IR Notes

Desde su creación ya en 2001, el Estatuto de la Sociedad Europea (SE) (véase European company), que permite simplificar las estructuras societarias, ha sido utilizado por las empresas alemanas como vehículo para eludir la legislación que impone la cogestión en los consejos de vigilancia. Estos abusos son bien conocidos, y el gobierno alemán se ha comprometido a legislar para impedir esta forma de «evasión social». Actualmente se encuentra bajo presión tras una nueva sentencia del Tribunal de Justicia, que aplica literalmente el texto de la Directiva 2001/86 sobre la implicación de los trabajadores, sin preocuparse demasiado por una posible práctica abusiva (TJUE, 16 de mayo de 2024, asunto C- 706/22, Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG).
El caso se refiere a dos empresas del grupo japonés Olympus, una británica, O Ltd, y una alemana, O GmbH, que decidieron fusionarse para formar una Sociedad Europea (SE) el 28 de marzo de 2013. Como ninguna de estas empresas tenía empleados, ni filiales con empleados, no se creó ningún órgano especial de negociación para negociar un acuerdo sobre la implicación de los trabajadores, tal y como establecen los artículos 3 a 7 de la Directiva 2001/86. Al día siguiente, la nueva empresa O Holding SE, resultante de la fusión, se convirtió en el único accionista de O Holding GmbH, registrada en Alemania, que a su vez empleaba a trabajadores y tenía un consejo de vigilancia con un tercio de representantes de los trabajadores. Unos meses más tarde, O Holding GmbH se transformó en una sociedad en comandita simple denominada O KG. Tras esta transformación, dejó de aplicarse la cogestión de los empleados en el consejo de vigilancia. En octubre de 2017, O Holding SE, anteriormente registrada en el Reino Unido, trasladó su sede a Hamburgo. El grupo, que emplea a más de 2.200 trabajadores en la UE, no ha asumido los acuerdos de cogestión que existían anteriormente en la empresa principal ni ha creado un comité de la SE para representar a los trabajadores europeos. Asimismo, al estar en una SE, los empleados no pueden solicitar la creación de un comité de empresa europeo. De hecho, normalmente sólo están sujetos a la directiva sobre la implicación de los trabajadores en la SE, que prevé la creación de un comité de la SE por acuerdo. Únicamente el comité de empresa del grupo alemán O KG ha impugnó este acuerdo hasta el Tribunal Federal de Trabajo, que a su vez remitió el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. El comité consideró que la dirección de O Holding SE debería haber creado un órgano especial de negociación a posteriori, una vez tomado el control de las empresas que emplean a trabajadores, con vistas a concluir un acuerdo sobre la implicación de los trabajadores.
¿Y qué dice el Tribunal de Justicia? 1/ La Directiva 2001/86 no da lugar a ninguna obligación de entablar negociaciones sobre la implicación de los trabajadores cuando «se introducen cambios estructurales en una SE holding ya formada por sociedades que no emplean a trabajadores y que no tienen filiales que sí los emplean».  Además, en tal situación, no amplía la garantía sobre el mantenimiento de los derechos de participación de los trabajadores en caso de transformación en SE (principio «antes-después»). 2/ Durante la elaboración de la Directiva, el Consejo de la UE no aceptó una enmienda propuesta por el Parlamento Europeo que preveía explícitamente nuevas negociaciones sobre la participación de los trabajadores en caso de reestructuración importante tras la creación de una SE. 3/ No se pronuncia sobre una posible «práctica abusiva», sino que deja en manos del Tribunal Federal de Trabajo demostrarlo y especificar cómo debe hacerse.
«Por tanto, esta sentencia abre por primera vez la posibilidad de que una empresa se retire por completo de todas las formas de participación transfronteriza de los trabajadores», teme Werner Altmeyer, director de la EWC Academy. El Tribunal de Justicia está «dando su bendición a una nueva laguna importante para evitar la cogestión de los empleados en los consejos de vigilancia, contribuyendo así a su desgaste», confirma el Dr. Sebastian Sick, especialista en derecho de sociedades. El objetivo de la codeterminación es la codecisión sobre las decisiones principales de la empresa. Al abrir la puerta a una elusión de la codeterminación, el TJUE abandona este objetivo, y por tanto parte del modelo social europeo.

Deber de vigilancia : el pasado 24 de mayo, el Consejo adoptó definitivamente la directiva sobre diligencia debida, que se publicará en breve en el DOUE. Deberá transponerse en un plazo de dos años (véase el comunicado). Con esta directiva, «dirigir una empresa de forma responsable ya no es una opción, sino que es una obligación», se felicita IndustriAll Europe. «Insistimos en que los sindicalistas participen plenamente en todas las fases para garantizar que las empresas no se limiten a un simple ejercicio de marcar casillas», ha declarado Judith Kirton-Darling, Secretaria General de IndustriAll Europe. Estamos tan sólo al principio de un proceso en el que los sindicatos activos en las empresas multinacionales desempeñarán plenamente su papel» (véase el comunicado). Para la federación sindical UNI Europa, los sindicatos nacionales deben presionar a sus gobiernos «para así garantizar una legislación nacional sólida, incluso para colmar algunas lagunas de la directiva» (véase el comunicado).

• Inteligencia Artificial: el pasado 21 de mayo, el Consejo adoptó definitivamente el Reglamento sobre Inteligencia Artificial, que se publicará en breve en el DOUE (véase IR Notes 226, IR Notes 162, IR Notes 163 y Artificial intelligence). Se aplicará dos años después de su entrada en vigor, con algunas excepciones para ciertas disposiciones específicas (véase el comunicado).


• Violencia contra las mujeres: la directiva 2024/1385 del 14 de mayo de 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ya se ha publicado en el DOUE. Deberá transponerse a más tardar el 14 de junio de 2027 (véase IR Notes 229).

Elecciones europeas : el 23 de mayo, los principales cabezas de lista de los partidos europeos expusieron sus programas en un debate organizado en el Parlamento Europeo, y sorprendentemente bautizado como «Eurovisión 2024». La Europa social no estuvo en el centro de los debates, pero los candidatos plantearon algunos puntos: Nicolas Schmit (PSE) destacó la necesidad de luchar contra la pobreza mediante la creación de empleo y la inversión en cualificaciones ante los rápidos cambios del mercado laboral. Ursula von der Leyen destacó su balance más que sus proyectos, felicitándose por la introducción de un salario mínimo para garantizar que «trabajar sea rentable» y por los miles de millones invertidos en la renovación de viviendas y el acceso a la vivienda social. Para ella, es necesario finalizar el mercado común de capitales y reforzar las competencias. Por su parte, Walter Baier (Izquierda Europea) reclamó una directiva sobre los límites máximos de los alquileres. Para Terry Reintke (los Verdes), lo importante es no volver a caer en una cura de austeridad, sino intensificar la inversión en la transformación del medio ambiente, que también permitirá crear empleo.

Transporte por carretera : las autoridades belgas llevaron a cabo una importante inspección en un aparcamiento cercano al puerto de Amberes el pasado 20 de mayo, con el apoyo de la Autoridad Laboral Europea (ELA) y de representantes de las autoridades búlgaras, lituanas, polacas y rumanas. La Federación Europea de Sindicatos ETF también estuvo presente con afiliados. ¿Su resultado? El incumplimiento de la legislación social es sistémico: de 202 vehículos inspeccionados, los inspectores detectaron 135 infracciones de la prohibición de descansar en los vehículos durante las pausas prolongadas; 70 infracciones relativas a la devolución de los camiones al centro operativo y 35 infracciones de la obligación de los conductores de volver a casa cada cuatro semanas (véase el comunicado ETF).

• Política industrial y mercado único: el pasado 24 de mayo, el Consejo adoptó unas conclusiones a través de las que esboza el futuro de las políticas industriales y el funcionamiento del mercado único, al tiempo que aboga por un «diálogo social reforzado» (véase el comunicado).

• Elecciones europeas : el 23 de mayo, los interlocutores sociales europeos (la CES, BusinessEurope, SGI Europe y SMEunited) emitieron una declaración conjunta en la que pedían «que las personas con derecho a voto en las próximas elecciones europeas hagan oír su voz» para apoyar y reforzar la democracia europea.

Banca : el 14 de mayo, los interlocutores sociales europeos del sector bancario firmaron una declaración conjunta sobre la Inteligencia Artificial. (véase IR Notes 230 y Artificial intelligence). En su texto, los interlocutores sociales respaldan la definición de IA establecida en el muy reciente Reglamento sobre IA y reiteran la importancia del diálogo social para gestionar cualquier impacto de la IA en las condiciones laborales, la gestión, la toma de decisiones y la confidencialidad de los datos de los trabajadores. Los signatarios solicitan una acción conjunta para «apoyar la transición profesional y garantizar las oportunidades de reciclaje/actualización». Tienen en cuenta la naturaleza específica de la IA, cuyo uso debe ser «supervisado continuamente a través del diálogo social y la negociación colectiva». En términos de salud y seguridad, los firmantes recomiendan evaluaciones conjuntas «que incluyan los efectos de la gestión algorítmica debido a su imprevisibilidad intrínseca, ya que estos sistemas se basan en el procesamiento de datos complejos y tienden a reducir la participación humana en la toma de decisiones». Además, insisten en que la elaboración de perfiles, la selección de personal, la promoción interna, los cambios de función y de grado profesional, el sistema de sanciones y la evaluación del rendimiento deben «estar siempre sujetos al principio del control humano». Los interlocutores sociales europeos del sector bancario animan encarecidamente a los interlocutores sociales sectoriales a nivel nacional a hacer suya esta declaración conjunta, así como a los actores a nivel de empresa, incluidos los comités de empresa europeos (véase el comunicado).

Gas : en un comunicado, las federaciones sindicales europeas IndustriAll Europe y FSESP lamentan que, tras nueve meses de negociaciones entre los interlocutores sociales de la UE en el sector del gas, la patronal Eurogas no haya adoptado el acuerdo de transición justa negociado por las delegaciones patronal y sindical. Este texto debía obligar a las empresas a elaborar «planes de transición justa» para anticipar el impacto de la transformación ecológica sobre los empleos y las competencias, ofrecer una formación de calidad y organizar las transiciones de un empleo a otro.

Prevención de trastornos musculoesqueléticos : se publicó un real decreto del 19 de marzo de 2024 relativa a la ergonomía en el trabajo y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo en el Moniteur belge (su Boletín Oficial del Estado) el pasado 15 de mayo de 2024. Este texto introduce por primera vez un título en el Código de Bienestar en el Trabajo que define varios conceptos y principios generales relacionados con la ergonomía en el trabajo y la prevención de los TME. Los empresarios deben tener en cuenta las consideraciones ergonómicas a la hora de diseñar y equipar nuevos puestos de trabajo, así como de adaptar los ya existentes. Deben aplicar una política de prevención basada en un enfoque global que tenga en cuenta los distintos factores de riesgo (véase el comunicado).

Reclasificación como asalariado : en tres decisiones publicadas recientemente (nº 267, 268 y 270), la Comisión de la relación de trabajo (CRT) del Servicio Público Federal de la Seguridad Social declara que tres repartidores de Uber Eats deben ser reclasificados como asalariados. Esta decisión sólo es vinculante para determinadas instituciones públicas, como la Oficina Nacional de la Seguridad Social (ONSS) o la caja encargada de los autónomos (pero puede servir de inspiración a los tribunales).  En concreto, la Comisión constata un «cierto número de limitaciones a la libertad de los repartidores a la hora de realizar su trabajo». Además, «estas limitaciones entran en juego en un momento en el que el servicio de reparto, por su naturaleza poco complicada y en gran medida estandarizada, deja muy poco margen a la libertad organizativa».

Lucha contra el dumping social : el pasado 23 de mayo, los partidos de la coalición gubernamental y varios partidos de la oposición adoptaron un acuerdo sobre el refuerzo de la lucha contra el dumping social, que conducirá a la elaboración de varios proyectos de ley de aquí a finales de 2025. Los signatarios, que constatan que uno de cada ocho asalariados es extranjero, consideran que los asalariados extranjeros «no deben trabajar en condiciones inaceptables». Ahora bien, la Autoridad del Entorno Laboral ya no puede hacer frente a las reiteradas infracciones de la legislación en materia de salud y seguridad, sobre todo en el sector de la construcción. El objetivo no es otro que dotarla de más medios, como permitirle suspender el trabajo de las empresas y sus subcontratistas en una obra, realizar controles más regulares de las empresas que ya han sido sancionadas o poder suspender a un contratista en caso de infracciones graves y repetidas. Por otro lado, el acuerdo también establece unos requisitos mínimos para el alojamiento de los trabajadores, siendo la Autoridad del Entorno Laboral la encargada de supervisar su cumplimiento. El alojamiento será supervisado por la Inspección de Trabajo mediante un enfoque basado en el riesgo, que también incluirá controles aleatorios (véase el comunicado).

Creación tras una escisión : tras fusionarse en 2017, los grupos petrolero y gasístico estadounidense FMC y francés Technip se escindieron en 2021 con la creación de dos empresas, TechnipEnergies, que asumió las actividades de ingeniería y tecnología, y TechnipFMC, que conservó las actividades submarinas y renegoció un acuerdo de comité de empresa europeo (véase IR Notes 227). El acuerdo del CE europeo de TechnipEnergies (6.316 asalariados) se concluyó el 14 de diciembre de 2023, bajo la égida de la ley francesa, aunque la sede social esté en los Países Bajos. Lo que los signatarios pretenden es garantizar que el comité sea «debidamente informado y consultado, de manera adecuada y a su debido tiempo, con un efecto útil». Sus costes de funcionamiento son cubiertos por el grupo dentro del límite de un presupuesto de 25.000 euros anuales, que no son acumulables. El comité es consultado en circunstancias excepcionales, ya sea para un plan de reducción de plantilla de al menos 80 empleados, o para otras operaciones en las que se vean afectados al menos 500 empleados en al menos dos países, con al menos 50 empleados en cada uno.

Renovación : el pasado 5 de marzo, Geopost, la filial de paquetería del grupo La Poste (122.000 asalariados, de los cuales 46.335 en Europa), renovó su acuerdo de CE europeo. Tras una votación en 2021, el CE europeo abarca el Reino Unido (10.500 asalariados, principal delegación en el comité) y Suiza. Hay pocos cambios en comparación con el acuerdo original de mayo de 2008. Además de la reunión anual, el CE europeo cuenta con un presupuesto de 20.000 euros (excluidos los costes técnicos y de interpretación) para organizar una reunión anual de formación de dos días.