IR Notes

Como prueba de que el diálogo sectorial europeo es más fructífero que el diálogo social interprofesional, los interlocutores sociales europeos de varios sectores de actividad firmaron el 6 de mayo una versión revisada de las líneas directrices multisectoriales para la prevención y la lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo cometidos por terceros (véase Harassment and violence at work), tras seis meses de negociaciones (véase el comunicado común). Estas líneas directrices, que sustituyen a las de 2020, abarcan a 50 millones de trabajadores de los sectores de la administración central (incluidos los servicios penitenciarios), la administración local y regional, los hospitales, la educación y la hostelería y la restauración. Se ha prestado especial atención a la violencia de género, incluida la violencia doméstica, la digitalización y la ciberviolencia, la evaluación de los riesgos para la salud, el apoyo y la indemnización a las víctimas. Con motivo de la firma del documento, el secretario general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), Jan Willem Goudriaan, se comprometió a ir más allá en las próximas negociaciones del programa de trabajo del diálogo social interprofesional, con el fin de incluir la revisión del acuerdo autónomo sobre la violencia y el acoso (2007) para hacerlo jurídicamente vinculante, teniendo en cuenta la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo cometidos por terceros (véase el comunicado de la FSESP). El documento subraya los elementos clave de la política de prevención en este ámbito, las herramientas y medidas prácticas para evaluar los riesgos para la salud, así como las definiciones y principios destinados a promover una cultura de respeto y tolerancia cero hacia la violencia y el acoso. Un sitio web presenta ejemplos concretos de políticas y convenios colectivos. El texto, que merecería ser reconocido como un acuerdo europeo, puede servir de inspiración para otros actores del diálogo social, en particular a nivel de las empresas transnacionales y los comités de empresa europeos que desean prevenir los riesgos psicosociales y físicos relacionados con este fenómeno creciente.

Incumplimiento del Derecho de la UE : : la Comisión Europea envió el pasado 7 de mayo un dictamen motivado a Francia por incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 por el que se establecen normas comunes para el acceso al transporte internacional de mercancías por carretera. La Comisión considera que la legislación francesa que prohíbe pasar el tiempo de descanso diario o semanal dentro de vehículos industriales ligeros es contraria al Derecho de la Unión. Esta norma restringiría de manera injustificada y desproporcionada la libre prestación de servicios de transporte por carretera en Francia y sería contraria a los objetivos del mercado interior. La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra Austria por incumplimiento de las normas de la UE sobre el tiempo de trabajo, ya que su legislación establece condiciones de trabajo menos favorables para los trabajadores de las empresas semipúblicas Post y Telekom en lo que respecta al descanso diario mínimo, los trabajadores que realizan sustituciones durante los períodos vacacionales, las bajas por enfermedad y las vacaciones anuales retribuidas. También ha incoado un procedimiento de infracción contra la República Checa por incumplimiento del principio de no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial y del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. La Comisión denuncia una situación en la que los trabajadores a jornada completa reciben un complemento salarial desde la primera hora trabajada fuera del horario laboral normal, mientras que los trabajadores a tiempo parcial no disfrutan de las mismas ventajas cuando realizan horas adicionales a las estipuladas en su contrato. Existe un requerimiento formal referido a Francia y Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva de ejecución relativa al desplazamiento de trabajadores (véase el comunicado de prensa). 

Transporte por carretera : los interlocutores sociales europeos enviaron el 7 de mayo una carta a la Comisión Europea «expresando una vez más» su «preocupación por la falta de información completa sobre los niveles salariales en los Estados miembros de la UE» (véase el comunicado de prensa de ETF). La organización patronal IRU recuerda que el Paquete de Medidas de Movilidad 1 —la reforma más ambiciosa de la UE en materia de normas sociales para los conductores, adoptada en 2020— « especifica cuándo se considera que un conductor está desplazado en un país de acogida, lo que exige además una remuneración por ese tiempo a un nivel que no sea inferior al salario mínimo del país de acogida» (véase el comunicado de prensa). Ahora bien, para aplicarla, los Estados deben explicar qué remuneración mínima se aplica en sus respectivos territorios. Pero «cuando la información existe, a menudo está fragmentada en diferentes sitios web, es difícil de entender o no se actualiza rápidamente, lo que crea una grave incertidumbre jurídica para el sector», denuncia la IRU. Los firmantes piden a la Comisión que: 1/ Proporcione a los Estados miembros un modelo común sencillo que les permita cumplimentar y actualizar la información necesaria sobre la remuneración nacional de los conductores. 2/ Cree y ponga a disposición de los empleadores una calculadora de remuneración y consejos sobre cómo calcular la remuneración de los conductores desplazados.

Reducción de la jornada laboral : el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de mayo un proyecto de ley destinado a reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas, sin reducción salarial (véase el comunicado de prensa). El texto integra además incluye el derecho a la desconexión. Este texto, presentado al Parlamento, es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y las principales confederaciones sindicales, en particular CCOO y UGT. Por el contrario, las organizaciones patronales, como la CEOE, se oponen firmemente (véase el comunicado de prensa). Varias federaciones patronales sectoriales han publicado un manifiesto conjunto contra la reforma. Entre los principales argumentos, estas organizaciones defienden la primacía de la negociación colectiva a nivel empresarial y sectorial. Cepyme, la confederación de pymes, afirma que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial podría provocar un aumento de los costes laborales de hasta un 6 % (véase el comunicado de prensa).

Financiación del sindicalismo : el Gobierno prevé suprimir la deducción fiscal de las cuotas pagadas a las organizaciones sindicales y patronales en el marco de su plan fiscal 2026-2029 (véase el plan). Esta medida debería generar un ahorro anual de 144 millones de euros en 2026. Sindicatos como SAK y STTK denuncian un ataque y temen que limite la capacidad de organización de los trabajadores (véase el artículo).

Acompañamiento a la parentalidad : el pasado 5 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de ley orientada a proteger a las personas implicadas en un proyecto parental, en particular aquellas que se someten a un proceso de reproducción asistida (TRA o técnicas de reproducción asistida) o de adopción. Se refuerza la protección contra la discriminación y se amplía a los hombres que también reciben tratamiento en el marco de un proceso de reproducción asistida y a los empleados en proceso de adopción. Actualmente, estos últimos solo están protegidos en el momento de la llegada de un niño adoptivo a su hogar, «y no durante el largo proceso que conduce a ello», justifican los diputados. Los hombres afectados por las TRA y los empleados que estén en proceso de adopción disfrutarán de una serie de permisos para acudir a citas médicas o administrativas.

Acción colectiva facilitada : la ley n° 2025-391 del 30 de abril de 2025 por la que se adoptan diversas disposiciones de adaptación al Derecho de la Unión Europea modifica algunos aspectos de la legislación social: amplía de manera muy significativa el ámbito de aplicación de la acción colectiva en materia social, de conformidad con la Directiva n.º 2020/1828. Así, las acciones colectivas podrán interponerse no solo en materia de discriminación y protección de datos personales, sino también para poner fin al incumplimiento por parte de un empleador de sus obligaciones legales o contractuales. Los sindicatos o determinadas asociaciones deberán, antes de iniciar una acción colectiva basada en un incumplimiento del Código del Trabajo, solicitar al empleador que ponga fin al incumplimiento. Este último deberá informar al comité de empresa (CSE) y a los sindicatos representativos en el plazo de un mes. La ley también hace más atractiva la tarjeta azul europea para sus beneficiarios y aplaza dos años las obligaciones previstas en la Directiva 2022/2464 sobre informes de sostenibilidad (CSRD).

Empleo de trabajadores con experiencia : el pasado 7 de mayo, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para transponer los acuerdos interprofesionales nacionales en favor del empleo de los trabajadores con experiencia (véase el comunicado de prensa y proyecto detallado). Este texto contempla: 1/ reforzar las obligaciones de negociación en los sectores y las empresas sobre el empleo de los trabajadores con experiencia; 2/ favorecer la contratación de personas mayores mediante la experimentación de un contrato de valorización de la experiencia que puede rescindirse cuando el trabajador alcanza la edad de jubilación con derecho a la pensión completa; 3/ preparar mejor la segunda parte de la carrera profesional mejorando la relación entre los reconocimientos médicos y las entrevistas profesionales que tienen lugar a mitad de la carrera y añadiendo una entrevista profesional dos años antes de que el trabajador cumpla 60 años; 4/ facilitar las adaptaciones al final de la carrera profesional, en particular favoreciendo el acceso a la jornada parcial en el marco de una jubilación progresiva —accesible a partir de los 60 años, frente a los 62 años actuales— y permitiendo el mantenimiento total o parcial de la remuneración en caso de paso a la jornada parcial mediante la asignación de la indemnización por jubilación según las modalidades definidas en el acuerdo.

Deducciones del salario mínimo : el ministro de Asuntos Sociales y Empleo, Eddy van Hijum, ha publicado un proyecto para consulta pública sobre las deducciones del salario mínimo para gastos de alojamiento (véase el comunicado de prensa). Los empleadores pueden deducir hasta el 25 % del salario mínimo para cubrir estos gastos. Sin embargo, esta práctica es objeto de críticas, ya que en ocasiones se desvía con fines lucrativos y refuerza la dependencia de los trabajadores migrantes respecto al empleador. La propuesta pretende reducir esta deducción en 5 puntos cada año, hasta su completa supresión en 2030. Las confederaciones sindicales CNV y FNV, muy conscientes de los abusos, no están de acuerdo con la solución adoptada (véase la carta). La FNV desea suprimir la deducción, mientras que la CNV considera que la fórmula actual obliga al menos a los empleadores a ofrecer alojamiento, lo que puede seguir siendo ventajoso para los trabajadores migrantes.

Guía sobre el apoyo psicosocial : el Centro Nacional de Psicotraumatología (ARQ) ha publicado, para el Ministerio de Justicia y Seguridad, una guía destinada a ayudar a los empleadores a organizar la acogida y el seguimiento en el lugar de trabajo (véase la guía) de los trabajadores que desempeñan profesiones de alto riesgo (personal de ambulancias, bomberos, fuerzas del orden, etc.), es decir, que se enfrentan a agresiones, amenazas, violencia y otros incidentes graves. Esta guía está asimismo dirigida a los profesionales de la salud (salud mental y seguridad) y a los socorristas, que pueden ser ellos mismos objeto de agresiones, pero también encontrarse con víctimas gravemente heridas (véase el comunicado de prensa).

Reducción de la jornada laboral : el pasado 28 de abril, el Gobierno presentó un programa piloto para reducir la jornada laboral. El proyecto, voluntario y abierto a empresas y colectividades, permitirá probar diferentes fórmulas —semana de cuatro días, jornadas más cortas o días libres adicionales— sin reducción salarial ni de plantilla (véase el comunicado de prensa). «Será el primer proyecto piloto de reducción de la jornada laboral en esta parte de Europa», se congratuló Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra de Trabajo. El Ministerio ha destacado que Polonia es uno de los países con mayor estrés laboral de Europa. El objetivo es reducir la jornada laboral anual en un 20 %. A pesar de algunos ejemplos locales ya positivos, como en Włocławek o en Herbapol Poznań, algunas voces empresariales se muestran escépticas, alegando tensiones demográficas y económicas.

Sector bancario : tras las conversaciones mantenidas en el Consejo Nacional Tripartito para el Diálogo Social en noviembre de 2024, el convenio colectivo del sector bancario (45 000 empleados) se amplió a todos los empleadores y entró en vigor el 1 de mayo (véase el comunicado de prensa). Se trata del primer convenio colectivo que se aplica a todos los empleados del sector, independientemente de su afiliación sindical o patronal. Garantiza un salario mínimo superior al establecido por el decreto gubernamental y que, a 1 de mayo, asciende a 4500 lei (882,44 euros). De forma paralela, introduce un capítulo sobre la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la prohibición del acoso, basado en el Convenio OIT 190. Entre otras cosas, ofrece ventajas como la concesión obligatoria de una prima de jubilación, ayuda económica para acontecimientos especiales, indemnizaciones por despido, la posibilidad de conceder cheques de comida y prestaciones médicas.

Trabajo con subsidio por enfermedad : el Ministerio de Sanidad ha propuesto una nueva medida que permite a los trabajadores reincorporarse al trabajo sin perder su subsidio por enfermedad (véase el comunicado de prensa). Su objetivo no es otro que facilitar la vuelta progresiva al trabajo. Durante un breve periodo de catorce días, los trabajadores pueden evaluar su capacidad para trabajar sin riesgo de perder su subsidio (véase el comunicado de prensa). Cada trabajador podrá acogerse a esta medida experimental dos veces al año.

Reestructuración : el fabricante de neumáticos Bridgestone anunció el pasado 1 de abril una reestructuración (véase el comunicado de prensa), que, según los sindicatos, podría suponer 546 despidos en sus fábricas españolas de Basauri (País Vasco) y Puente de San Miguel (Cantabria). Una delegación sindical, recibida el 29 de abril en el Parlamento Europeo, destacó «la falta de información y consulta adecuadas, tanto a nivel nacional como en el seno del comité de empresa europeo», según IndustriAll Europe (véase el comunicado de prensa). «Los trabajadores no fueron informados de la decisión hasta el 1 de abril, cuando ya se había tomado», precisa IndustriAll Europe, para quien se trata de una «violación flagrante de los derechos de los trabajadores a la información y la consulta».

Apoyo a la creación de CE europeos : la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) organizó a principios de mayo una segunda sesión de formación para representantes de los trabajadores del grupo noruego de guarderías Dibber (12 000 trabajadores), que trató sobre el proceso de negociación para la creación de un comité de empresa europeo y los temas que deben abordarse en los acuerdos. Esta formación se inscribe en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea destinado a implantar comités de empresa europeos en los grupos de servicios sociales, sanitarios y asistenciales de la UE (véase el comunicado). Se está llevando a cabo un proyecto similar con la empresa de asistencia a personas mayores DomusVi (47 000 trabajadores) (véase el comunicado de prensa).

Brexit : el grupo químico americano Aptar (13 000 trabajadores) y su CE europeo firmaron el pasado 19 de marzo la primera cláusula adicional a su acuerdo de CE europeo de 2021, para confirmar el mantenimiento de los representantes británicos en el CE europeo. Así, el anexo establece que «el Reino Unido seguirá estando plenamente cubierto por el presente acuerdo», que el CE europeo «es competente para todas las cuestiones transnacionales relacionadas con el Reino Unido» y que los miembros británicos «gozan de las mismas prerrogativas, derechos y protección que los demás miembros del CE europeo».