IR Notes

Durante la reunión anual de los corresponsales nacionales de Eurofound (Nota del editor: de la que forma parte IR Share, editor de IR Notes), el 10 de abril intervino un panel de investigadores para debatir sobre la crisis del sector automovilístico y se puso de relieve los desiguales impactos de las transformaciones que está registrando todo este sector (véase Employment in the EU’s automotive sector). Mientras que en algunos países, como Bélgica o Italia, se está produciendo un colapso en el número de plantas de producción, en otros continúan prosperando. En la década de los 2000, Bélgica producía más de un millón de vehículos y la producción actual apenas roza las 240.000 unidades al año. Los cierres de las plantas de Audi y Renault han afectado gravemente al país. En Italia, la producción anual pasó de casi dos millones de vehículos en 2018 a 591.000 vehículos en 2023. La situación de Stellantis, la principal empresa del sector en Italia, es preocupante (véase el artículo de la revista de la CGIL). En los Países Bajos, las exportaciones cayeron más de un 20 % entre 2018 y 2022. La investigación puso de relieve un caso especialmente llamativo: el cierre de VDL Nedcar en la ciudad de Born (Limburgo). Con 4000 puestos de trabajo perdidos, la ciudad se ha visto profundamente afectada, y los interlocutores sociales han desempeñado un papel crucial para mitigar el impacto de estas pérdidas y se han centrado en ofrecer asesoramiento jurídico, formación y apoyo. Este declive se debe en gran medida a la transición a los vehículos eléctricos y a la deslocalización de la producción.
Mientras tanto, el sector automovilístico sigue prosperando en Hungría, Rumanía y la República Checa. En estos países, este sector representa una parte importante del PIB (entre el 8% y el 9%) y de la mano de obra industrial. En Hungría, el sector representa el 25% de la producción manufacturera y emplea a 150.000 personas, es decir, casi el 4% de la población activa. Hungría también realiza importantes inversiones en la producción de baterías, que empleaba a 8100 trabajadores en 2024, frente a los 1500 de 2019. Sin embargo, la disminución de la demanda de vehículos eléctricos podría tener consecuencias imprevisibles para el futuro del sector. Además, según la investigadora Nora Krokovay, la mano de obra no está exenta de riesgos: gran número de trabajadores no cualificados, falta de inversión en formación, política de acogida de “trabajadores invitados” y adopción generalizada del trabajo a tiempo parcial. Todas estas condiciones crean un entorno frágil para el diálogo social, en opinión de la experta. La situación no es muy distinta en Rumanía: con 160.000 trabajadores, el sector representa una parte significativa de la industria manufacturera. Las fábricas pertenecen principalmente (en casi un 90%) a los fabricantes de equipos para automóviles (sobre todo de cableados). Si bien se trata de un sector próspero, la pandemia de Covid-19 fue un duro varapalo ya que este tipo de producción, muy intensiva en mano de obra, es especialmente sensible a los cierres impuestos por los confinamientos. A diferencia del caso húngaro, la electrificación está atrasada. La falta de interés en políticas nacionales que alienten a las empresas a explorar este nuevo campo podría suponer un problema a medio plazo para Rumanía. En el caso de la República Checa, el sector emplea a 180.000 trabajadores directamente y a 500.000 en los proveedores de equipos y la clave radica en invertir en formación a todos los niveles, con empresas, siendo el ejemplo más claro Skoda que cuenta con su propia universidad. El Gobierno checo está poniendo en práctica políticas para hacer frente a los desafíos actuales, como el plan de acción nacional para la movilidad limpia. Sin embargo, la competitividad de estos tres países se ve amenazada por el auge de nuevos países de bajo coste como Serbia, Moldavia y Marruecos.

CRSD y deber de vigilancia : Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados dieron un giro el 3 de abril al apoyar la propuesta de la Comisión de posponer la entrada en vigor de las nuevas normas sobre el deber de vigilancia y los informes de sostenibilidad a pesar de ser grandes defensores del Pacto Verde Europeo adoptado durante el primer mandato de la Comisión Von der Leyen (véase el comunicado). Para entrar en vigor, el proyecto de directiva debe recibir la aprobación formal del Consejo, que validó el mismo texto el 26 de marzo (véase el comunicado). Tras la ratificación del Consejo el 14 de abril, la directiva se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y tras su adopción formal por el Parlamento entrará en vigor.

Identificación de riesgos sociales en diez Estados miembros: : El pasado 10 de abril la Comisión Europea publicó la segunda fase del análisis por país del marco de convergencia social de 10 Estados miembros de la UE de conformidad con las nuevas reglas de gobernanza económica de la UE. En una primera etapa, los 27 Estados miembros deben identificar los riesgos potenciales para la convergencia social que requieren un análisis más profundo. Esta primera etapa se basa en los principales indicadores del cuadro del marcador social (véase Social scoreboard). La segunda etapa se centra en diez Estados miembros que, según el Informe Conjunto sobre el Empleo 2025, presentan riesgos para la convergencia social al alza. Los países afectados este año son Bulgaria, Estonia, Grecia, España, Croacia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Hungría y Rumanía. Los principales riesgos, que se detallan país por país, se refieren en particular a la población en situación de pobreza o exclusión social, la participación de los adultos en la formación, el abandono prematuro del sistema educativo o la integración de las personas con discapacidad. La Confederación Europea de Sindicatos ha expresado su punto de vista sobre siete países (véase el documento).

Traspaso de empresa : El pasado 3 de abril, el Tribunal de Justicia se dictó sentencia en un asunto belga que afectaba a la cadena de tiendas Wibra. En dificultades financieras desde hace varios años y afectada por la crisis de la Covid-19, en 2020 la empresa solicitó ser puesta en “reorganización judicial”, con un plan de reducción de 81 a 36 tiendas y la conservación de 183 empleados de un total de 439. El tribunal mercantil de Gante rechazó el plan básicamente ante el incumplimiento del convenio colectivo, ya que los sindicatos denunciaron la negativa de la dirección a abonar la paga de vacaciones y la prima de fin de año. La dirección se declaró inmediatamente en quiebra y al día siguiente puso en marcha el plan previsto y mantuvo 36 tiendas, con el acuerdo de los administradores. A tenor de la quiebra, todos los empleados fueron despedidos y 183 fueron recontratados. 60 antiguos trabajadores impugnaron el procedimiento y alegaron el incumplimiento de las obligaciones de información en caso de despido colectivo durante el procedimiento de reorganización judicial. El tribunal laboral de Lieja concedió 3500 euros a cada uno de estos trabajadores y recurrió al TJUE para saber si la nueva empresa Wibra debía pagar estas cantidades o si podía acogerse a la excepción al régimen de protección de los trabajadores establecido por la Directiva 2001/23 sobre traspasos de empresas, que permite no readmitir a los trabajadores en caso de quiebra. El Tribunal de Justicia invita al tribunal laboral de Lieja a que, antes de aplicar esta excepción, compruebe si el procedimiento de quiebra estaba “bajo la supervisión de una autoridad pública competente”, así como la ausencia de “un eventual recurso abusivo a un procedimiento de insolvencia” destinado a privar a los trabajadores de sus derechos (TJUE, 3 de abril de 2025, asunto C-431/23, Wibra).

Exposición a sustancias peligrosas : El pasado 27 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia en la que condenaba a Italia por no haber investigado de manera efectiva el caso de un antiguo trabajador de Ilva que murió de cáncer de pulmón. La familia del trabajador atribuía la enfermedad a la exposición profesional a sustancias tóxicas. Los tribunales italianos archivaron el caso por falta de pruebas suficientes ya que la empresa no había transmitido toda la información requerida y no se pudo reconstruir con certeza las actividades específicas realizadas por el trabajador. Este fue el motivo por el que no se pudo establecer con certeza la relación de causalidad. Sin embargo, el TEDH considera que, dado que el origen profesional de la patología no se había excluido a priori, la determinación de la exposición a la sustancia nociva que presentaba un vínculo causal con la patología del fallecido podría haber sido objeto de un examen más profundo por parte del juez de fondo con el fin de identificar a los responsables de posibles violaciones de las medidas de seguridad. Además, los tribunales nacionales no hicieron lo suficiente para establecer los hechos del caso y la decisión de cerrar la investigación tuvo una motivación sólida. La conclusión es una violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por insuficiencia de la investigación (véase el comunicado).

Construcción : El pasado 5 de marzo, los interlocutores sociales europeos del sector de la construcción adoptaron una declaración conjunta sobre la escasez de mano de obra y de competencias, en la que se reconoce que uno de los principales motivos de la escasez de mano de obra es la falta de atractivo del sector debido a “estereotipos negativos y condiciones de trabajo difíciles”. El texto subraya que los interlocutores sociales seguirán “promoviendo la calidad y las buenas condiciones de trabajo, como salarios justos, igualdad de trato, posibilidades de formación y modelos empresariales sostenibles, creando más empleos directos y evitando las largas cadenas de subcontratación” (véase el comunicado común).

Negociaciones de la nueva coalición : Las organizaciones patronales BDA, ZDH y BDI, así como la Cámara de Comercio DIHK, piden a la coalición CDU-CSU-SPD que aplique medidas ambiciosas para remediar los problemas estructurales de la economía alemana (véase el comunicado). Entre sus reivindicaciones figuran la reducción de las cargas fiscales y administrativas que recaen sobre las empresas, la contratación de trabajadores extranjeros cualificados para satisfacer la demanda del mercado laboral y la continuación de los trabajos de la comisión independiente sobre el salario mínimo (véase la declaración).

Intelligence artificielle : El servicio del mercado laboral de la Iglesia, la organización patronal KT, los sindicatos SAK, EK y STTK, así como el instituto nacional VTML, han presentado una posición común sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo (véase el comunicado). Estas organizaciones instan a la UE a establecer normas claras, invertir en el sector, fomentar la cooperación y garantizar la protección de los trabajadores.

Informe de sostenibilidad : El pasado 3 de abril el Parlamento adoptó definitivamente una ley destinada a armonizar diversos textos de la legislación francesa con la legislación europea. Este texto se adelanta a la adopción a nivel europeo del aplazamiento de la aplicación de la Directiva sobre las nuevas obligaciones de información en materia de sostenibilidad de las empresas (CSRD). De conformidad con la ordenanza nº 2023-1142 de 6 de diciembre de 2023, estas obligaciones son de aplicación desde el 1 de enero de 2025 para las empresas más grandes (principalmente las que cotizan en bolsa y las entidades de crédito y de seguros con más de 500 empleados). El resto de grandes empresas debían presentar el primer informe de sostenibilidad a partir del 1 de enero de 2026, pero el plazo se ha retrasado hasta el 1 de enero de 2028 (correspondiente al año 2027). Del mismo modo, las nuevas obligaciones no se impondrán a las PYME que cotizan en bolsa hasta el 1 de enero de 2029 (en relación con el año 2028) y no el 1 de enero de 2027. Además, la ley especifica que la información del Comité Social y Económico (CSE) en materia de sostenibilidad debe proporcionarse durante al menos una de sus consultas obligatorias sobre las orientaciones estratégicas de la empresa, su situación económica y financiera, y la política social de la empresa, las condiciones de trabajo y el empleo. No es necesario proporcionar la información en cada una de estas negociaciones obligatorias.

Código laboral : El 1 de enero de 2025 entraron en vigor importantes modificaciones en el Código Laboral de Lituania (véase el comunicado). Estos cambios incluyen el refuerzo de la prevención de las formas de violencia y acoso en el trabajo, así como una modificación del Código de Infracciones Administrativas. El objetivo es crear un entorno de trabajo más seguro y transparente, garantizar una mejor protección de los derechos de los trabajadores y mejorar las relaciones laborales.

Permiso de maternidad : El pasado 19 de marzo, una ley de reforma del código laboral instauró un permiso de maternidad adicional para los padres de recién nacidos prematuros u hospitalizados. Este permiso podrá durar 8 o 15 semanas, según cada caso, con derecho a una prestación del 100 %. Será accesible previa solicitud y abarca también a las familias adoptivas y a las familias de acogida.

Reforma del mercado de trabajo : El proyecto de ley de enmienda del Código Laboral que preparó el Gobierno checho en 2024 y que vino precedido de acaloradas discusiones con los interlocutores sociales, ha sido aprobado definitivamente por el Parlamento el pasado 9 de abril. El objetivo es aumentar la flexibilidad del mercado laboral, en particular simplificando el inicio y el fin de una relación laboral. Entre los cambios más destacados cabe citar los siguientes: 1) Ampliación del período de prueba de 3 a 4 meses (y de 6 a 8 meses para los directivos); 2) Reducción del plazo de preaviso, que ya no comenzará el primer día del mes siguiente a la entrega de la carta de preaviso sino a partir del día de la entrega de la carta; 3) Reducción de la edad a partir de la cual los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar en un trabajo de verano, de 15 a 14 años; 4) Introducción de la obligación de las empresas de mantener el puesto de trabajo original del trabajador durante el permiso parental y hasta que el niño cumpla dos años (hasta ahora, esta obligación solamente se aplicaba a la vuelta del permiso de maternidad); 5) Introducción de la posibilidad de pagar los salarios en moneda extranjera; 6) Ajuste de las prestaciones por desempleo: aumento de las prestaciones durante los primeros meses y reducción durante los últimos meses del período de indemnización, endurecimiento de las normas de acceso a las prestaciones y vinculación más estrecha con la recualificación, etc. Finalmente, la parte más controvertida del proyecto, a saber, la introducción de la posibilidad de despedir sin motivo, a la que se opusieron los sindicatos, no forma parte de la enmienda. Si el Presidente no veta el proyecto y lo firma, la enmienda podría entrar en vigor a partir de junio de 2025, a excepción de las modificaciones de las prestaciones por desempleo, que deben entrar en vigor a partir de 2026.