IR Notes

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron el pasado 21 de mayo a un acuerdo provisional sobre la propuesta de Directiva destinada a revisar la legislación sobre los CE europeos. Aunque el texto actualizado aún no está disponible, los comunicados de prensa de ambas instituciones precisan que su objetivo es definir mejor qué se entiende por cuestiones transnacionales, con el fin de garantizar que las decisiones que tengan consecuencias importantes para los trabajadores de varios Estados miembros de la UE vayan acompañadas de una información y consulta previas al CE europeo, « sin que ello se extienda a las decisiones cotidianas o a las cuestiones que solo afectan a los trabajadores de manera insignificante» (véanse los comunicados del Consejo y del Parlamento). La redacción definitiva de la definición permitirá juzgar si aporta claridad o introduce nuevas ambigüedades.
La Directiva prevé la inclusión de un objetivo destinado a promover la igualdad entre mujeres y hombres en los comités de empresa europeos, asignando al menos el 40 % de los puestos a miembros de uno u otro género. Una adición esencial al texto revisado aborda una cuestión delicada: la capacidad de los comités de empresa europeos para hacer valer sus derechos por vía judicial, «principalmente garantizando la cobertura de los gastos relacionados con la representación y la participación jurídicas». Dicho de otro modo, esto significa que los empleadores correrán con los gastos judiciales si un comité de empresa europeo decide iniciar acciones legales. Además, los Estados miembros, en particular Irlanda, deberán adaptar su legislación nacional para garantizar que los CE europeos puedan ejercer efectivamente este derecho. Por otra parte, las empresas estarán obligadas a facilitar el acceso a la información pertinente y deberán justificar cualquier negativa a divulgarla, en particular cuando invoquen la confidencialidad.
Para garantizar la aplicación efectiva de los derechos de los comités de empresa europeos, el Consejo ha subrayado que las sanciones financieras «deberían ser suficientemente disuasorias, teniendo en cuenta factores como la gravedad, la duración, las consecuencias y el carácter intencionado o negligente de la infracción». El Parlamento, que deseaba equiparar el nivel de las sanciones al del RGPD (multas de hasta el 4 % del volumen de negocios mundial), ha tenido que revisar su posición. No obstante, ha logrado avances en otros ámbitos, como el aumento de la frecuencia de las reuniones del CE europeo de una a dos al año, estipulando claramente que estas reuniones deben tener lugar « en persona». Los diputados también han reforzado el papel de los representantes de los trabajadores «garantizando que los expertos que asisten a los CE europeos, incluidos los representantes sindicales, puedan asistir a las reuniones de la dirección con carácter consultivo». Tras su examen por los juristas lingüistas, el acuerdo provisional se someterá a la aprobación formal del Consejo, posiblemente en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del 19 de junio, y del Parlamento, en la sesión plenaria que comienza el 16 de junio.

Reforzar el mercado único : la Comisión Europea presentó el pasado 21 de mayo un comunicado sobre una estrategia para el mercado único que contempla «crear mercado interior europeo más sencillo, fluido y fuerte», luchando contra los «diez terribles obstáculos al mercado único» que ha identificado (véase el comunicado de prensa y European single market). Este documento, inspirado en las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, abarca numerosos temas, algunos de ellos de ámbito social. El comunicado retoma la idea de establecer un 28.º régimen adaptado a las empresas que operan en todo el mercado único, con simplificaciones jurídicas en materia de «derecho de insolvencia, derecho laboral y derecho fiscal». La Comisión sugiere algunas medidas que deben aplicarse antes del cuarto trimestre de 2026 para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales (procedimientos más rápidos, reconocimiento automático, etc.). La Comisión tiene la intención de simplificar los procedimientos de desplazamiento (véase más abajo), incluida la expedición de certificados A1 que acrediten que los trabajadores desplazados han cotizado al sistema de seguridad social de su país de origen. Como se ha indicado anteriormente, quiere limitar la información que las grandes empresas pueden solicitar a las pymes de su cadena de valor para sus informes sobre desarrollo sostenible y anuncia una recomendación sobre la norma voluntaria para las pymes elaborada por el Grupo Consultivo para la Información Financiera en Europa (EFRAG), que se publicará antes del verano de 2025.

Declaración electrónica de los trabajadores desplazados : el Consejo adoptó el pasado 22 de mayo su postura sobre la propuesta de Reglamento destinado a facilitar la declaración electrónica de los trabajadores desplazados. Este texto tiene por objeto reducir «la carga administrativa que pesa sobre las empresas mediante la digitalización completa de la transmisión de las declaraciones de desplazamiento y la que pesa sobre las autoridades nacionales facilitando el control del cumplimiento de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores». (véase el comunicado de prensa). Las negociaciones con el Parlamento comenzarán tan pronto como este haya adoptado su posición. Cabe recordar que este texto es impugnado por la Confederación Europea de Sindicatos (véase la posición) y por los interlocutores sociales europeos del sector de la construcción, que denuncian la supresión de la declaración previa de desplazamiento (véase la posición común).

Simplificación y reducción de las cargas de las pymes : la Comisión Europea presentó el 21 de mayo su paquete «Omnibus IV», que debería reducir los costes administrativos anuales de las empresas en 400 millones de euros (véase el comunicado de prensa). Una de las medidas más destacadas es la creación de una nueva categoría de empresas, las pequeñas empresas de capitalización media (PME), es decir, las empresas con menos de 750 empleados y hasta 150 millones de euros de volumen de negocios (véanse los diferentes textos pertinentes). Se calcula que hay 38 000 empresas de este tipo. Las empresas de esta categoría intermedia – entre las pymes (menos de 250 empleados) y las grandes empresas (ahora aquellas con al menos 750 empleados) – tendrán acceso a algunas ventajas existentes para las pymes, como exenciones específicas en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, el paquete retrasa dos años, hasta 2027, el plazo para la aplicación del deber de diligencia debida a las empresas del sector de las baterías (véase la propuesta de reglamento).

Revisión de la Directiva CE europea (reacciones) : el mundo sindical se felicita por el acuerdo provisional alcanzado en el diálogo tripartito del pasado 21 de mayo (véase En portada). «En un momento en que se multiplicarían las reestructuraciones y miles de puestos de trabajo se verían amenazados en toda Europa, esto debería proporcionar herramientas adicionales a nuestros comités de empresa europeos y permitirles ejercer eficazmente sus derechos de información y consulta», destaca Isabelle Barthès, secretaria general adjunta de la federación sindical europea IndustriAll Europe, (véase el comunicado de prensa).  Sin embargo, IndustriAll Europe y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) insisten en que «no se podrá realizar una evaluación definitiva hasta que se disponga del texto completo» (véase comunicado de prensa). La CES recuerda tres de sus principales exigencias: sanciones más eficaces, la posibilidad de que los tribunales suspendan una decisión del empleador y la garantía de que los CE europeos dispongan de la capacidad jurídica y los recursos necesarios para emprender acciones legales. Estas posiciones son compartidas por IndustriAll Europa, que considera además que «deberían haberse logrado avances importantes en aspectos esenciales como la definición de las cuestiones transnacionales» y «los límites al uso de la confidencialidad». Estos comunicados, al igual que los del Parlamento y el Consejo, no mencionan la apertura de un período de renegociación de los acuerdos de los CE europeos para adaptarlos a la futura directiva. Las organizaciones patronales europeas no han reaccionado al acuerdo provisional.

Autoridad Europea del Trabajo : la Comisión europea presentó el 26 de mayo su informe de evaluación de la Autoridad Europea del Trabajo (ELA) con el fin de extraer las lecciones aprendidas durante el primer mandato de este organismo creado en 2020 (véase European Labour Authority) sin ninguna de las atribuciones que normalmente corresponden a una «autoridad», ya que no puede emprender prácticamente ninguna acción seria sin el acuerdo de los Estados miembros (véase IR Notes 128). La Comisión sugiere una revisión de su reglamento fundacional para poder tratar mejor los datos personales, reforzar su capacidad «para solicitar la cooperación de los Estados miembros en inspecciones concertadas y conjuntas» o «tratar mejor la situación de los nacionales de terceros países» (véase el comunicado de prensa). Para Isabelle Schömann, secretaria general adjunta de la Confederación Europea de sindicatos, el informe demuestra que la ELA «necesita claramente más poderes y recursos para luchar contra la explotación masiva de que son víctimas los trabajadores transfronterizos» (véase el comunicado de prensa).

Discriminación directa : un exempleado español impugna, en el momento de la liquidación de su jubilación, el importe asignado por no tener en cuenta el complemento de pensión destinado a reducir la diferencia entre hombres y mujeres previsto en la legislación social. Este complemento tiene como fin reducir la diferencia existente entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, compensando el perjuicio económico que sufren las madres en su carrera profesional debido a su papel preponderante en la educación de sus hijos, perjuicio que se traduce, en particular, en el pago de cotizaciones más bajas al sistema de seguridad social y, por lo tanto, en la concesión de prestaciones de seguridad social reducidas. El jubilado, padre de dos hijos, considera que esta legislación implica un trato menos favorable a los hombres que a las mujeres, en la medida en que las mujeres que perciben una pensión de jubilación, y además han tenido uno o varios hijos, tienen automáticamente derecho al complemento de pensión, mientras que los hombres que se encuentran en una situación comparable deben cumplir condiciones adicionales relacionadas, en particular, con una interrupción efectiva de su carrera profesional y de sus cotizaciones al sistema de seguridad social. En una sentencia del 15 de mayo, el Tribunal de Justicia confirmó la existencia de una discriminación directa por razón de sexo y que esta no estaba justificada, en particular porque dicho complemento de pensión no «tiene por objeto compensar las desventajas a las que se verían expuestas las mujeres al ayudarles en esta carrera y, por lo tanto, garantizar de manera concreta la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional. »

Flexibilización de la política migratoria : el decreto real del 155/2024 el 19 de noviembre de 2024 entró en vigor el pasado 20 de mayo con el fin de flexibilizar la política migratoria (véase el comunicado de prensa). Entre los cambios realizados, cabe destacar la ampliación de la duración del visado de búsqueda de empleo de 3 a 12 meses y la introducción de nuevos criterios de integración (arraigo) que permiten regularizar a las personas en situación irregular, teniendo en cuenta, en particular, su integración social, su trayectoria socioprofesional o de formación profesional y su arraigo familiar. Además, la duración mínima de la estancia para solicitar el arraigo se ha reducido de tres a dos años en varios casos. Estas medidas tienen por objeto facilitar la integración social y profesional de los extranjeros con vínculos con España.

Reforma del mercado laboral : el Ministerio de Empleo ha creado tres grupos tripartitos para preparar tres medidas del Gobierno (véase el comunicado de prensa). Desea reducir el umbral requerido para establecer una representación de los trabajadores en la empresa de 150 a 100 empleados. Además, a partir de ahora serán los empleadores, y no solo los trabajadores, quienes podrán decidir cuándo se disfrutan las vacaciones acumuladas en una cuenta de ahorro de tiempo. El Gobierno desea aclarar además la ley sobre la protección de los datos profesionales y reducir las cargas administrativas.

Más seguridad para los trabajadores intermedios : un proyecto de ley pretende garantizar la seguridad de los empleos flexibles (véase el comunicado de prensa). Los trabajadores temporales deberían disfrutar de las mismas condiciones laborales que los trabajadores con contrato indefinido. Esto permitiría reducir los riesgos de explotación. El texto limita el recurso al contrato de trabajo temporal a tres contratos en un periodo de 36 meses. La ley también pretende sustituir los contratos de cero horas por contratos que incluyan un número mínimo y máximo de horas, con una diferencia entre ambos que no supere el 130 %. La única excepción se refiere a los empleos secundarios de los jóvenes, como los estudiantes. Si las dos cámaras aprueban la ley, entrará en vigor en enero de 2027. El sindicato VCP, así como las organizaciones patronales VNO-NCW y MKB-Nederland, declaran que se trata de un paso importante del nuevo paquete de medidas para mejorar el mercado laboral (véanse los comunicados de VCP y VNO-NCW).

Creación : tras la adquisición, en 2022, de determinadas actividades de las editoriales Thomson Reuters en España y Wolters Kluwer en España, Francia y Portugal, la editorial sueca Karnov ha negociado la creación de un CE europeo que abarca a sus 1 200 empleados en la UE. El acuerdo, firmado el pasado 12 de marzo, es bastante breve y recoge las principales disposiciones de la Directiva. En aras de organizar intercambios lo más abiertos posible, establece límites a la circulación de la información. La norma es que todo es confidencial, salvo que la dirección haya indicado explícitamente por escrito que las obligaciones de confidencialidad no se aplican a una información o documento específico. Cabe señalar que el CE europeo se reúne cada trimestre por videoconferencia, sin la dirección (pero el comité puede invitarla si fuera necesario) y una vez al año en sesión plenaria, de forma presencial. La comunicación y los intercambios se realizan exclusivamente en inglés.

Reconocimiento sindical : la dirección del grupo cooperativo danés Arla Foods (19500 empleados) y la federación sindical UITA firmaron el pasado 14 de mayo un protocolo de acuerdo que da seguimiento a un primer acuerdo transnacional sobre la prevención del acoso sexual. Con este nuevo texto, ambas partes «reafirman su compromiso de continuar las reuniones entre los responsables de relaciones sociales de Arla Foods y los representantes de la UITA y sus afiliados, con el fin de mantener un diálogo continuo y constructivo». Se reunirán dos veces al año. Arla Foods reconoce que la colaboración con la UITA le ayudará a cumplir sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos y su deber de diligencia, de conformidad con la directiva europea. Otros temas de debate podrán ser la mitigación del cambio climático, el empleo sostenible, la seguridad y la salud en el trabajo, el trabajo forzoso, el acoso sexual y la igualdad de género.