IR Notes

El 30 de abril, la Comisión Europea publicó un documento con vistas a la primera fase de consulta de los interlocutores sociales europeos sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito del teletrabajo y el derecho a la desconexión (véase Right to disconnect y Telework), tal y como solicitó expresamente el Parlamento Europeo en una resolución adoptada en marzo de 2021 (véase IR Notes 156). Se solicitará a los interlocutores sociales que den su opinión sobre las conclusiones de la Comisión y sobre los siete temas que ha identificado como adecuados para una legislación europea, ya sea vinculante (directiva) o no (recomendaciones, directrices). La Comisión señala que 27 Estados miembros ya disponen de un marco para el teletrabajo, ya sea por ley o mediante convenios colectivos, y que 11 Estados ya han introducido legislación sobre el derecho a la desconexión. En su opinión, ha llegado la hora de armonizar este marco y «reducir la actual fragmentación de las normas a nivel nacional». Por ello, se propone lo siguiente: 1/ Establecer el derecho a la desconexión, que garantizaría que «los trabajadores no estén obligados a realizar actividades relacionadas con el trabajo fuera de su horario laboral, teniendo en cuenta los conceptos de «guardia» y «disponibilidad» utilizados por el Tribunal de Justicia de la UE. Los empresarios deben adoptar «medidas apropiadas» para garantizar que los trabajadores puedan ejercer este derecho y no sean penalizados por ello. 2/ Garantizar un empleo y unas condiciones de trabajo decentes para los teletrabajadores: se trata de «definir requisitos mínimos que cubran diversos aspectos del trabajo realizado en un lugar distinto de los locales del empresario y utilizando principalmente herramientas TIC». El texto propone «definir determinadas normas relativas a las modalidades y la transparencia del control del rendimiento de los teletrabajadores» y prevé el suministro de equipos adecuados y la compensación de los costes netos del trabajo a domicilio. 3/ Proteger la salud y la seguridad de los teletrabajadores en el lugar de trabajo: el objetivo es garantizar que los riesgos específicos para la salud asociados al teletrabajo, incluidos los riesgos psicosociales, ergonómicos y físicos, se evalúen adecuadamente en cooperación con los representantes de los trabajadores, y que se introduzcan y comuniquen a los trabajadores las medidas adecuadas para prevenir y hacer frente a estos riesgos. Este objetivo podría lograrse revisando las directivas sobre lugares de trabajo y sobre las unidades de presentación visual. 4/ Consideración de los derechos de información y consulta: el objetivo es garantizar que los teletrabajadores tengan los mismos derechos de información y consulta que si trabajaran en los locales del empresario y como trabajadores comparables. 5/ Información a los trabajadores: los empresarios deben facilitar a los teletrabajadores información sobre las modalidades de teletrabajo (procedimientos para solicitar y aplicar el teletrabajo, cobertura y/o reembolso de los posibles gastos, suministro de equipos, duración y organización del trabajo). 6/ Promover el papel de los interlocutores sociales para garantizar la movilización del diálogo social y la negociación colectiva en la aplicación de cualquier acción de la UE en este ámbito. 7/ Garantizar la aplicación de la legislación, en particular asegurando el acceso a la justicia y la protección de los trabajadores que soliciten ejercer sus derechos. Si no conseguimos negociar un acuerdo sobre este asunto antes de noviembre de 2023 (véase IR Notes 219), a los interlocutores sociales europeos sólo les queda recurrir a su papel de lobby para influir en el contenido del texto que preparará la próxima Comisión.

Luz verde para los primeros informes de sostenibilidad : el Parlamento aprobó el 24 de abril la nueva directiva sobre el deber de vigilancia en materia de sostenibilidad, sobre la base del acuerdo de última hora alcanzado con el Consejo (véase IR Notes 226 y comunicado). Una vez adoptada formalmente por el Consejo, la directiva se publicará en el DOUE, y los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para transponerla a su legislación nacional. La votación se produce once años después del derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza, en Bangladesh. Esta tragedia puso de manifiesto la falta de control sobre las condiciones de trabajo en terceros países (v. Sustainability reporting). Las nuevas normas (aparte de las obligaciones de comunicación) se aplicarán progresivamente a las empresas europeas (así como a las no europeas que alcancen los mismos umbrales de facturación en la UE): 1/ a partir de 2027, para las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros; 2/ a partir de 2028, para las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 900 millones de euros; 3/ a partir de 2029, para todas las demás empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva: las que tengan más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros. Las empresas deberán adoptar además un plan de transición para que su modelo de negocio sea compatible con el límite de calentamiento global de 1,5°C fijado por el Acuerdo de París. En virtud de la directiva, las empresas deben integrar el deber de diligencia en todas sus políticas y sistemas de gestión de riesgos pertinentes y establecer una política de deber de diligencia basada en el riesgo. Esta política se elabora previa consulta, en particular con los trabajadores de la empresa, sus filiales, sus socios comerciales y sus representantes, aunque la directiva no especifica el nivel de representación pertinente, lo que deja margen para que se posicionen los comités de empresa europeos. Las partes interesadas deberán ser consultadas: 1/ lal recabar información sobre los impactos negativos reales o potenciales; 2/ al elaborar el plan de acción preventivo y el plan de medidas correctoras; 3/ al decidir suspender o poner fin a una relación comercial; 4/ al adoptar las medidas adecuadas para remediar los impactos negativos o al elaborar indicadores cualitativos y cuantitativos con fines de seguimiento. Cabe asimismo señalar que la directiva faculta a los sindicatos y a otros representantes de los trabajadores que representen a personas físicas que trabajen en la cadena de actividades de que se trate a presentar reclamaciones en caso de que las empresas incumplan sus obligaciones.

> Véase además: los comunicados deIndustriAll Europe y de BusinessEurope.

Prohibición de los productos fabricados con trabajo forzado : el 23 de abril, el Parlamento Europeo adoptó definitivamente el reglamento que permite a la UE prohibir la venta, importación y exportación de productos fabricados con trabajo forzoso (véase IR Notes 192). El texto aún debe ser aprobado formalmente por el Consejo antes de ser publicado en el DOUE. Después, los Estados miembros deberán transponerlo en un plazo de tres años (véase el comunicado de prensa). El objetivo del Reglamento es garantizar que los operadores económicos no introduzcan ni comercialicen en el mercado de la UE productos derivados del trabajo forzoso, y que no exporten dichos productos. Las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión Europea utilizan varios criterios para evaluar la probabilidad de que los productos se fabriquen utilizando trabajo forzoso. En particular, tienen en cuenta «cualquier cuestión planteada durante las consultas constructivas con las partes interesadas pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos». Asimismo, la Comisión publicará directrices en un plazo de 18 meses, que se actualizarán para tener en cuenta la información de los sindicatos.

> Véase además: un informe de la OIT, publicado el 19 de marzo, que destaca que el trabajo forzoso en la economía privada genera 236.000 millones de dólares de beneficios ilegales al año (+37 % desde 2014); comunicados de prensa de BusinessEurope.

Trabajadores de plataformas : el 24 de abril, el Parlamento Europeo adoptó definitivamente el texto de la directiva sobre la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a través de una plataforma de trabajo digital, tal como se desprende del compromiso alcanzado con el Consejo en marzo (véase IR Notes 226 y comunicado de prensa). La directiva obliga a los Estados miembros a establecer una presunción legal refutable de empleo a nivel nacional e introduce, por primera vez en la legislación social europea, un marco de gestión por algoritmos (véase Briefing y At a glance de los servicios del Parlamento europeo).

Violencia contra las mujeres : el Parlamento adoptó el 24 de abril definitivamente la directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (véase el comunicado y la ficha En Bref del Parlamento). Esta directiva, que obliga a los Estados miembros a adoptar planes de acción nacionales en un plazo de cinco años para combatir estas diversas formas de violencia, incluye una serie de medidas que afectan al mundo laboral, como la obligación de formar: 1/ a funcionarios que puedan entrar en contacto con las víctimas; 2/ al personal sanitario sobre el tema de las mutilaciones genitales; 3/ a las personas que ocupen puestos directivos. Este último punto afecta tanto al sector público como al privado, y tiene por objeto prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y reaccionar adecuadamente. Sin embargo, este requisito de formación sólo se aplica a los Estados miembros en los que el acoso sexual en el lugar de trabajo está tipificado específicamente como delito en la legislación nacional. En estos países, los gobiernos deben además garantizar que las víctimas y los empresarios tengan acceso a servicios de asesoramiento que proporcionen información sobre cómo tratar adecuadamente los casos de acoso sexual, incluidos los recursos disponibles para expulsar al agresor del lugar de trabajo (art. 28).

La lucha contra la extrema derecha : los principales responsables sindicales de las confederaciones francesas CFDT, CGT y Unsa, de la DGB alemana, de la CGIL italiana y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) participaron en París en un debate titulado «¡Juntos contra la extrema derecha! ». La conferencia brindó la oportunidad de comparar la situación política en los tres países en los que las fuerzas de extrema derecha están en auge. Sin embargo, como señaló Adrienne Woltersdorf (Friedrich-Ebert-Stiftung – FES), aunque la amenaza es la misma, los retos internos son diferentes. No obstante, es urgente abordar esta cuestión, afirma Marylise Léon (CFDT), dado que las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar en junio. A pesar de la postura combativa de la CFDT y otros sindicatos franceses, la popularidad de los ideales de extrema derecha está creciendo entre los trabajadores (véase el comunicado de prensa de la FES y la replay).

Telecomunicaciones : los interlocutores sociales del sector de las telecomunicaciones, ETNO y UNI Europa ICTS, han presentado un informe de investigación titulado «Acelerar la sostenibilidad en las telecomunicaciones», elaborado por Visionary Analytics en el marco de un proyecto conjunto financiado por la UE. El estudio analiza 11 tecnologías emergentes que probablemente tendrán un impacto significativo en el sector, así como su repercusión en la sostenibilidad social y medioambiental. Los autores solicitan la participación de los trabajadores y los interlocutores sociales en una fase temprana del despliegue de la tecnología, y analizan el papel del diálogo social en el fomento de la sostenibilidad y la mitigación de los efectos negativos de la implantación de la tecnología (véase comunicado de prensa).

Infertilidad y técnicas de reproducción asistida : a partir del 28 de abril, los trabajadores que se sometan a un tratamiento de infertilidad o de reproducción asistida gozarán de mayor protección frente al despido. Según la ley del 24 de marzo, el empresario «no podrá extinguir unilateralmente la relación laboral desde el momento en que se le informe mediante un certificado médico y hasta que hayan transcurrido dos meses». Además, las ausencias relacionadas con procedimientos médicos se consideran ausencias por «responsabilidad familiar» (véase el comunicado de prensa). El texto no concede ningún permiso específico. Por tanto, los trabajadores deben hacer uso de su permiso retribuido o solicitar un permiso no retribuido.

Programa de reformas : el pasado 12 de abril, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó sus líneas maestras ante el Senado. Entre las medidas clave: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales; ampliar el permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas; regular la IA para proteger a los empleados; reforzar la protección de las personas LGBTQI+ en el lugar de trabajo con la introducción de planes de acción en las empresas y medidas contra la discriminación y el acoso. De forma paralela, el ministro destacó la necesidad de reforzar la democracia social, en particular permitiendo a los empleados y a los sindicatos participar en la toma de decisiones dentro de la empresa (véase el comunicado de prensa).

Creación : el pasado 22 de febrero, el grupo francés de equipamiento aeronáutico Latecoere (6.000 trabajadores) firmó un acuerdo para crear un CE europeo que englobe a sus 2.230 trabajadores repartidos por 6 Estados miembros de la UE (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, República Checa y Francia, con casi 1.300 trabajadores). El texto concede pocos recursos al comité, con la asignación de 20 horas de delegación a los miembros titulares y otras 20 horas para el secretario del CE europeo. El acuerdo es asimismo uno de los pocos que no prevé «cursos de formación o un presupuesto específico de formación para los miembros» del comité de empresa, ni el recurso a «expertos en el marco de los procedimientos de información/consulta». El comité se reúne una vez al año por videoconferencia (salvo en la primera reunión del mandato) y sólo es consultado en caso de circunstancias excepcionales que afecten al menos a 150 trabajadores por empresa e impliquen al menos a dos empresas de dos Estados miembros. El dictamen debe emitirse después de la reunión, en un plazo razonable fijado en la misma. Si el dictamen no se comunique en un plazo de 7 días, se considerará desfavorable.

• Cesión: el pasado 26 de abril, el grupo CNP assurances anunció que había entablado negociaciones exclusivas con Hellenic Bank Public Company Ltd con vistas a vender sus operaciones de seguros en Chipre y Grecia, que representan menos del 1 % del volumen de negocios del grupo. El CE europeo será informado y consultado sobre esta venta.

Violencia y acoso : la sociedad española Orenes Group (3500 trabajadores) firmó el pasado 11 de abril las directrices intersectoriales de la UE sobre violencia y acoso en el trabajo adoptadas en noviembre de 2023, por UNI Europa y dos organizaciones patronales europeas (AMIC y ETNO), así como el grupo Partouche. Orenes es una de las principales empresas españolas de ocio, juego y restauración en España, en otros países europeos y en Latinoamérica (véase el comunicado de prensa).

Salud en el trabajo y cambio climático : la OIT ha publicado un informe sobre el impacto del cambio climático en la salud y la seguridad en el trabajo, que analiza los riesgos asociados al calor excesivo, la radiación ultravioleta (UV), los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación atmosférica en el lugar de trabajo, las enfermedades transmitidas por vectores y los productos agroquímicos. El informe subraya las prácticas y políticas nacionales para reducir la exposición a estos riesgos, y señala que ya es probable que el 70 % de los trabajadores del mundo estén expuestos a riesgos para la salud relacionados con el cambio climático. Desde 2000, la proporción de trabajadores expuestos al calor extremo ha aumentado del 65,5 % al 70,9 % (véase el comunicado de prensa, resumen del informe e informe integral).

• Salud mental en el trabajo: la Presidencia belga de la UE ha publicado un resumen de los intercambios de la conferencia de alto nivel celebrada en Bruselas los días 30 y 31 de enero.