IR Notes

La Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo emitió el pasado 5 de febrero su informe para la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Diaz (véanse el comunicado, el resumen y el informe detallado). El informe sobre la democracia en el trabajo contiene elementos que marcarán un hito y que deberían alimentar los debates, tanto a nivel español, por supuesto, como dentro de la UE. El objetivo de esta Comisión, presidida por la socióloga belga Isabelle Ferreras, (véase Preguntamos a…) era concretar el artículo 129.2 de la Constitución española, que aborda las diferentes formas de participación de las personas trabajadoras en la empresa, las sociedades cooperativas y el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. En opinión de la ministra, este principio quedó inconcluso, ya que posteriormente no se aprobó ninguna legislación a favor de ninguna forma de participación financiera o representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración (Véase IR Notes 247). Así, la Comisión señala que “España se encuentra entre los países menos desarrollados de la UE en cuanto al reconocimiento de las personas trabajadoras como componentes clave de la economía”. El informe recomienda una “democratización firme” para aplicar las disposiciones del artículo 129.2 y abrir el camino a todos los inversores del trabajo, es decir, a las personas trabajadoras, para que puedan hacer oír su voz y adquirir derechos de propiedad. Para justificar que la ciudadanía vuelva a ocupar un lugar central en la empresa, los expertos aportan “pruebas objetivas y argumentos económicos y políticos sólidos para explicar la necesidad de una intervención pública en este sentido”. Si bien el artículo constitucional tiene cierto sabor marxista, los autores demuestran que la democratización en la empresa ofrece hoy una respuesta más pertinente que nunca a los numerosos retos de la economía española y a los inherentes al capitalismo cojo que únicamente sirve a los accionistas, destruyendo uno a uno los nueve límites planetarios. El mensaje cobra tanta más relevancia en un país en el que tres cuartas partes de la superficie están amenazadas por la desertificación. Los expertos recomiendan dos vías. La primera tiene como objetivo reforzar la voz de las personas trabajadoras, introduciendo el derecho a la codecisión de los representantes del personal y garantizando la presencia de las personas trabajadoras en los consejos de administración. La segunda vía tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción: abriendo el capital de las empresas a los empleados; elaborando planes de transición para que las personas trabajadoras puedan adquirir acciones de su empresa en previsión de la jubilación del fundador/propietario; creando fondos para que los ciudadanos puedan adquirir acciones. Según los autores, esto permitiría “hacer que las empresas españolas sean más resilientes y menos dependientes de actores financieros extractivos”. Además, y esta es una innovación del informe que se hace eco de los debates comunitarios sobre la revisión de las normas de contratación pública, se propone crear una herramienta de información —el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo— basada en dos escalas de calificación, que mida el acceso de los trabajadores a la toma de decisiones y al capital. La puntuación obtenida por las empresas, en función de su nivel de democratización, podría ser utilizada por las autoridades públicas como incentivo, según el principio de bonificación o penalización, para acceder a subvenciones públicas, beneficiarse de tipos impositivos reducidos para las empresas, ventajas fiscales o un acceso privilegiado a los contratos públicos. Ahora corresponde a los agentes sociales españoles debatir estas propuestas, tal y como prometió Yolanda Díaz, que espera llegar a un acuerdo, ya que, de lo contrario, el gobierno de Sánchez deberá cumplir su compromiso de legislar durante esta legislatura.

28º régimen : El pasado 20 de enero, los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría una serie de recomendaciones destinadas a alimentar la propuesta de la Comisión Europea relativa a un nuevo marco jurídico destinado a apoyar a las empresas de la UE, comúnmente denominado “28º régimen” (véanse la resolución, el análisis y la ficha del Parlamento Europeo). Se trata de crear el estatuto de sociedad europea unificada (S.EU), que se aplicaría a las sociedades de responsabilidad limitada no cotizadas establecidas en cualquiera de los 27 Estados miembros. La inscripción de este tipo de sociedades se realizaría íntegramente por vía digital y podría completarse en un plazo de 48 horas, con un requisito de capital desembolsado mínimo de solo un euro. Deberían establecerse planes de participación accionarial para los empleados y programas de opciones sobre acciones para atraer y retener a los mejores talentos en las sociedades europeas. Las recomendaciones del Parlamento relativas al 28º régimen para las empresas de la UE deberían incorporarse a una propuesta legislativa de la Comisión, prevista para el primer trimestre de 2026. En su informe, el eurodiputado René Repasi (S&D) intenta limitar el riesgo de reducir la protección de los trabajadores en materia de derecho laboral y derecho a participar en las decisiones cuando existe. Previsto inicialmente para facilitar la creación de start-ups europeas, el 28º régimen parece no tener ya límites en cuanto al tamaño de las empresas, lo que hace que la Confederación Europea de Sindicatos muestre numerosas cautelas en todo lo que respecta a este dispositivo que, en la propuesta de la Comisión prevista para el 16 de marzo, también podría contener una limitación de los derechos de los trabajadores (véase el comunicado).

Subcontratación : El 12 de febrero el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre la propuesta de resolución titulada “análisis de la cuestión de las cadenas de subcontratación y la función de los intermediarios para proteger los derechos de los trabajadores”, presentada por Johan Danielsson (S&D) y que ya se ha aprobado con 35 votos a favor y 20 en contra en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. El texto invita a la Comisión a que ponga “fin a la subcontratación abusiva y proteger los derechos de los trabajadores, refuerce la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena de suministro, y que considere la posibilidad de introducir un régimen bien definido de responsabilidad solidaria de los operadores económicos y los subcontratistas”. Se insta también a la Comisión a evaluar “el impacto de los contratos públicos ejecutados principalmente por los trabajadores directos del adjudicatario y recomienda que las normas sobre contratación pública animen a las empresas a disponer de personal interno suficiente para llevar a cabo los proyectos para los que se les adjudican contratos públicos”.

Reestructuración : El pasado 6 de febrero, la Comisión Europea propuso movilizar 3,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 416 trabajadores despedidos tras la quiebra de la empresa de decoración de interiores Casa en Bélgica (1,9 millones de euros) y a 420 trabajadores despedidos por el fabricante de motocicletas KTM en Austria, por un importe de 1,8 millones de euros (véase el comunicado).

Empleos de calidad : La Comisión Europea ha recibido las respuestas de los agentes sociales europeos más importantes a la primera fase de consulta sobre la Ley de Calidad del Empleo (Quality Jobs Act), iniciada el 4 de diciembre (véase IR Notes 264). La propuesta de directiva sobre la calidad del empleo debería presentarse antes de finales de año, tras una segunda fase de consulta a los agentes sociales europeos, de conformidad con el artículo 154 del TFUE. Los interlocutores están claramente divididos en sus contribuciones. Por un lado, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reclama la adopción de legislaciones vinculantes sobre todos los temas abordados en la consulta: gestión algorítmica e inteligencia artificial en el trabajo, protección contra los riesgos psicosociales y ergonómicos en el trabajo, derecho a la desconexión, prácticas abusivas en materia de subcontratación, transición justa con la instauración de un derecho individual a la formación, etc. (véase la respuesta de la CES). Además, tras el fracaso de las negociaciones interprofesionales sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión en 2023, se cierra la puerta a cualquier solución negociada con las organizaciones patronales europeas: “En este momento no se dan (…) las condiciones necesarias para entablar un diálogo”. En cuanto a la patronal, si bien se reconocen en gran medida los problemas planteados por la Comisión, las soluciones que se deben aportar son totalmente divergentes a las propuestas por la CES. La organización patronal BusinessEurope rechaza el enfoque puramente legislativo, ya que esta vía únicamente se contempla para simplificar la legislación existente (véase la contribución). En todos los temas abordados en la consulta, recomienda iniciativas no vinculantes y pide que se apliquen correctamente las normas existentes: “la respuesta reside en reforzar las inspecciones laborales y de otros agentes implicados” para disuadir “las actividades fraudulentas y los posibles abusos mediante la aplicación de la ley”. Además, en contraposición a la CES, BusinessEurope explica que está dispuesta “a seguir explorando la posibilidad de entablar un diálogo social sobre una o varias de las cuestiones mencionadas en el documento de consulta”. En su respuesta, SGI Europe, al igual que SME United (véase su respuesta), también dejan la puerta abierta a la negociación entre los agentes sociales europeos, que podría incluirse en el programa de trabajo plurianual que están elaborando.

Jornada laboral : La CDU, liderada por el canciller Friedrich Merz, desea revisar la legislación sobre la jornada laboral y restringir el derecho de los trabajadores a trabajar a tiempo parcial. Desde 2001, en las empresas con más de 15 trabajadores y bajo determinadas condiciones, la empresa está obligada a conceder una reducción de la jornada laboral a los trabajadores con al menos seis meses de antigüedad que así lo soliciten. El partido del canciller desea limitar esta medida a situaciones especiales, como el cuidado de los hijos o la formación profesional. Esta iniciativa ha suscitado críticas por parte de algunos sindicatos, en particular la DGB y IG Metall (véase el comunicado). Esta política marca un giro en la política nacional de empleo, cuyo objetivo es volver a poner a los alemanes a trabajar aumentando la jornada laboral y luchando contra los “abusos” en materia de bajas por enfermedad.

Democracia en el trabajo : El gobierno conservador de Finlandia ha lanzado una consulta pública sobre modificaciones legislativas destinadas a ampliar la representación de los trabajadores en los consejos de administración. El gobierno desea que la normativa sobre la representación de los trabajadores en los consejos de administración se aplique a las empresas con al menos 100 trabajadores, en lugar de los 150 de la actualidad. “Queremos que los trabajadores tengan más voz en los lugares de trabajo finlandeses”, declaró el ministro de Empleo, Matias Marttinen, quien considera que la medida “permitirá que otros 100.000 trabajadores aproximadamente se beneficien” de la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración. El ministro destaca que “las empresas que ya han implantado este tipo de representación de los trabajadores informan de experiencias que son positivas en su mayor parte” (véase el comunicado).

Reconversión : A raíz de la ley nº 2025-989, de 24 de octubre de 2025, relativa a la transposición de los acuerdos nacionales interprofesionales en favor del empleo de los trabajadores con experiencia y relativa a la evolución del diálogo social, el “período de reconversión” entró en vigor el 1 de febrero de 2026 y sustituye a los dispositivos “Transiciones colectivas” y “Reconversión o promoción por alternancia” conocidos hasta entonces. La medida está abierta a todos los trabajadores que deseen realizar una movilidad interna o externa en su empresa con el fin de obtener una certificación o competencias y también puede ser iniciativa del empleador. Con el fin de aclarar algunos puntos del dispositivo, el 28 de enero de 2026 se publicaron dos decretos relativos a su aplicación y a su financiación.

Vigilancia de los trabajadores : La autoridad de protección de datos ha prohibido a la empresa de transporte británica Arriva grabar continuamente a sus conductores de autobús, recordando los principios de uso de las cámaras a todas las empresas del sector del transporte de pasajeros o mercancías por carretera (véase el comunicado). Si bien las cámaras pueden utilizarse por motivos de seguridad, no pueden emplearse para vigilar a los trabajadores. El sindicato CNV aplaude esta decisión y anima a sus miembros, así como a otras empresas, a revisar detenidamente su protocolo relativo al uso de cámaras de vigilancia (véase el comunicado).

Nuevos permisos familiares : Desde el 1 de enero, el Código Laboral ha sido modificado por la ley 406/2025 sobre la ayuda a las personas dependientes (véase el comunicado). El texto amplía las posibilidades de recurrir a permisos a los trabajadores que se enfrentan a “obstáculos personales importantes para el ejercicio de la actividad profesional”. De este modo, los trabajadores tienen derecho a siete días de permiso al año para acompañar a un hijo menor de 15 años a revisiones médicas o citas en instituciones para niños o alumnos con discapacidad. Además, la ley añade otros siete días de permiso, acumulables con los primeros, para los trabajadores monoparentales que acompañen a un miembro de su familia, incluido un hijo, a un centro sanitario para someterse a un examen o tratamiento en caso de enfermedad o accidente repentino, o a una institución especializada para niños o alumnos con discapacidad.

Trabajadores en edad madura : El pasado 26 enero, el grupo textil español Inditex y su comité de empresa europeo firmaron una declaración conjunta sobre las medidas necesarias para abordar el trabajo de las personas en edad madura y de apoyo a la diversidad de edad. El texto destaca ocho objetivos o medidas para tener más en cuenta “el trabajo y la experiencia profesional de las personas que integran su plantilla, y específicamente las de mayor edad”. Entre las medidas figuran la voluntad de abordar los riesgos relacionados con el envejecimiento “de manera integral la prevención de riesgos asociados al envejecimiento, incluyendo tanto los aspectos físicos como psicosociales” así como el compromiso adquirido por el grupo de evaluar a “nivel local y teniendo en cuenta las características de cada mercado, la adaptación del puesto de trabajo de aquellas personas cuya capacidad se haya visto modificada con la edad y cuando ello tenga un impacto significativo en el desempeño de sus funciones”, modificando, por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o de la jornada laboral.

Reestructuración : La dirección europea de la empresa siderúrgica ArcelorMittal ha anunciado un nuevo proyecto de deslocalización masiva de las funciones de apoyo. La medida amenaza unos 5.600 puestos de trabajo en un total de 20 países, al tiempo que todavía hay en marcha un plan similar, según una declaración del comité de empresa europeo, adoptada tras una reunión extraordinaria celebrada el 29 de enero por videoconferencia. “Esta decisión constituye un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance ni evaluación y sin tener en cuenta las consecuencias humanas, sociales e industriales”, en particular para los trabajadores de los subcontratistas. Los representantes de los trabajadores exigen el cese inmediato de las deslocalizaciones hasta que no se haya completado y evaluado la ola anterior. Preservar competencias clave, en particular las informáticas, en Europa constituye “una verdadera estrategia industrial europea, respetuosa con el empleo y los trabajadores”. El secretario del organismo, Jean-Luc Ruffin, expresa sus dudas sobre la validez jurídica de la información-consulta, que se asemeja más a una consulta sobre un marco, lo que permite llevar a cabo una serie de reestructuraciones sin tener que volver a consultar al organismo.