IR Notes

La libre circulación de las personas, uno de los principios que constituyen los cimientos de la Unión, recibe ataques por todas partes. El Reino Unido, en su negociación con los otros Gobiernos para evitar un «Brexit», quiere limitar el acceso a las prestaciones sociales abonadas a ciudadanos europeos que ejercen su derecho a la movilidad. La consecuencia sería frenar y complicar la circulación de las personas que desean instalarse en dicho país para buscar trabajo. Además, la crisis de los migrantes y la reacción de Francia tras los atentados del 13 de noviembre han provocado que diversos países suspendan uno de los componentes del Espacio Schengen, restableciendo los controles fronterizos. En una Resolución adoptada el 17 de febrero por 216 votos a favor frente a 1 voto en contra y 4 abstenciones, los miembros del Comité Económico y Social Europeo, que representa a la sociedad civil europea, se muestran «cada vez más preocupados por la presión ejercida sobre el Acuerdo de Schengen» y piden a «los Gobiernos de Europa que no cedan ante las presiones populistas y el miedo, sino que defiendan los derechos por los que hemos luchado». Este acuerdo «tenía por objetivo alcanzar la unión de los pueblos y la solidaridad entre pueblos. Ponerlo en tela de juicio supondría, además de la posibilidad de terribles consecuencias económicas, poner en tela de juicio la solidaridad y la propia Unión, un golpe que podría resultar fatal», destaca el Comité. Las consecuencias económicas de un posible abandono de Schengen han sido evaluadas por el think-tank francés asociado al Gobierno (France Stratégie), que las valora en 0,8 puntos del PIB, es decir, más de 100 000 millones de euros, para los países del Espacio Schengen («Consecuencias económicas de la revocación de los acuerdos de Schengen», nota de análisis nº 39, febrero de 2016, en inglés). En su análisis, France Stratégie mide en particular el impacto sobre el trabajo fronterizo, el turismo y el transporte de mercancías. Para Francia «los costes directos a corto plazo alcanzarían entre mil y dos mil millones de euros, sin contar los costes presupuestarios del establecimiento de controles». «A más largo plazo, el análisis económico sugiere un coste adicional neto anual para Francia de más de 10 000 millones de euros, es decir, 0,5 puntos del PIB, sin tener en cuenta la disminución del comercio entre países de la zona». Un coste catastrófico en un momento en que las previsiones de crecimiento de la OCDE se han revisado a la baja. Además, como destaca el corresponsal en Bruselas del periódico francés Libération en su blog (en francés) «Schengen es sobre todo el establecimiento de una cooperación policial y judicial europea (…), que desaparecería si se abandona». El reestablecimiento de las fronteras interiores pondría en tela de juicio un acervo que, en realidad, habría que reforzar.

• Equipos de protección individual: el Consejo adoptó definitivamente, el 12 de febrero, el nuevo Reglamento sobre equipos de protección individual, que reemplazará a la Directiva nº 89/686/CEE de 21 de diciembre de 1989. Las nuevas normas son aplicables a cada equipo que vaya a comercializarse y/o ponerse en servicio por primera vez en el mercado de la UE. Definen los requisitos de salud y seguridad, y establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad que han de seguir los fabricantes que, si los superan, podrán colocar en sus productos el «marcado CE» (véase el comunicado del Consejo, en inglés).

La importancia de las concesiones obtenidas por el Reino Unido en materia social: el acuerdo (en inglés) sobre las garantías concedidas al Reino Unido, al que han llegado el 19 de febrero los Estados miembros de la Unión, no permite al Reino Unido optar por la exclusión de la legislación europea en materia de empleo y de Derecho laboral, incluso si se insta firmemente a la Unión a revisar su legislación desde el punto de vista de la subsidiariedad y a verificar que la legislación actual no supone una carga excesiva en cuanto a trámites burocráticos, en particular para las pymes (véase la p. 32 del documento). Esta orientación, con el tiempo, podría legitimar la puesta en tela de juicio de la legislación existente, por ejemplo en materia de salud y de seguridad laboral. En relación con la libre circulación, el Reino Unido obtiene un derecho a elegir, que también estará a disposición de los otros Estados miembros, si aplicar un índice al nivel de asignaciones familiares abonadas a los hijos de un residente que se haya quedado a vivir en su país de origen (véase la p. 33 del documento). El Reino Unido, en casos excepcionales, podrá denegar el abono de ciertas prestaciones sociales de carácter no contributivo (es decir, financiadas por los impuestos y no por las cotizaciones sociales) a ciudadanos de la Unión que tengan previsto instalarse en su territorio, durante un periodo de cuatro años (véase la p. 22 del documento). Durante dicho plazo, se prevé la posibilidad de abonar progresivamente las prestaciones en función del grado de integración del ciudadano que ha ejercido su derecho a la movilidad en el mercado de trabajo británico.

• Una ayuda para los trabajadores despedidos por Volvo Trucks en Suecia: la Comisión Europea ha propuesto, el 16 de febrero, el abono de una ayuda de 1,8 millones de euros a Suecia a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 500 de los 647 trabajadores despedidos por Volvo Trucks y cuatro de sus subcontratistas debido a la caída del mercado de vehículos de transporte de mercancías por carretera (véase el comunicado de la Comisión, en inglés).


• Movilización a favor de la industria del acero: la alianza de los industriales europeos AEGIS Europe, la organización de las empresas europeas del acero, Eurofer, y las organizaciones sindicales del sector, encabezadas por la Federación sindical europea IndustriAll, han movilizado a varios miles de personas en Bruselas, el 15 de febrero, para protestar contra la importación de productos chinos a la UE a precios que ponen en peligro la industria europea (véase el comunicado de Eurofer, de AEGIS y de IndustriAll. La Comisión Europea abrió el 12 de febrero nuevas investigaciones antidumping para determinar si las importaciones de tres productos siderúrgicos son objeto de dumping en el mercado de la Unión (véase el comunicado). Numerosas organizaciones profesionales y sindicales han adoptado un «manifiesto europeo por un comercio libre y una competencia leal».

• Negociación europea sobre el envejecimiento activo: según lo previsto en el programa de trabajo para 2015-2017, los interlocutores sociales europeos van a iniciar el 18 de marzo una negociación interprofesional de un acuerdo marco autónomo destinado a «promover el envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional». El 9 de febrero se organizó un seminario de preparación en Bruselas. Las aportaciones nacionales están disponibles en el sitio web de la federación sindical europea EPSU.

Fracaso de la negociación sobre la reforma del derecho a la huelga: los interlocutores sociales de escala federal no lograron alcanzar, el 18 de febrero, un acuerdo sobre la revisión del derecho a la huelga. «No podíamos aceptar el riesgo de sanciones para los militantes no afectados por actos incriminados, explica Marc Goblet, secretario general de la FGTB. Por otro lado, no queríamos que se imposibilitase cualquier acción sindical, como por ejemplo la prohibición del bloqueo de polígonos industriales, carreteras o rotondas.» El administrador delegado de la Federación de empresas de Bélgica (FEB), Pieter Timmermans, parece querer continuar con la concertación social (véase la postura de la FEB).

• Proyecto de flexibilización del contrato de trabajo: el Gobierno ha sometido a consulta pública un informe que tiene por objeto incrementar la flexibilidad de ciertas normas del Derecho laboral. El informe contiene principalmente tres propuestas: 1) permitir la utilización de un contrato de duración definida sin motivo (respetándose los recursos vigentes) con un límite de tres contratos por año; 2) aumentar la duración máxima del periodo de prueba de cuatro a seis meses, permitiendo a las empresas poner fin a un contrato sin ofrecer justificación; 3) reducir la obligación de reintegración de un trabajador despedido por un motivo económico, si se recupera la actividad de la empresa, de nueve a cuatro meses (véase el artículo en la revista sindical Trade Union News from Finland).

Hacia una nueva reforma del Derecho laboral: el 17 de febrero se presentó ante el Consejo de Estado para su dictamen un anteproyecto de ley «destinado a establecer nuevas libertades y medidas de protección para las empresas y los activos». El texto prepara la reescritura del Código laboral, cuyo proyecto debería presentarse en los próximos dos años, pero modifica ya ciertas partes sobre la duración de la jornada laboral, los despidos y la negociación colectiva. El conjunto de medidas presentadas se enmarca en la línea de las reformas iniciadas en otros Estados miembros y destinadas a incrementar la flexibilidad de la jornada laboral y a descentralizar la negociación colectiva, reforzando el papel de la negociación de empresa. El texto también tiene por objeto reducir el coste de los despidos y garantizar, para las empresas, unos despidos económicos precisando en la ley los motivos considerados aceptables, lo cual reduciría el margen de interpretación de los jueces en caso de conflicto por los motivos de despido. Este proyecto se presentará el 9 de marzo al Consejo de Ministros, para ser posteriormente examinado por el Parlamento hasta mayo. Podrá adoptarse antes del verano. Aunque los sindicatos cuestionan ciertos puntos del proyecto, las organizaciones empresariales consideran que en general avanza en buen sentido.

• Reducción de las cargas patronales: el Gobierno decidió, el 18 de febrero, mantener la reducción de las cargas sociales para los salarios de trabajadores que perciben el salario mínimo en 0,75 puntos porcentuales, pasando así la tasa de las cargas patronales a un 23 %. El salario mínimo, fijado en 530 euros desde el 1 de enero, deberá alcanzar, de acuerdo con el proyecto del nuevo Gobierno que combina el partido socialista con la izquierda radical, los 600 euros en 2019. En la actualidad hay 500 000 trabajadores que perciben el salario mínimo.

• Owens-Illinois (O-I): el grupo americano especializado en embalaje de vidrio Owens-Illinois (27 000 trabajadores) firmó el 15 de octubre de 2015 un nuevo acuerdo relativo al comité de empresa europeo para tener en cuenta la Directiva 2009/38. Al contrario del acuerdo anterior, celebrado bajo la égida de la ley francesa (el Estado miembro donde el grupo tiene más empleados, alrededor de 2 000), el nuevo acuerdo está sujeto a la ley italiana.


• Praxair: el grupo americano de suministro de gas industrial Praxair (27 000 trabajadores), que había formado un comité de empresa europeo en 2012 (véase el acuerdo), va a iniciar una negociación para revisar su acuerdo.
  
  > Véase también: un nuevo acuerdo relativo al comité de empresa europeo McBrive

Conciliación de la vida privada y la vida profesional: el Instituto de investigación francés IRES ha publicado una revista sobre los progresos y la situación de los dos instrumentos de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, en particular las bajas para los padres (baja por maternidad y por paternidad) y las estructuras de cuidado de los niños en diversos países de la OCDE. Esta edición propone «una presentación general de los dispositivos de conciliación y de la influencia que ha tenido la crisis en la exacerbación o no de las tensiones y las dificultades de conciliación anteriores». Las aportaciones nacionales parecen indicar que los dispositivos de conciliación se «han librado» de la crisis.

• Los efectos de la digitalización: el instituto sindical europeo ha publicado un documento de trabajo sobre «el impacto social de la digitalización de la economía» que permite identificar las cuatro consecuencias principales: creación, transformación, destrucción y desplazamiento de puestos de trabajo. Según el autor, Christophe Degryse, «parece perfilarse un consenso sobre una mayor polarización de la sociedad del futuro, con una clase media que mengua, un aumento marcado de los hogares y los trabajadores con ingresos bajos, y una ínfima minoría de “superstars” cuyo nivel de ingresos ha, literalmente, aumentado drásticamente».