IR Notes

Los veintisiete han adoptado el pasado 8 de noviembre una Declaración sobre el nuevo Pacto Europeo de Competitividad, en una reunión informal del Consejo en Budapest, para sacar tres conclusiones de los informes «Mucho más que un mercado» («Much more than a market ») de Enrico Letta y «El futuro de la competitividad europea» de Mario Draghi (véase IR Notes 236). «Hemos oído sonar las alarmas en estos informes», destacan los dirigentes, que se proponen “colmar urgentemente las lagunas en materia de innovación y productividad, tanto en relación con nuestros competidores mundiales como en el seno de la UE”. Pero los dirigentes se muestran excesivamente prudentes en cuanto a los medios que se pondrán sobre la mesa. Reconocen que los retos «a los que nos enfrentamos en términos de competitividad requerirán inversiones importantes, movilizando tanto la financiación pública como la privada». Se citan los instrumentos habituales (marco financiero plurianual, unión de mercados de capitales, Banco Europeo de Inversiones) pero no se dice ni una palabra sobre un gran préstamo europeo, única palanca realista para financiar la innovación. Los dirigentes se limitaron a comprometerse a «reflexionar sobre el desarrollo de nuevos instrumentos» y a seguir «trabajando en la introducción de nuevos recursos propios». Este compromiso choca con el llamamiento de Mario Draghi a una inversión masiva de hasta 800.000 millones de euros al año para financiar la transición ecológica y digital y la defensa, para evitar que la Unión Europea «muera». A pesar de su división, los dirigentes elaboraron una hoja de ruta para dar un giro a la economía de la UE, solicitando a la Comisión Europea que actúe con rapidez: 1/ presentar, antes de junio de 2025, una nueva estrategia horizontal global sobre la profundización del mercado único, que incluya una hoja de ruta con calendarios y plazos claros; 2/ adoptar medidas decisivas para lograr una unión del ahorro y la inversión antes de 2026, y avanzar en la unión de los mercados de capitales urgentemente; 3/ que presente, con carácter prioritario, una estrategia industrial global para unas industrias competitivas y unos empleos de calidad; 4/ que aplique sin demora propuestas concretas para reducir las obligaciones de información de las empresas en al menos un 25 % en el primer semestre de 2025, así como la inclusión en sus propuestas de evaluaciones de impacto sobre las cargas administrativas y la competitividad. En cuanto al diálogo social, en lo que promete ser un periodo caótico marcado por una sucesión de anuncios de cierre de plantas, los Veintisiete se atienen a los servicios mínimos: la UE debe «aprovechar el talento europeo e invertir en competencias para fomentar empleos de calidad en toda la Unión», con el objetivo de hacer frente a la escasez de mano de obra y de competencias. Para ello, «nos esforzaremos por reforzar el diálogo social, defender la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades, de acuerdo con el conjunto de derechos sociales europeos», afirman los dirigentes. La ambición es débil y se alinea con las dos principales reivindicaciones de la patronal en materia de Europa Social: la reducción de la escasez de mano de obra y de competencias, y la pausa reglamentaria, o incluso el debilitamiento de los textos adoptados durante la legislatura anterior (directiva CSRD, deber de asistencia, transparencia salarial, etc.) en nombre de la reducción de las cargas y de la burocracia para no modificar la competitividad de las empresas europeas.

Directiva «plataforma» : el 11 de noviembre se publicó en el DOUE uno de los textos emblemáticos de la Comisión von der Leyen I: la Directiva (UE) 2024/2831 del 23 de octubre de 2024 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el contexto del trabajo a través de una plataforma (véase IR Notes 226). Por un lado, esta directiva, introduce una presunción de estatus asalariado para los trabajadores de las plataformas digitales en cuanto se observen «hechos que prueben el control y la dirección» (artículo 5 § 1). Por otro lado, concede nuevos «derechos digitales» a los trabajadores de las plataformas, ya sean autónomos o reconocidos como asalariados, en lo que respecta a la gestión algorítmica (véase Platform work). Además, el texto invita a los Estados a adoptar «medidas apropiadas para promover el papel de los interlocutores sociales y fomentar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el contexto del trabajo a través de una plataforma».

Rebelión patronal contra la debida diligencia : la adopción de la directiva 2024/1760 del 13 de junio de 2024 sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad (véase IR Notes 226) sigue siendo un punto delicado para los empresarios (véase Due diligence). Apoyado por el informe de Mario Draghi (véase IR Notes 236), que considera que «el marco europeo de información sobre desarrollo sostenible y la debida diligencia es una fuente importante de carga reglamentaria», 27 asociaciones y organizaciones patronales, entre ellas BusinessEurope y SME United, publicaron el 5 pasado de noviembre una declaración conjunta titulada «Hacia una normativa europea sobre la debida diligencia aplicable a todos», en la que subrayan su preocupación por las fases de aplicación y transposición de la directiva. En su opinión, el objetivo de la Comisión de reducir y simplificar las cargas administrativas debería llevar a: 1/ poner en marcha inmediatamente una evaluación completa de la competitividad de la Directiva en consulta con las empresas y sus organizaciones profesionales, con el fin de identificar y abordar las áreas prioritarias de simplificación, clarificación y reducción de cargas; 2/ adoptar directrices y legislación de aplicación al menos dos años antes de que el cumplimiento de la legislación sea obligatorio o ampliar el periodo de transición; 3/ armonizar y garantizar la interoperabilidad de las normas es esencial para apoyar la competitividad de Europa y garantizar el correcto funcionamiento del mercado único. Además, las organizaciones patronales piden a la Comisión que supervise de cerca las medidas de transposición, al tiempo que se coordina con los Estados miembros para garantizar que las divergencias con la directiva se reducen al mínimo. Advierten que no seguir estas recomendaciones «pondría en peligro una vez más la competitividad europea». Antes del Consejo informal de Budapest, las organizaciones patronales citaron también la aplicación de la directiva sobre transparencia salarial como ejemplo de carga informativa excesiva.

Reestructuración : el 5 de noviembre, la Comisión Europea propuso destinar 700.000 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para financiar planes y así ayudar a los 632 empleados despedidos por Purmo (maquinaria) y Sappi (papel) a encontrar un nuevo empleo (véase European Globalisation Adjustment Fund). El coste total de estas medidas de apoyo, destinadas a trabajadores principalmente poco cualificados y mayores de 50 años, se estima en 1,2 millones de euros, el 60 % de los cuales correrá a cargo del FEAG (véase el comunicado de prensa). El pasado 16 de septiembre, la Comisión anunció además una ayuda de 2,7 millones de euros para 365 trabajadores despedidos en Bélgica por la cadena de distribución Match-Smatch (véase el comunicado de prensa).

Gobernanza económica de la UE : el pasado 22 de octubre, los interlocutores sociales europeos, a la excepción de BusinessEurope, adoptaron una Declaración en la que solicitan una mayor participación de los interlocutores sociales en la gobernanza económica y el Semestre Europeo, en aplicación del Reglamento 2024/1263 de 29 de abril de 2024 sobre la coordinación efectiva de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral (véase European Semester). Los signatarios piden a las instituciones europeas «que adopten las medidas necesarias para que la participación significativa y adecuada de los interlocutores sociales a nivel europeo quede consagrada en un reglamento europeo». Por ejemplo, en el contexto de la convergencia social, los interlocutores sociales a nivel europeo y sus miembros nacionales en los países sometidos a una segunda fase de análisis deberían ser consultados «con la debida antelación» para que puedan expresar su opinión sobre la existencia de desequilibrios sociales y sus posibles soluciones.

Gas : las federaciones sindicales europeas IndustriAll Europa y FETSP han denunciado la negativa de la patronal Eurogas a firmar el proyecto de acuerdo marco europeo para una transición justa en el sector del gas validado por los negociadores a principios de año y aprobado por las ejecutivas de las dos federaciones en marzo (FETSP) y abril (IndustriAll) (véase el comunicado de prensa de IndustriAll y de FETSP). El texto, resultado de las negociaciones iniciadas en julio de 2023 con vistas a su transposición mediante una directiva europea, establece requisitos mínimos para una transición justa, como la adopción de un «plan de transición socialmente equitativo con la plena participación de los representantes de los trabajadores». Este plan de transición justa, vinculado al plan de descarbonización, «identifica y especifica las necesidades en materia de empleo y competencias, así como las medidas sociales de acompañamiento para promover el empleo y los puestos de trabajo de calidad a lo largo de la transición, incluida la planificación estratégica de los puestos de trabajo y las competencias y las políticas de formación correspondientes». Sin embargo, Eurogas rechazó firmar el texto, alegando el secretario general de la organización, Andreas Guth, la «dificultad de alcanzar un consenso en una organización con más de un centenar de miembros». Pero esta explicación no convence al portavoz de la FETSP, Can Kaya, preocupado por la propensión de las organizaciones patronales a negarse a firmar acuerdos vinculantes, tras el reciente fracaso de las negociaciones interprofesionales sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión (véase IR Notes 219).

Papel : los interlocutores sociales europeos del sector papelero (180.000 empleados en la UE) adoptaron el pasado 8 de noviembre una declaración conjunta a favor de un «pacto industrial europeo para garantizar empleos de calidad en el sector europeo de la pulpa y el papel». Los firmantes demandan una política industrial fuerte para garantizar una transición justa, al tiempo que se desarrolla «un programa de reciclaje y mejora de las competencias».

Riesgos psicosociales : con motivo de la campaña europea lanzada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) a favor de lugares de trabajo seguros y saludables en la era de la digitalización, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) destaca que este objetivo no puede alcanzarse sin reforzar la legislación comunitaria con la adopción de tres directivas: 1/ sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión, para la que la CES solicita a la Comisión que inicie la segunda fase de consulta; 2/ sobre la lucha contra el estrés en el trabajo, «que es la causa de más del 40 % de los casos de depresión en la UE y el Reino Unido y cuesta a la economía europea 620.000 millones de euros al año»; 3/ sobre la IA en el trabajo, que defenderá el principio de «poner a las personas al volante» (véase el comunicado de prensa).

Fin de la impunidad de las prácticas antisindicales : el 24 de octubre, el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley destinado a reforzar el respeto de los convenios colectivos y los comités de empresa (véase el comunicado de prensa). En la actualidad, cualquier acto antisindical sólo se persigue previa denuncia. Uno de los objetivos de la nueva ley es convertir en delito penal cualquier infracción relacionada con el uso de tácticas intimidatorias contra los comités de empresa, transformando el artículo 119 de la BetrVG (ley alemana de representación del personal) en un delito de oficio.

• Agentes biológicos : un Real Decreto del 6 de octubre, publicado el 21 de octubre, adapta las disposiciones del Código de Bienestar en el Trabajo en materia de agentes biológicos, en particular en lo que se refiere a la exposición involuntaria de los trabajadores a un agente biológico (véase el comunicado de prensa).

Fusión sindical : el 5 de noviembre, la principal confederación sindical luxemburguesa, la OGBL, votó por unanimidad la fusión de dos de sus sindicatos, el químico y el metalúrgico, creando el sindicato «Industria» de la OGBL (véase el comunicado de prensa). Su objetivo es reforzar la presencia del sindicato en el sector industrial. Los delegados adoptaron un programa de trabajo quinquenal para «reforzar los convenios colectivos y mejorar las condiciones de trabajo».

El hacha de guerra queda enterrada : tras años de conflicto, la dirección de Adecco Group y su Comité de Empresa europeo firmaron el pasado 22 de octubre un nuevo acuerdo sobre los comités de empresa europeos y el diálogo social. El acuerdo, que considera que el valor añadido del CE europeo es «permitir que se adopten mejores decisiones de gestión gracias a que se tiene en cuenta la voz de los trabajadores», abarca tanto a los cerca de 46.000 empleados fijos de la empresa como a los trabajadores temporales que tienen un contrato de trabajo con una de las entidades del Grupo. Desde el punto de vista geográfico, fuera del Espacio Económico Europeo, abarca el Reino Unido, Suiza y ahora Serbia. El comité, que cuenta con 36 miembros que representan a 24 países, tiene un doble sistema de votación inspirado en el Consejo de la UE: un dictamen debe ser aprobado por la mayoría de los miembros, que representan a la mayoría de los empleados, y cada miembro tiene un peso «electoral». En los países donde no existe un representante de los trabajadores, la elección de los miembros por parte de todos los trabajadores se realiza por norma mediante votación secreta. Se prevé un procedimiento en caso de duda sobre el proceso de designación, con suspensión del mandato del representante. Para evitar el fenómeno de los miembros «fantasma», el convenio estipula que tras dos ausencias sucesivas injustificadas a una de las reuniones del comité de empresa europeo, se suspenderá el mandato y se otorgará al suplente. El comité de empresa pedirá entonces a los trabajadores del país que designen a un nuevo miembro. Existe una disposición muy precisa que establece el papel de los miembros. El acuerdo incluye definiciones de información y consulta más elaboradas y explícitas que las de la directiva, y también permite al CE europeo adoptar un dictamen sobre cualquier tema transnacional sobre el que no haya sido consultado de conformidad con el acuerdo, pero que los miembros hayan considerado pertinente y de importancia transnacional. El procedimiento de consulta en caso de circunstancias excepcionales es detallado, con un calendario, y especifica que la dirección «no podrá aplicar la(s) decisión(es) mediante medidas irreversibles hasta que se hayan completado los pasos» establecidos en el calendario. Una cláusula prevé diferentes niveles de confidencialidad. En caso de denuncia, la norma es que el CE europeo siga en funciones hasta que se concluya un nuevo acuerdo. Una cláusula de resolución de conflictos comprende varias etapas, con una fase amistosa, el recurso a la mediación y, por último, al arbitraje previsto por la legislación irlandesa, con la elección del árbitro para acelerar el procedimiento. En cuanto a los recursos, el comité puede crear grupos de trabajo y recurrir a expertos de su elección, pagados por el empresario, para que le proporcionen asesoramiento jurídico, conocimientos financieros, experiencia en relaciones laborales o coaching.

Refuerzo del acuerdo global : el pasado 4 de noviembre, el grupo bancario francés BNP Paribas (182.656 empleados) y la federación sindical internacional UNI Global Union renovaron su acuerdo marco mundial firmado en 2018. El nuevo acuerdo integra los cambios en los modelos de trabajo definiendo principios comunes para un teletrabajo justo y sostenible, al tiempo que garantiza que «se mantiene una presencia mínima in situ para preservar los lazos sociales, la eficacia colectiva y el trabajo colaborativo». El texto establece los derechos y obligaciones que rigen el teletrabajo, incluido el derecho a la desconexión. Es uno de los primeros acuerdos que aborda el uso de la IA generativa, con el objetivo de apoyar a los empleados en el desarrollo de sus competencias y en el despliegue de la inteligencia artificial generativa de forma segura y ética. El grupo especifica las actividades afectadas por la IA y explica que está «comprometido con un enfoque industrial para sacarle el máximo partido en términos de creación de valor». La IA generativa es «una nueva herramienta adicional para ayudar en tareas específicas», con campos de aplicación que «allanan el camino para transformaciones significativas que el grupo acompañará». Otra parte del acuerdo se refiere al apoyo a la paternidad y a la conciliación de la vida laboral y familiar, con la introducción de un permiso de paternidad retribuido y un permiso para el cuidado de los hijos de al menos 6 días. Por otro lado, cada empleado tiene derecho a un máximo de 5 «días de flexibilidad» no remunerados al año, que podrá tomar como jornadas completas o medias jornadas, para permitir a los empleados gestionar las ausencias relacionadas con su vida personal. Los signatarios incluyen en el acuerdo el programa «We Care» lanzado unilateralmente por la dirección en 2021, que propone en particular cubrir a todos los asalariados con un seguro de fallecimiento, incapacidad e invalidez y gastos de salud, a lo que se añaden acciones a favor de la salud mental con la generalización de un sistema de escucha y apoyo psicológico (con la ambición de poder ofrecerlo al 100 % de los asalariados frente al 84 % actual). También refuerzan las disposiciones sobre la violencia en el lugar de trabajo y el acoso, al tiempo que añaden el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar, «que es a la vez un factor de desigualdad en el lugar de trabajo y un obstáculo para la igualdad profesional entre mujeres y hombres». Cabe señalar que el acuerdo reconoce a UNI Global Union como socio de BNP Paribas en la aplicación de su plan de cumplimiento (véase el comunicado de prensa de UNI Global Union y BNP Paribas).