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Ahora que la Comisión Europea ha anunciado su intención de presentar una propuesta legislativa sobre la calidad del empleo antes de que finalice el año, ¡los resultados de la última Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo (EWCS) serán objeto de un minucioso análisis! Esta encuesta ofrece una visión completa de la calidad del empleo en Europa, al examinar las características de la mano de obra, los lugares de trabajo, la calidad del empleo y la calidad de vida en el trabajo. Los resultados se basan en más de 36 600 entrevistas presenciales de aproximadamente 45 minutos, realizadas en 35 países. Por lo tanto, este estudio ofrece una visión única de la situación laboral en Europa y constituye una auténtica joya que merece la pena descubrir al leer el informe (véase el resumen) y haciendo uso de las herramientas de visualización en línea. Una gran parte del informe se dedica a la evaluación de los siete indicadores de la calidad del empleo: remuneración; calidad del tiempo de trabajo; perspectivas (de carrera, de permanencia en el puesto de trabajo, etc.); competencias y autonomía; intensidad del trabajo; entorno social (apoyo de los compañeros, ausencia de comportamientos sociales perjudiciales); y entorno físico. Los resultados se desglosan, en particular, por sectores, niveles de cualificación, géneros… y, de forma más discreta, por países. Los países nórdicos suelen acaparar los primeros puestos, junto con Luxemburgo, Suiza, Estonia y Austria. A la cola de la clasificación se encuentran Bulgaria y Rumanía, por detrás de tres países que han solicitado su adhesión a la UE (Macedonia del Norte, Serbia y Bosnia-Herzegovina), Italia y Grecia. El informe señala mejoras. Por ejemplo, en materia de jornada laboral, el porcentaje de trabajadores que en ocasiones realizan más de 10 horas al día ha pasado del 37 % en 2005 al 28 % en 2024, y la proporción de quienes trabajan más de 48 horas a la semana ha descendido del 19 % al 11 % durante el mismo periodo. Sin embargo, Eurofound señala que «a pesar de una mejora general de la calidad del empleo, los beneficios no se distribuyen de manera equitativa. Persisten importantes diferencias en función del género, la edad, el lugar de origen, el estado de salud, la profesión y el sector».
Además de esta fuente de información, el capítulo uno se dedica a la representación de los trabajadores en el lugar de trabajo. La encuesta pone de manifiesto un aumento de la presencia de formas de representación del personal. A la pregunta de si en su empresa existe un sindicato, un comité de empresa o un órgano similar que represente a los trabajadores, el 53 % de los trabajadores encuestados responde afirmativamente (+5 puntos con respecto a 2015). La prevalencia de esta representación aumenta con el tamaño de la empresa, y es claramente mayor en las empresas de más de 250 empleados (85,4 %) y en aquellas de entre 50 y 250 empleados (68,9 %). El reparto por países es muy desigual: menos de un tercio de los trabajadores se benefician de ella en Letonia, Bulgaria y Estonia. En el otro extremo de la escala, dos tercios o más de los trabajadores declaran la existencia de una representación colectiva en su lugar de trabajo, en Francia, Bélgica y Finlandia. A la cabeza se sitúan Dinamarca (68 %), Luxemburgo (70 %) y Suecia (80 %). Fuera de la UE, Noruega registra la tasa récord del 82 %. Otra cuestión se refiere a la existencia de una reunión periódica en la que los trabajadores puedan expresar su opinión sobre lo que ocurre en el seno de su organización. En total, el 62 % de los trabajadores indicaron que disponían de esa oportunidad (9 puntos más que en 2015), con grandes variaciones, desde el 39 % en Hungría hasta el 80 % en Suecia. Sin embargo, el 21 % de los trabajadores de la UE no disponía ni de representación formal ni de reuniones en su lugar de trabajo, y un 11 % adicional declaró que existían reuniones en las que podían expresar su punto de vista, pero que no había representación colectiva en su empresa u organización.

Exposición a sustancias peligrosas : La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo aprobó, el 15 de abril, su posición sobre la sexta revisión de la Directiva relativa a las sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción. El texto aprobado prevé el establecimiento de nuevos valores límite para el cobalto y sus compuestos inorgánicos, utilizados en la producción de baterías; los hidrocarburos aromáticos policíclicos, utilizados en la producción de acero, hierro y aluminio; y el 1,4-dioxano, utilizado en la producción química y textil. Asimismo, han respaldado la inclusión de los humos de la soldadura. Los diputados también han incluido un valor límite de exposición profesional a largo plazo para el isopreno (utilizado en la industria química y del caucho), cuya exposición puede provocar irritación de la nariz, la garganta y los pulmones. Una exposición crónica y elevada puede provocar cáncer de hígado y anemia. Según el texto, los empleadores deberán proporcionar equipos de protección individual, como dispositivos de protección respiratoria, cuando la exposición residual no pueda reducirse a niveles inferiores a los valores límite. Cuando lo utilicen, los trabajadores deberán tener derecho a descansos periódicos en zonas libres de contaminación. El texto añade protecciones adicionales para los bomberos y el personal de los servicios de emergencia, que corren el riesgo de entrar en contacto con diversas sustancias peligrosas durante sus intervenciones. Las negociaciones con el Consejo y la Comisión deberían dar comienzo el 7 de mayo.

Riesgos psicosociales : La eurodiputada Estelle Ceulemans (S&D) presentó, el 15 de abril, su proyecto de informe de iniciativa legislativa sobre los riesgos psicosociales en el trabajo en el que solicita a la Comisión que presente, antes de que finalice 2026, una propuesta de directiva sobre los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo (véase el vídeo de los intercambios). Las enmiendas debían presentarse a más tardar el 20 de abril. El informe se someterá a votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 2 de septiembre, antes de la votación en el pleno en octubre, según Estelle Ceulemans (véase el comunicado). Si se aprueba el informe, la Comisión deberá dar respuesta a las peticiones formuladas por el Parlamento, probablemente en el marco de la futura ley sobre la calidad del empleo anunciada para finales de año. Durante el debate que siguió a la presentación del informe, la mayoría de los grupos políticos expresaron su apoyo, con la excepción de la representante de los Patriotas, la española Margarita De La Pisa Carrión, quien denunció un enfoque «wokista» que envenena el ambiente laboral. La ponente ficticia del PPE parecía estar de acuerdo con el informe, mientras que Renew anunció enmiendas para reducir las cargas que podrían recaer sobre las pymes.

Seguridad privada : Los interlocutores sociales sectoriales de la UE en el ámbito de los servicios de seguridad privada adoptaron, el 15 de abril, una declaración conjunta en respuesta a la estrategia de la UE para la preparación, presentada el 26 de marzo por la Comisión Europea (véase el comunicado de la Comisión). Los firmantes solicitan, en particular, que la futura revisión de la Directiva sobre contratación pública «apoye de manera eficaz el empleo de calidad y unos altos estándares de servicio en el ámbito de la seguridad». Esta estrategia debe también «reforzar el atractivo, las competencias y la fidelización del personal de seguridad», así como facilitar la cooperación «entre los sectores público y privado» (véase el comunicado de UNI Europa).

Prohibición de la subcontratación en la industria cárnica : En una resolución publicada el 15 de abril, la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal desestimó un recurso que impugnaba las disposiciones de la Ley de protección de los derechos de los trabajadores en el sector cárnico (GSA Fleisch). Varias empresas del sector se oponían, en particular, a la prohibición (sancionada con multas) de recurrir a personal externo mediante contratos de obra. Esta prohibición, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, se completó, el 1 de abril de 2024, con la prohibición de recurrir a trabajadores temporales. Además, la ley establece que las empresas o las organizaciones interempresariales en las que se llevan a cabo el sacrificio, el despiece de canales o la transformación de la carne solo pueden estar dirigidas por un único propietario. Para el Tribunal Constitucional, la prohibición de recurrir a mano de obra mediante contratos de empresa en el ámbito del sacrificio, incluido el despiece de las canales, es compatible con la libertad profesional de las empresas del sector cárnico. Persigue al menos un objetivo constitucionalmente legítimo, a saber, la protección del trabajo y la salud de las personas empleadas en el sector clave de la industria cárnica, y es adecuada, necesaria y, en particular, proporcionada para la consecución de dicho objetivo. La prohibición solo supone una restricción moderada de la libertad profesional (véase el comunicado). La decisión ha sido bien acogida por la federación sindical NGG, para quien «la obligación de contratación directa ha ayudado a las personas que trabajaban en condiciones precarias» en estos sectores y «ha mejorado en gran medida las posibilidades de control por parte de las autoridades» (véase el comunicado).

Moderación salarial : Ccon su proyecto de ley del pasado 23 de febrero, el Gobierno intenta mitigar el impacto del «índice», ese mecanismo de indexación automática de los salarios, las prestaciones sociales y las pensiones (único en Europa) que permite adaptar periódicamente el poder adquisitivo de los hogares cuando la tasa de inflación supera un umbral determinado, por lo general del 2 %. El Gobierno ha previsto un límite máximo parcial y temporal (en 2026 y 2028) de la indexación para los salarios superiores a 4 000 euros brutos y para las prestaciones sociales superiores a 2 000 euros brutos. De este modo, el importe que supere estas cantidades no se indexaría. Por tanto se trata de imponer una moderación salarial por ley, avalando una pérdida neta de poder adquisitivo de los asalariados que perciben más de 4 000 euros al mes. Los interlocutores sociales, en un dictamen conjunto del Consejo Nacional del Trabajo y del Consejo Central de la Economía del 31 de marzo, emitieron un dictamen crítico sobre esta medida, alegando, en particular, la complejidad de su aplicación (véase el  comunicado). Por parte de la patronal, las críticas – procedentes, en particular, de los representantes de las pymes (véase el comunicado) – hacen referencia a la cotización patronal por moderación salarial incluida en este dispositivo, que, más allá de su complejidad, supone un coste para los empleadores. Por parte de los sindicatos, existen fuertes críticas respecto a la modificación del mecanismo de indexación automática, con el temor de que esto siente un precedente que abra la puerta a otros tipos de intervención en dicho mecanismo. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno ha encomendado a los interlocutores sociales la tarea de trabajar, de aquí a finales de 2026, en una reforma de la norma salarial (límite máximo fijado para la evolución de los costes salariales) y de la indexación automática de los salarios. «Por lo tanto, no corresponde al Gobierno adelantarse a la revisión de mecanismos que son, ante todo, competencia del diálogo social», denuncian las confederaciones sindicales en un comunicado conjunto. El proyecto de ley podría someterse a votación en abril para su entrada en vigor el próximo 1 de junio. «Más allá de sus efectos sobre el poder adquisitivo y la contabilidad de las empresas, esta secuencia pone de manifiesto la presión que el Gobierno ejerce sobre la concertación social», destaca Anne Guisset, investigadora de la UCLouvain.

Código Laboral : El pasado 13 de abril, el Gobierno anuló el paso a la comisión mixta paritaria del proyecto de ley destinado a ampliar las posibilidades de trabajar el 1 de mayo, ante la fuerte oposición de todas las confederaciones sindicales, expresada en una carta dirigida al primer ministro. De este modo, el Gobierno se aseguraba de que la propuesta no pudiera ser aprobada en su forma actual. No obstante, el primer ministro ha manifestado su deseo de mantener las negociaciones con los distintos sectores afectados. Tras una reunión con los representantes de los panaderos y los floristas, estos establecimientos deberían finalmente estar autorizados a abrir si son independientes y artesanales, basándose en la voluntariedad de los empleados y siempre con remuneración duplicada. Se prevé que se redacte rápidamente un nuevo texto.

Ciberviolencia : Un proyecto de ley, aprobado el 15 de abril por el Consejo de Gobierno, tiene por objeto combatir la ciberviolencia ante el auge de las herramientas de comunicación digitales. Por lo tanto, se prevé completar el Código Penal para incluir la violencia en línea, en particular el acoso, con penas que pueden llegar hasta dos años de prisión y una multa de 3000 euros (artículo 442-3). Esta iniciativa se inscribe también en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2024/1385 de 14 de mayo de 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El texto refuerza el artículo 442-2 del Código Penal, que tipifica el delito de acoso obsesivo, así como en el ámbito del Derecho laboral. Este texto regulaba el acoso moral en el Derecho nacional, «pero de manera limitada y sin abarcar propiamente todas sus posibles formas, que se han desarrollado sobre todo durante los últimos avances tecnológicos», precisa el proyecto de ley.

Renovación de un acuerdo marco : La cadena de supermercados británica Tesco y la federación sindical internacional UITA firmaron, el 22 de enero, un nuevo protocolo de acuerdo para reforzar su colaboración con el fin de promover y proteger los derechos de los trabajadores a lo largo de las cadenas de suministro alimentario mundiales del grupo.  Este texto «renueva los compromisos comunes establecidos en un primer acuerdo firmado en 2022 y se basa en las lecciones aprendidas de su aplicación», subraya la UITA. Más estructurado y operativo, el protocolo destaca el mecanismo de denuncia para señalar los casos de violaciones de los derechos laborales por parte de los proveedores y pretende contribuir explícitamente a la conducta responsable de las empresas (véase el comunicado).