IR Notes

“En una reunión organizada por el presidente de la Comisión Europea, el Sr. Jacques Delors, […] el día 31 de enero de 1985 el diálogo social europeo iniciaba su andadura.” Así comienza el dossier elaborado por el Jacques Delors Institute y rubricado por el antiguo vicesecretario general de la Confederación Europea de Sindicatos Sr. Jean Lapeyre (1991–2003). Este informe repasa la historia del diálogo social en Europa y concluye con una serie de recomendaciones para “revitalizar y fortalecer el diálogo social” actual. Entre ellas se incluye la creación de un marco legal para “acuerdos autónomos” entre los agentes sociales (es decir, acuerdos suscritos a iniciativa de dichos agentes sin la participación de la Comisión Europea), que cuenten con un órgano independiente de conciliación y arbitraje. También la creación de una secretaría europea para el diálogo social financiada por la UE, que garantice los medios suficientes para el correcto funcionamiento y desarrollo del diálogo social; o el establecimiento de un diálogo social específico para la zona euro.  Propuestas todas ellas que podrían discutirse durante la reunión de alto nivel que el 5 de marzo celebrará la Comisión Europea en Bruselas con representantes de los agentes sociales europeos. Esta reunión se centrará en cuatro puntos básicos: 1. Mayor implicación de los interlocutores sociales en la gobernanza económica tanto a nivel europeo como nacional. 2. Mayor participación de los agentes sociales en el diseño de las políticas sociales europeas (p. ej., movilidad de los trabajadores, incorporación al mercado laboral) y también en otros ámbitos, como la unión energética o el mercado único digital. 3. Reforzar los acuerdos europeos suscritos por los interlocutores sociales, especialmente cuando se trate de “transponerlos” mediante una directiva europea. 4. Impulsar el diálogo social en los países miembros con soporte financiero de la Unión. La Comisión tiene previsto revisar sus líneas de financiación del diálogo social y de las relaciones laborales y priorizar los proyectos impulsados por los agentes sociales europeos. En este sentido, el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker ha anunciado que quiere ser el “presidente del diálogo social”; el año 2015 lo dirá.

> Véase también la página monográfica de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) así como el informe en el blog de Christian Welz sobre la reunión constitutiva del diálogo social europeo el 31 de enero de 1985 en el castillo de Val Duchesse (en inglés).

• Régimen fiscal de las sociedades matrices y filiales: La Directiva (UE) 2015/121 del 27 de enero de 2015 por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes se ha publicado en el Diario Oficial de la UE. Esta directiva prevé impedir las prácticas abusivas que se están produciendo en relación con la exención de la retención en origen de los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices.

• Ampliación de la prefinanciación para programas de empleo juvenil: El 4 de febrero la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento (en inglés) para aumentar los anticipos concedidos a los estados miembros que están acometiendo programas de empleabilidad juvenil. Cuando esta propuesta sea aprobada por el Consejo y por el Parlamento Europeo se liberarán en 2015 de forma inmediata 1.000 millones de euros. Esto significa que los medios de prefinanciación de la Iniciativa de Empleo Juvenil pueden aumentar un 30% este año y llegar a un total de hasta 650.000 jóvenes (véase comunicado de la Comisión, y su Hoja Informativa de preguntas y respuestas (otros idiomas IT PT EL PL). Este incremento corrige uno de los múltiples puntos débiles que presenta la Garantía Juvenil : las cantidades movilizadas por los estados miembros se computan en el déficit presupuestario, de modo que los países con las tasas de desempleo juvenil más elevadas no están interesados en implantar el plan. Ahora, estos anticipos permiten incurrir en gastos sin que ello lastre los presupuestos nacionales.


• Recursos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: El pasado 3 de febrero la Comisión Europea propuso asignar un total de 8,7 millones de euros a Grecia para ayudar a 1.633 trabajadores despedidos del sector de los medios de comunicación a encontrar un nuevo empleo (véase comunicado de la Comisión, en inglés).

• El Tribunal de Justicia no es competente para decidir sobre la validez de un período de prueba de un año: El Tribunal de Justicia ha recibido una petición de decisión sobre la conformidad de una de las medidas centrales de la reforma laboral llevada a cabo en España en el año 2012 con el Derecho de la Unión. El caso hace referencia al derecho del empleador de rescindir en cualquier momento y sin justificación alguna durante el período de prueba de un año una relación laboral enmarcada en el nuevo “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores” (TJUE, 5 de febrero de 2015, en el asunto C-117/14, Nisttahuz Poclava). El juzgado español ante el cual una trabajadora había presentado una demanda por despido improcedente durante el período de prueba envió una petición de decisión al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronunciara sobre si existía una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Convenio n.º 158 de la OIT, de la Carta Social Europea y de la Directiva 1999/70 de 28 de junio de 1999 sobre contratos de trabajo de duración determinada. El Comité Europeo de Derechos Sociales había presentado en enero un informe que consideraba esta disposición contraria a la Carta Social Europea; sin embargo, el Tribunal de Justicia se declara —y con razón— no competente en este asunto. Esto es así porque la Carta de Derechos Fundamentales solo afecta a aquellos textos destinados a la aplicación del Derecho de la Unión. El contrato en litigio no puede considerarse un contrato de trabajo de duración determinada y, por tanto, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70. El Tribunal de Justicia señala además que no es competente para pronunciarse en materia de interpretación de normas de Derecho internacional excluidas de la esfera del Derecho de la Unión.  No existen otras disposiciones sobre el período de prueba en el Derecho de la Unión.  “El derecho de rescisión se desprende del derecho laboral de la UE; es una de sus debilidades”, señala Jean-Philippe Lhernould, profesor de la Universidad de Nantes.


• Precisiones sobre la Directiva de despidos colectivos: El Abogado General del Tribunal de Justicia ha presentado sus conclusiones sobre tres asuntos referidos a la Directiva sobre despidos colectivos (TJUE, 5 de febrero de 2014, en los asuntos C-182/13, C‑392/13, C‑80/14). La cuestión que se plantea es cuál es el alcance exacto en un despido colectivo del concepto “centro de trabajo” al que se hace referencia en el artículo 1, apartado 1, letra a), (2) de la Directiva 98/59. El Tribunal de Justicia podría pronunciarse sobre este asunto antes de que acabe 2015.


• Cómputo de los tiempos de servicio antes de los 18 años de edad: Casi seis años después del asunto Hütter (TJUE, 18 de junio de 2009, en el asunto C-88/08), el Tribunal de Justicia ha dictado de nuevo sentencia sobre un caso austríaco en el que, para calcular la fecha de referencia a efectos de promoción, no se ha computado el período de aprendizaje del trabajador antes de cumplir 18 años (TJUE, 28 de enero de 2015, en el asunto C-417/13, ÖBB Personenverkehr AG c./G. Starjakob). El Tribunal señala que “mientras no se haya adoptado un sistema que suprima la discriminación en función de la edad de forma ajustada a lo previsto por la Directiva 2000/78” se concederá a los trabajadores desfavorecidos las mismas ventajas concedidas a los trabajadores que se han encontrado en una situación análoga.

• Suspensión de la aplicación del salario mínimo en el transporte en tránsito: La ministra de Trabajo Andrea Nahles ha decidido posponer la decisión sobre la aplicación del salario mínimo vigente en Alemania desde principios de año a los transportistas de otros estados miembros que se encuentren en tránsito por Alemania (véase comunicado, en alemán). La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) había exigido una moratoria inmediata (véase comunicado, en inglés). Por el contrario, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) opina que la medida de aplicación es conforme con el derecho de la Unión y recuerda que, mientras no exista ninguna política europea de lucha contra el dumping social, los países seguirán adoptando soluciones a escala nacional para combatir el fraude social en el sector transportes (véase Eurofound (2015) “EurWORK topical update – Pay – Q4 2014 – Statutory minimum wages in 2015“). La Comisión está realizando actualmente una investigación preliminar para verificar si esta medida es compatible —algo muy cuestionable en nuestra opinión— con el derecho comunitario, especialmente en lo que al principio de la libre prestación de servicios se refiere.

• Programa para desempleados que no perciben ningún tipo de prestación: El gobierno ha promulgado un Real Decreto-ley (en español) que ha sido muy bien recibido por los interlocutores sociales y que permite a las personas desempleadas que se han quedado sin ayudas participar durante seis meses en “Programas de Activación” y percibir 426 euros al mes.

• Financiación de los interlocutores sociales: El fondo de financiación previsto por la Ley N.º 2014-288 del 5 de marzo de 2014 para las organizaciones patronales y sindicales ha sido creado mediante decreto-ley de 31 de enero de 2015. Este fondo está destinado a financiar aquellas actividades de los interlocutores sociales que sean de interés general (gestión de organismos paritarios, formación de representantes de los trabajadores, etc.). La financiación está asegurada mediante una contribución de las empresas privadas (0,016% de la masa salarial) y del Estado. El decreto regula la organización y el funcionamiento del fondo así como las normas de reparto de los recursos. Esta iniciativa pretende poner fin a la opacidad de los canales de financiación de los agentes sociales.

• Enmiendas al Código de Trabajo: El pasado 6 de febrero el gobierno aprobó un proyecto de ley (véase comunicado, en francés) destinado a 1) garantizar la conformidad de la legislación con el derecho de la Unión mediante la inclusión del concepto de “cambio de sexo” en las disposiciones legales generales contra la discriminación, el derecho laboral y la legislación aplicable a los funcionarios; 2) en el caso de fusiones empresariales transfronterizas, otorgar a los trabajadores de fuera de Luxemburgo los mismos derechos de participación que los trabajadores que trabajaban en territorio nacional antes de la fusión. El gobierno ha aprobado además un borrador de reglamento para la implantación de la Directiva 2010/32 de 10 de mayo de 2010 para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario.
  
  > Encontrará más información sobre derecho laboral en el boletín Newsletter European Labour Law Network (en inglés) y sobre negociaciones colectivas en el boletín Collective Bargaining newsletter (en inglés) del Instituto Sindical Europeo.

IndustriAll presenta sus nuevas directrices para la negociación de acuerdos transnacionales: El pasado 6 de febrero la organización sindical global IndustriAll Global Union presentó sus nuevas Directrices de los Acuerdos Marco Globales. Además de hacer referencia a los derechos sociales fundamentales garantizados en diversos textos internacionales, un acuerdo marco global deberá 1. cubrir todas las actividades de la empresa en todo el mundo, sin excepción; 2. obtener un compromiso firme e inequívoco de que los proveedores y subcontratistas adoptarán normas similares para sus trabajadores; 3. obtener de la empresa el compromiso de otorgar a los sindicatos un trato positivo, de abstenerse de adoptar medidas antisindicales y de mantener una posición estrictamente neutra en relación con la preferencia manifestada por los empleados de ingresar o no en una organización sindical; 4. otorgar a los representantes sindicales un acceso razonable al centro de trabajo; 5. incorporar un mecanismo eficaz para asegurar su aplicación y un procedimiento obligatorio de solución de controversias. Se creará un grupo de trabajo permanente para revisar los acuerdos marco globales vigentes actualmente y confeccionar un informe anual sobre la situación general de los acuerdos suscritos. Los acuerdos deberán traducirse a todos los idiomas hablados en la empresa y ponerse a disposición de trabajadores, directivos, proveedores y contratistas. Estas directrices se recogen ya en el acuerdo marco global del grupo Total suscrito el pasado 22 de enero.

• Areva: Para simplificar la supervisión de los acuerdos europeos suscritos entre el grupo Areva y la federación sindical europea IndustriAll Europe (*), ambas partes han adoptado un nuevo acuerdo europeo que apuesta por la gestión conjunta de los acuerdos existentes. El borrador de acuerdo —que deberá ser ratificado por los sindicatos representados en el grupo y los miembros de la federación— establece que el diálogo social ha de abordar la “orientación estratégica del grupo” a fin de poder anticipar “las repercusiones previsible sobre el empleo, las profesiones y las cualificaciones”. El texto insiste asimismo en el reconocimiento de las competencias adquiridas en el ejercicio de un mandato como representante del personal así como en la igualdad de trato entre estos representantes y el resto de asalariados.(*) El acuerdo sobre igualdad de oportunidades y su modificación y el acuerdo sobre gestión de puestos y competencias están disponibles en IR Share.


• Scor: El 29 de enero de 2015 la compañía reaseguradora francesa Scor SE (2.300 trabajadores en 11 estados miembros) aprobó con los miembros del comité de empresa común (CECC, Common European Companies Committee) de las cuatro sociedades europeas que componen Scor SE una carta europea para la igualdad profesional entre hombres y mujeres. La carta aborda todos los aspectos relacionados con la igualdad de trato en las relaciones laborales (contratación, formación, evolución salarial, maternidad) y sienta las bases para adoptar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del acuerdo (red de mujeres, mentoring, campañas de concienciación, etc.). De este modo, “todos los empleados podrán dar lo mejor de sí y mejorar con ello la calidad de vida en el trabajo en todos los aspectos”, explica Roberta Iorizzo-Fard, representante del comité de empresa común.

• Dana: El nuevo acuerdo de CEE (en alemán), suscrito el 18 de noviembre de 2014 por la dirección de la empresa auxiliar automovilística norteamericana Dana (5.325 empleados en Europa) y el presidente del CEE, establece que las “cuestiones transnacionales” son aquellas que afectan a dos sociedades en dos estados miembros y también aquellas que tienen repercusiones considerables para los empleados europeos, independientemente del número de países afectados. Para convocar una reunión extraordinaria, la petición del CEE en este sentido tiene que estar respaldada por representantes de los trabajadores que representen al menos a dos países y al 25% de los trabajadores.

• Salario mínimo: La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha publicado un artículo sobre el salario mínimo en Europa (en inglés) con fecha 1 de enero de 2015 en el que se compara el salario mínimo legal actual en 22 estados miembros con la situación del año 2014. La fundación se atreve asimismo a indicar la evolución “real” del salario mínimo teniendo en cuenta la inflación y determina que ha retrocedido en cinco países.


• Indemnizaciones por despido: La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha publicado un comentario general sobre las indemnizaciones legales por despido dentro de la UE.


• Efectos de las sanciones sobre Rusia: La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha publicado en el marco de su informe trimestral sobre reestructuraciones un análisis breve (en inglés) sobre la pérdida de puestos de trabajo en la UE a raíz de las sanciones impuestas a Rusia.

El Priorato de Herzoginnental —o Val Duchesse— está situado en el municipio de Auderghem, al sur de Bruselas, en el bosque de Soignes. En este marco idílico nacía el 31 de enero de 1985 el diálogo social europeo por iniciativa del entonces presidente de la Comisión Europea Jacques Delors. En el “proceso de Val Duchesse” que surgiría de este encuentro los representantes sindicales y patronales se convirtieron en actores determinantes para la elaboración de la legislación europea en el marco de la construcción del mercado único.