IR Notes

El pasado 20 de enero, los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría una resolución a favor de una directiva para una transición justa en el mundo laboral. El texto retoma el aprobado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, con la excepción de la supresión, en el cuerpo del texto, de la petición explícita dirigida a la Comisión Europea para que presente una propuesta de directiva. Esta concesión a los conservadores del PPE es simbólica, ya que el texto se aprobó en el marco de un informe denominado «de iniciativa legislativa». Dicho de otro modo, la Comisión deberá indicar en cualquier caso si tiene intención de proponer una legislación o justificar su negativa a dar curso a la misma. Además, la mención de una directiva se mantiene en el título de la resolución y en el anexo de la misma, que detalla las recomendaciones. En 2023, el Parlamento ya había pedido una directiva para reforzar los derechos de los trabajadores para anticipar los cambios y, por tanto, las reestructuraciones (véase IR Notes 219 y véase la ficha informativa del Parlamento). En esta ocasión, los diputados defienden la propuesta argumentando que el éxito de la doble transición ecológica y digital «dependerá de su carácter justo e inclusivo para los trabajadores, las empresas y las regiones afectadas, así como de su contribución a la justicia social para todos», con el objeto de que «nadie se quede atrás».
Así, en el anexo a su resolución, el Parlamento recomienda la creación de un «marco de la Unión compuesto por medidas estratégicas que puedan aplicarse en las regiones afectadas por la doble transición, con el fin de garantizar la equidad social y la inclusividad de esta, así como la creación y la protección de empleos de calidad». Los diputados desean un texto que abarque «un amplio ámbito de intervención: las condiciones de trabajo; la integración de las personas excluidas del mercado laboral; la información y la consulta de los trabajadores; y la mejora del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores». También se trata de crear «un derecho individual a la formación para los trabajadores durante su tiempo de trabajo».
La iniciativa parlamentaria ha recibido el pleno apoyo del movimiento sindical europeo, tanto de la Confederación Europea de Sindicatos (véase el comunicado) como de IndustriAll Europe (véase el comunicado). Ludovic Voet, secretario confederal de la CES, espera ahora que la Comisión incluya dicha legislación en la prometida ley sobre empleos de calidad. Por parte de la patronal, esta petición se considera inadecuada. Varias organizaciones patronales recordaron en una declaración conjunta, el 14 de enero, su oposición a un texto que introdujera nuevas obligaciones para las empresas; el Ceemet también alertó en una nota publicada en diciembre sobre el «riesgo de aumentar la burocracia (…) en un momento en que Europa debe acelerar las inversiones, la innovación y la formación».

Reestructuración : El 19 de enero, la Comisión Europea propuso movilizar 1,6 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a 267 trabajadores despedidos tras la quiebra y el cierre de Tupperware Bélgica en febrero de 2025 (véase el comunicado

Base europea de derechos sociales : Presionada por los eurodiputados, que habían presentado una pregunta oral a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión encargada de los derechos sociales, respondió durante un debate en el Parlamento Europeo el 22 de enero. Anunció que la Comisión presentará «los resultados del examen del plan de acción 2021 en julio», precisando que las «acciones futuras» se elaborarán sobre la base de «un análisis en profundidad de la aplicación» del primer plan de acción adoptado en 2021, «pero también, y sobre todo, teniendo en cuenta las deficiencias y las nuevas necesidades identificadas».

Bancos : Los interlocutores sociales europeos del sector bancario firmaron el 15 de enero una declaración conjunta sobre la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. El texto abarca la violencia de género y doméstica, la ejercida por terceros y el acoso en el lugar de trabajo. Invita a los interlocutores sociales a aplicar, a todos los niveles (incluidas las empresas multinacionales), medidas de prevención, detección y acompañamiento de las víctimas. Además de las acciones de sensibilización de los trabajadores y de formación de los directivos, los firmantes piden, en particular, que se amplíen las normas internas de prevención a las situaciones de teletrabajo, que se ofrezcan a los trabajadores afectados, a su solicitud, modalidades de trabajo flexibles y/o permisos, y que se evite, en la medida de lo posible, cualquier sanción disciplinaria o despido por retraso o ausencia cuando se demuestre la existencia de violencia o acoso relacionados con el trabajo (véase el comunicado).

Empleo para mayores de 55 años : Los desempleados de larga duración mayores de 55 años tendrán un mejor acceso al mercado laboral gracias a una medida destinada a crear entre 3000 y 6000 puestos de trabajo (véase el comunicado), mediante subvenciones al sector sin ánimo de lucro o de la economía social y solidaria (60 %) y el pago de ayudas a la inserción a las empresas privadas (véase el comunicado). Los sindicatos apoyan ampliamente la medida. Sin embargo, la confederación sindical ÖBG pide que se garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas, mientras que la Cámara de Trabajadores (AK) insiste en la continuidad de la financiación (véanse los comunicados de ÖBG y AK).

Paternidad : El Parlamento votó modificaciones al Código Laboral y al Código de la Familia, incorporando medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los padres asalariados. Se hizo hincapié en una mayor flexibilidad para el teletrabajo y horarios adaptados, con el fin de favorecer un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal (véase el comunicado).

Reforma del mercado laboral : El pasado 15 de enero, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley de reforma del mercado laboral, con el objetivo de que las medidas entren en vigor el próximo 1 de abril. Según el Gobierno, la flexibilización de la legislación social tiene por objeto «facilitar la contratación de nuevos trabajadores, en particular para las pymes». La reforma prevé, principalmente: 1) la celebración de un contrato de duración determinada sin motivo de recurso, por un período de un año, cuando se trate del primer contrato de trabajo celebrado entre un empleador y un empleado; 2) el derecho a rescindir dicho contrato de duración determinada al cabo de seis meses, con la obligación por parte del empleador de motivar su decisión; 3) la reducción del plazo de preaviso en caso de despido de 14 a 7 días; 4) la supresión de la obligación de volver a contratar a un empleado despedido por un motivo no relacionado con su persona en caso de que se produzca una vacante, para las empresas de menos de 50 empleados.

Reforma del sistema convencional : El diálogo social dio un paso importante con la presentación, en diciembre, de un proyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social titulado «Acuerdo social nacional para el fortalecimiento de los convenios colectivos de trabajo», celebrado entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Esta iniciativa, acogida con satisfacción, en particular, por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, tiene por objeto reforzar el marco jurídico del diálogo social y promover la negociación colectiva (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo). Este proyecto de ley se basa en un Plan de acción nacional adoptado por el Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Directiva 2022/2041 relativa a salarios mínimos adecuados. El plan de acción, previsto hasta 2030, se articula en torno a cinco ejes principales: 1) el refuerzo del marco jurídico de la negociación colectiva; 2) la creación de un grupo de trabajo específico en el que participen los interlocutores sociales; 3) la recopilación y mejora de los datos estadísticos sobre la cobertura convencional; 4) acciones de investigación, información y formación; 5) el seguimiento de la aplicación de las medidas.
El proyecto de ley estará sometido a consulta pública hasta el 28 de enero. Las contribuciones recibidas se tendrán en cuenta en la versión final. Esta reforma repara los daños causados por el Memorándum impuesto por la UE durante la crisis de la deuda, que desmanteló el sistema convencional griego con el fin de reducir los salarios. Por ejemplo, se suspendió la extensión de los convenios colectivos sectoriales, lo que significa que ni siquiera los convenios que cubrían a la gran mayoría de la mano de obra de un sector podían declararse de aplicación general. Por lo tanto, los trabajadores que realizaban el mismo trabajo dentro del mismo sector a menudo estaban sujetos a condiciones salariales y laborales muy diferentes, dependiendo de si su empleador era signatario o no. El acuerdo social invierte explícitamente esta lógica al facilitar las extensiones y reducir los umbrales de representatividad, con el objetivo de restablecer las normas sectoriales. «El impacto práctico de estos cambios dependerá de su aplicación y de la capacidad de los interlocutores sociales para participar activamente en las negociaciones colectivas a nivel sectorial y empresarial», explica Vasilis Koniaris, profesor de relaciones laborales europeas en la Universidad de Macedonia, en Tesalónica. No obstante, el acuerdo social constituye un punto de referencia esencial para comprender la evolución actual del diálogo social en Grecia».

Contaminación acústica : Un informe presentado el pasado 10 de noviembre al Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo revela que más del 50 % de los trabajadores se sienten molestos por el ruido, lo que provoca en el 34 % de ellos fatiga, estrés y dificultades de concentración (véase el comunicado del SER). Según los autores que investigaron las condiciones de trabajo en los «open spaces», que son un «ángulo muerto» de los estudios, las principales fuentes de molestias son las conversaciones entre compañeros (56 %) y el ruido de los equipos y máquinas, como impresoras, sistemas de alerta sonora y alarmas (más del 30 %).

Riesgos psicosociales : Tras la enmienda introducida en el artículo 4-3 de la ley sobre el entorno laboral, aprobada el 20 de junio por el Parlamento, la exigencia de un entorno laboral plenamente adecuado se aplica ahora explícitamente a los aspectos psicosociales, desde el 1 de enero. El texto ofrece cuatro nuevos ejemplos de riesgos psicosociales que los empleadores deben tener en cuenta: 1) exigencias o expectativas vagas o contradictorias; 2) exigencias emocionales y tensión psicológica (especialmente en trabajos con interacción humana); 3) carga de trabajo y presión temporal que crean un desequilibrio entre las tareas y el tiempo disponible; 4) existencia de apoyo en el trabajo (véase el comunicado de la inspección de trabajo).

Transparencia salarial : El pasado 15 de enero, el Gobierno presentó al Consejo de Estado (Lagrådet) un proyecto de ley para transponer la directiva sobre transparencia salarial, que tiene previsto presentar al Parlamento (Riksdag) en primavera, con el fin de que entre en vigor el 1 de julio. El texto prevé, en particular, que los empleadores con al menos 100 empleados deben elaborar un informe salarial que contenga información sobre las diferencias salariales medias entre mujeres y hombres. Este documento debe remitirse al Defensor del Pueblo para la No Discriminación, que estará obligado a publicar determinadas partes del informe (véase el comunicado).

Cambio de destino : En una sentencia del 26 de noviembre, el Tribunal Constitucional rechazó una solicitud para derogar una parte del Código Laboral que permite, en determinadas situaciones, que un empresario traslade a un empleado a otro puesto sin su consentimiento. La disposición impugnada se refiere, en particular, a los casos en los que un empleado, por ejemplo por motivos de salud, ya no puede desempeñar el puesto previsto en su contrato de trabajo. Los jueces constitucionales consideran este traslado como una solución temporal, a la espera de que el empleador y el empleado acuerden qué medidas adoptar. La Confederación Checa y Morava de Sindicatos (ČMKOS) desea revisar la legislación para que el cambio de puesto sea fruto de un acuerdo entre el empleador y el empleado.

Renovación : El grupo energético italiano Eni y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union renovaron el pasado 13 de enero su acuerdo marco mundial sobre relaciones sociales internacionales, responsabilidad social empresarial y transición justa. Esta revisión introduce varios cambios importantes con respecto al primer texto de 2019, entre ellos la integración del Convenio n.º 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, así como un refuerzo del deber de vigilancia en materia de derechos humanos en toda la cadena de suministro. El acuerdo reafirma asimismo el papel del diálogo social para acompañar la transición energética y las reestructuraciones, al tiempo que subraya la necesidad de una transición justa para los trabajadores (véase el comunicado).

Derechos fundamentales : El monopolio noruego de venta minorista de alcohol, Vinmonopolet y la federación sindical internacional UITA firmaron el 15 de enero un protocolo de acuerdo por el que se establece un mecanismo de denuncia para señalar los casos de violación de los derechos laborales entre los productores de bebidas alcohólicas o de materias primas agrícolas utilizadas en los productos comercializados por Vinmonopolet. Se han celebrado acuerdos similares con los monopolios sueco Systembolaget y finlandés, Alko (véase el comunicado).

Red sindical mundial : La federación sindical internacional IndustriAll Global Union organizó, los días 14 y 15 de enero en Indonesia, un encuentro que reunió por primera vez a una treintena de sindicalistas procedentes de los países que producen para Adidas, así como a una delegación del sindicato alemán de la química (IGBCE). Esta iniciativa tenía como objetivo reforzar la coordinación entre los sindicatos de los países productores (véase el comunicado). Los debates se centraron en las normas laborales y medioambientales en las cadenas de suministro, las violaciones de los derechos humanos en Birmania por parte del proveedor Pou Chen Group, así como la decisión de Adidas, tomada en Alemania, de retirarse del ámbito de aplicación del convenio colectivo sectorial de la industria del calzado (véase el comunicado). IndustriAll Global Union insta a Adidas a iniciar negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo marco internacional.

Protección social : Se ha actualizado la base de datos europea MISSOC, que ofrece información sobre los sistemas de protección social de todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La base, que también permite realizar comparaciones entre países, puede consultarse en inglés, francés y alemán. El acceso es gratuito y está abierto a todos.