conflictos de intereses) (véase el comunicado de prensa del Consejo de Ministros, foto: Yolanda Diaz).

Creación : el grupo francés Sulo, especializado en soluciones de reciclaje y clasificación de residuos (2.200 empleados, 550 millones de facturación), ha creado un CE Europeo, mediante un acuerdo firmado el 7 de diciembre de 2023. El grupo, que emplea a casi la mitad de su plantilla en Francia (1.027 trabajadores y 5 representantes en el CE Europeo), está presente en Alemania (272 trabajadores, 2 representantes), Suecia (202 trabajadores, 1 representante), España (196 trabajadores, 1 representante) y Bélgica (158 trabajadores, 1 representante). Otros cinco países también están representados en el comité, que se reúne una vez al año en sesión plenaria. Se le consulta en caso de circunstancias excepcionales (que afecten al menos a dos países y al menos al 30 % de la plantilla de cada uno de ellos), en caso de venta, escisión o fusión, etc. Además, será consultado sobre las orientaciones estratégicas del Grupo, una vez cada tres años o en caso de modificación del plan estratégico, y sobre la política de RSE, una vez al año.

Salud y seguridad : el 14 de febrero, la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) participó en una auditoría sobre salud y seguridad en la planta de Holcim en Carboneras (España). La federación recuerda que, desde hace varios años, el Comité de Empresa Europeo ha creado un comité de salud y seguridad que realiza 4 visitas de obra al año. Para el Secretario General de la FETCM, Tom Deleu, «éste es un buen ejemplo de cómo los CE europeos pueden tener un impacto directo en los trabajadores y mejorar la situación de la salud y la seguridad en una empresa multinacional. Necesitamos más comités de salud y seguridad en el trabajo en todos los comités de empresa europeos que cubrimos. Es una prioridad para la FETCM».

Reestructuración : el 19 de febrero, la dirección del proveedor de equipos de automoción Forvia anunció un proyecto de reorganización de cinco años «destinado a reforzar la competitividad y la agilidad de las actividades del grupo en Europa», que supondrá la pérdida de 10.000 puestos de trabajo (de 75.500 a finales de 2023). El Grupo informó el mismo día al CE europeo. Explica que está adaptando sus actividades de producción e I+D al nuevo entorno europeo mediante el desarrollo de la IA generativa, que debería permitir lograr «hasta un 50 % de aumento de la eficacia en I+D y en los equipos centrales» (véase el comunicado de prensa).

Acero : el pasado 8 de febrero, la federación sindical europea IndustriAll Europe se reunió con la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una reunión de crisis relativa al grupo siderúrgico GFG Alliance/Liberty Steel (véase el comunicado de prensa), cuya situación financiera es alarmante y pone en peligro miles de puestos de trabajo y la capacidad de la UE para producir acero (véase la declaración conjunta de IndustriAll Europe e IndustriAll Global Union). La Comisión se ha comprometido a organizar una reunión de crisis de alto nivel sobre el futuro de la producción siderúrgica europea, bajo la presión de IndustriAll Europe, que reclama un «verdadero plan de acción para el acero que mantenga una producción siderúrgica sostenible con empleos de calidad en Europa» (véase el comunicado de prensa).

Riesgos de cáncer : la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha realizado una importante encuesta sobre la exposición de los trabajadores a factores de riesgo de cáncer en Europa (EET), en la que han participado más de 24.000 trabajadores de seis Estados miembros de la UE: Alemania, Irlanda, España, Francia, Hungría y Finlandia. En total, algo más del 47 % de los trabajadores estuvieron expuestos, durante su última semana laboral, al menos a uno de los 24 factores de riesgo enumerados en la encuesta (que no incluye el trabajo nocturno).  El 25,8 % de los trabajadores están expuestos a diversos factores. Los principales riesgos son: exposición a la radiación UV solar (20,8 %); emisiones de escape de gasóleo (19 %); benceno (13 %), sílice cristalina respirable (8,4 %) y formaldehído (6,4 %). Estos resultados son importantes en el contexto de las futuras propuestas de modificación de la directiva sobre carcinógenos, mutágenos y sustancias reprotóxicas en el trabajo (véase Carcinogens directive revision).