IR Notes

El pasado 17 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría (451 votos a favor, 45 en contra y 153 abstenciones), el informe Digitalización, inteligencia artificial y gestión algorítmica en el lugar de trabajo: configuración del futuro del trabajo. Este informe invita a la Comisión Europea a presentar una iniciativa sobre la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el trabajo aplicable a todos los trabajadores (véase el comunicado). En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, los eurodiputados pidieron el 12 de noviembre a la Comisión que presentara una propuesta “legislativa” (véase IR Notes 262).
Sin embargo, este calificativo fue eliminado del texto aprobado en el pleno, en particular bajo la presión de BusinessEurope. No obstante, el documento final sigue siendo un “informe de iniciativa legislativa” que obliga a la Comisión a responder en un plazo de tres meses. Esta deberá indicar las medidas que tiene previsto adoptar o justificar su negativa a proponer una iniciativa conforme a la solicitud del Parlamento. En su informe, los diputados consideran que “cualquier nueva implantación o cambio significativo en el uso de herramientas de IA o sistemas de gestión algorítmica en el lugar de trabajo debería ser objeto de una evaluación en materia de salud y seguridad”. El texto también aboga por una participación constructiva de los trabajadores y sus representantes “en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones, así como el suministro de información, la consulta y la impartición de formación en el empleo para facilitar la aplicación de las nuevas tecnologías por parte de todos los trabajadores”. El texto incluye además un anexo en el que se describe el contenido de una “propuesta” que podría elaborar la Comisión. De acuerdo con este anexo, “la implantación y el uso de nuevos sistemas de gestión algorítmica, o las actualizaciones de los sistemas existentes, que afecten directamente a la remuneración, la evaluación las modalidades de trabajo, la asignación de tareas o el tiempo de trabajo de los trabajadores” deben interpretarse “como decisiones que puedan dar lugar a cambios sustanciales en la organización del trabajo o en las relaciones contractuales y, como tales, sean objeto de consulta de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Directiva 2002/14/CE3, sin perjuicio de la Directiva 2009/38/CE”. Esto otorgaría claramente competencias a los comités de empresa europeos.
En particular, esta consulta debería versar sobre: 1) los objetivos de la implantación o actualización, así como los procesos de trabajo y los trabajadores afectados; 2) la carga de trabajo, la intensidad del trabajo, el calendario, el tiempo de trabajo, la flexibilidad, la remuneración, el contenido del puesto, la evaluación del rendimiento o las relaciones contractuales; 3) los efectos sobre la salud y la seguridad en el trabajo; 4) los tipos de datos recopilados; 5) las medidas destinadas a prevenir, detectar, mitigar y corregir los sesgos o los efectos discriminatorios; 6) los mecanismos de control y revisión humanos; 7) las medidas de formación y apoyo, incluida la asistencia de expertos, para los trabajadores y los responsables que utilizan estos sistemas. La Comisión dispone ahora de tres meses para preparar su respuesta. La ·ley sobre la calidad del empleo”, prevista para finales de año, podría ser el vehículo adecuado para responder a las preocupaciones expresadas por el Parlamento.

Protección de los trabajadores expuestos al amianto : Tres días antes de la fecha límite para la transposición de la Directiva 2023/2668 del 22 de noviembre de 2023 por la que se modifica la Directiva 2009/148/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, la Comisión Europea publicó, el pasado 18 de diciembre, un comunicado en el que se introducían directrices para ayudar a los Estados miembros a cumplir esta legislación. La directiva prevé, en un primer momento, una reducción del valor límite máximo de exposición a 0,01 fibras de amianto por cm³, es decir, un umbral diez veces inferior al límite actualmente vigente de 0,1 fibras por cm³ (véase IR Notes 212). Sin embargo, el movimiento sindical europeo y el Parlamento Europeo abogaban por una reducción más ambiciosa, hasta 0,001 fibras por cm³, es decir, una norma cien veces inferior a la vigente (véase el comunicado del ETUI) con el fin de reducir el número de muertes relacionadas con el amianto, estimadas en 90 000 al año. Según la Comisión, entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores de la Unión Europea siguen estando expuestos al amianto en la actualidad. El mismo día, la Comisión también presentó una actualización de su recomendación relativa a la lista europea de enfermedades profesionales. Esta revisión tiene por objeto garantizar «un reconocimiento coherente de estas enfermedades en todos los Estados miembros» y promover «el apoyo y la indemnización necesarios para los trabajadores afectados» (véase el comunicado).

Informe de sostenibilidad y de deber de diligencia : El pasado 16 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente el acuerdo provisional alcanzado el 9 de diciembre con el Consejo de la UE sobre el paquete de simplificación Omnibus I. Los diputados aprobaron ampliamente el compromiso por 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones. El objetivo de este texto es «simplificar» las directivas relativas al deber de vigilancia y la sostenibilidad de las empresas, es decir, la Directiva CS3D y la Directiva CSRD. La directiva resultante de este acuerdo debe publicarse ahora en el DOUE. Los Estados miembros dispondrán de un plazo de un año a partir de la publicación para transponer las modificaciones introducidas en la Directiva CSRD. En lo que respecta a las disposiciones que modifican la Directiva CS3D, la fecha límite de transposición se fija en el 26 de julio de 2028.

Presidencia chipriota de la UE : Chipre, que asumió el 1 de enero la presidencia de la UE para los próximos seis meses, ha presentado su programa de trabajo. En el ámbito del empleo, la presidencia hace hincapié en «salarios justos, condiciones de trabajo seguras e igualdad de oportunidades». Para orientar su acción, se remite al «compromiso de larga data de la OIT con la justicia social como base de la paz y la prosperidad». Así, «el empleo justo al servicio de la justicia social» figurará entre los principales temas de debate del Consejo EPSCO informal previsto para febrero. En el ámbito legislativo, la Presidencia aspira a concluir las negociaciones sobre la Directiva relativa a los periodos de prácticas, así como la sexta revisión de la Directiva relativa a las sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción. También desea proseguir la revisión del Reglamento sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, concluir las negociaciones sobre la revisión del Reglamento relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social y reforzar la protección de los derechos de los trabajadores móviles.

Reestructuración : El pasado 9 de enero, la Comisión Europea propuso movilizar 7,5 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para apoyar a 3414 personas afectadas por el cierre, en febrero de 2025, de la fábrica de Audi de Bruselas. Esta ayuda financiará medidas que faciliten la reinserción laboral de los antiguos empleados de Audi (2 580 personas) y de sus proveedores (834 personas) (véase el comunicado).

Desempleo parcial : El Gobierno ha ampliado la duración de las prestaciones por desempleo parcial hasta diciembre de 2026 (véase el comunicado). Esta medida tiene por objeto estabilizar la economía, debilitada por la actual inestabilidad geopolítica. Las empresas pueden ahora percibir estas indemnizaciones para sus empleados durante 24 meses en lugar de 12. IG Metall y otros sindicatos han acogido con satisfacción esta decisión (véase el comunicado de IG Metall), al tiempo que advierte del aumento de la presión que esto podría suponer para la Agencia Federal de Empleo (véase el documento DGB).

Cuotas sindicales : El Parlamento ha aprobado una ley destinada a mejorar la deducibilidad de las cuotas sindicales. Hasta ahora, estas cuotas se incluían en los gastos profesionales y solo podían deducirse cuando superaban un importe fijo. Dado que la mayoría de los asalariados no superaban este umbral, la deducción seguía siendo limitada. A partir de este año, serán deducibles además del importe fijo, lo que permitirá a los asalariados ahorrar entre el 25 % y el 35 % de su cuota anual (véase el comunicado DGB, IGBCE).

Salario mínimo y licitaciones : En una sentencia dictada el pasado 16 de diciembre, el Tribunal Constitucional abordó indirectamente la cuestión del salario legal en Italia. Cabe recordar que la legislación nacional no establece un salario mínimo: son los convenios colectivos sectoriales los que determinan los salarios mínimos, sin que exista un mecanismo de extensión generalizada. Esta situación puede incitar a algunas empresas a elegir el convenio colectivo más ventajoso para reducir el coste laboral, creando así una dinámica de competencia a la baja. La región de Apulia ha intentado frenar esta tendencia aprobando una ley regional sobre la adjudicación de contratos públicos que exige a los proveedores privados que participan en las licitaciones aplicar un salario mínimo por hora de 9 euros brutos. El Gobierno impugnó esta medida ante el Tribunal Constitucional, alegando, por una parte, que una ley regional no puede regular las relaciones laborales y, por otra, que dicho mecanismo violaría el principio de libertad de asociación de los empresarios. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso al considerar que la ley regional no establece un salario mínimo generalizado, sino que se aplica únicamente en un marco específico: el de los contratos públicos. La decisión se basa asimismo en la directiva 2022/2041, que reconoce el papel de los contratos públicos para garantizar los salarios mínimos.

Empleo juvenil : El pasado 22 de diciembre, el Gobierno aprobó un decreto por el que se crea un cheque empleo para los jóvenes. Esta medida tiene por objeto conceder una subvención a las empresas que contraten a desempleados menores de 30 años que lleven al menos seis meses sin trabajo (o tres meses en el caso de los menos cualificados). La subvención cubre la mitad del salario del joven durante seis meses, pero no puede superar los 1 500 euros al mes (véase el comunicado).

Carta de la diversidad : Redactada en 2015 por el organismo tripartito SER, la Carta ha permitido a numerosas empresas signatarias avanzar, en particular en materia de diversidad de género y etnocultural (véase el comunicado). Las 532 empresas comprometidas buscan reflejar mejor la sociedad y su clientela, respetando al mismo tiempo la legislación (véase el informe). Sus políticas de «diversidad» se basan principalmente en la contratación, la modificación de las ofertas de empleo y la sensibilización de los empleados. Por ejemplo, la mitad de las empresas han creado redes internas para fomentar la apropiación de estas temáticas. Esto ha permitido definir mejor los objetivos y abordar algunos temas menos tratados, como la neurodiversidad en el trabajo. Sin embargo, el SER destaca las dificultades para conciliar estas iniciativas con el RGPD, en particular el tratamiento de los datos demográficos.

Informe sobre las emisiones de queroseno : El Consejo de Salud, un órgano consultivo científico independiente del Gobierno y el Parlamento, ha iniciado una consulta pública sobre los riesgos para la salud relacionados con las emisiones de los motores de queroseno (véase el comunicado y el informe). Esta evaluación, solicitada por el Ministerio de Empleo y varias autoridades europeas nórdicas, pone de relieve los elevados riesgos para el personal aeroportuario, en particular los jefes de cabina, los encargados del equipaje y los miembros de la tripulación.

Transparencia salarial : En el marco de la transposición de la Directiva 2023/970, el Gobierno ha aprobado la ley sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo igual o de igual valor (véase el comunicado). Esta ley confiere a los trabajadores nuevos derechos en materia de transparencia salarial, permitiéndoles acceder a información sobre su remuneración y beneficiarse de una mayor protección contra la discriminación. Las empresas de más de 100 trabajadores deberán presentar cada tres años un informe sobre la aplicación de las disposiciones de la ley al Ministerio de Trabajo, bajo pena de importantes sanciones.

Baja laboral : La ley relativa a las medidas de intervención adicionales en el ámbito de la salud, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre, introduce nuevas normas para las personas en baja laboral. Estas medidas se refieren, en particular, a las autorizaciones de desplazamiento, los casos de suspensión de las indemnizaciones y la realización de controles por parte de personas no profesionales (véase el comunicado).

Empleo de las personas mayores : El Gobierno ha encargado al Defensor contra la Discriminación que colabore con los interlocutores sociales para luchar contra la discriminación por motivos de edad en el mundo laboral. Esta misión debe proponer medidas destinadas a reforzar la labor de prevención y promoción llevada a cabo por los empleadores contra la discriminación por motivos de edad. Presentará un informe a más tardar el 31 de marzo de 2027 (véase el comunicado).

Reforma del derecho laboral : Aprobada el pasado 18 de diciembre, la Ley de Derechos Laborales ha sido acogida por los interlocutores sociales y la sociedad civil como el mayor avance en materia de derechos de los trabajadores en los últimos 50 años (véase el comunicado del gobierno y el resumen). Esta ley introduce cambios importantes, entre los que destacan: 1) la prohibición de los contratos abusivos de cero horas; 2) la protección de los trabajadores frente al acoso; 3) el derecho a una indemnización desde el primer día de baja por enfermedad (véase el comunicado del TUC). Constituye un momento histórico al reforzar la seguridad del empleo y mejorar concretamente la vida profesional de millones de personas. Los sindicatos han destacado la importancia del diálogo social, que continuará en torno a las múltiples consultas previstas en 2026 para garantizar la aplicación de la ley.

Inteligencia artificial : La dirección del grupo químico Solvay, su comité de empresa mundial (el Foro Mundial Solvay) y su comité de empresa europeo adoptaron el 15 de diciembre una cláusula adicional sobre la inteligencia artificial a su acuerdo global sobre la transformación digital de 2020. Este texto «proporciona un marco y un conjunto de principios» para abordar las cuestiones que se plantean en relación con el desarrollo, el uso o la implementación de estos sistemas. El acuerdo establece un procedimiento en cuatro etapas: 1/ Inventario inicial y continuo de los sistemas de IA y los sistemas autónomos (internos y externos); 2/ Evaluación de riesgos para clasificar las soluciones de IA por nivel de riesgo; 3/ Establecimiento de procedimientos para gestionar el cumplimiento y los riesgos asociados a estas herramientas; 4/ Impartir una formación adecuada tanto sobre el uso de estas herramientas como sobre los procedimientos, normas y reglamentos que las regulan. Los representantes de los empleados participan activamente en el seguimiento del acuerdo. Se dedicará un punto permanente del orden del día del Foro Mundial de Solvay al estado de avance de los proyectos relacionados con la IA y los sistemas autónomos. Además, se informará al Comité de Empresa Europeo de cualquier iniciativa importante que implique el uso de inteligencia artificial o sistemas autónomos.

Convenios colectivos y salarios bajos : Un estudio publicado por Eurofound el 19 de diciembre analiza y compara el contenido de 94 convenios colectivos de tres sectores con salarios bajos en 11 Estados miembros y Noruega. Los resultados de este minucioso trabajo muestran que los convenios colectivos mejoran la calidad del empleo de los trabajadores de estos sectores, aunque apenas se aborda la cuestión de la intensidad laboral. El estudio confirma la importancia de reforzar la negociación colectiva en los Estados.

Igualdad salarial : El principio de igualdad salarial significa que cuando dos puestos de trabajo pueden considerarse equivalentes en términos de competencias, esfuerzo, responsabilidades y condiciones de trabajo, deben remunerarse de forma igualitaria. Basándose en 16 estudios de casos, un informe publicado el 15 de diciembre por Eurofound examina cómo se aplica este principio. Se trata de un documento muy instructivo en un momento en que los empleadores se adaptan a los requisitos de la Directiva sobre transparencia salarial.

Inteligencia artificial : Centrado en los retos que plantea la transformación digital para los derechos colectivos de los trabajadores, el proyecto de investigación DIGILARE ofrece un análisis jurídico comparativo sobre cuatro retos: 1/ ¿A quiénes cubre la representación en el lugar de trabajo? 2/ ¿Qué normas nacionales se aplican en un contexto transfronterizo? 3/ ¿Cómo se garantizan los derechos de participación de los trabajadores en un mundo laboral que se ha vuelto digital? 4/ ¿Cuáles deben ser los objetos de estos derechos para garantizar unas condiciones de trabajo de calidad? El proyecto dio lugar a una serie de resultados: dos informes de síntesis que abarcan los cuatro ejes del proyecto (primer informe, segundo informe); un análisis del acervo comunitario en materia de derechos colectivos de los trabajadores y un policy paper en el que se proponen cambios normativos a nivel europeo.