IR Notes

«Si los países europeos lograsen unirse, sus 300 o 400 millones de habitantes conocerían, por el fruto de su herencia común, una prosperidad, una gloria y una felicidad que ningún obstáculo ni ninguna frontera lograrían limitar. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa». Estas eran las palabras de Winston Churchill en septiembre de 1946. Cerca de 70 años después, otro Primer ministro británico acaba siendo el asesino de Europa. David Cameron se ha ganado su lugar en la Historia como el responsable de enterrar a una Unión Europea que, a partir de ahora, tendrá problemas para resistir los asaltos de las fuerzas oscuras procedentes del pasado. Esas mismas fuerzas que han acabado con Jo Cox, origen de todos los males a ojos de los extremistas: culpable de ser una joven brillante, valiente y con ideologías políticas de izquierdas, defensora de un Reino Unido abierto hacia el mundo y dispuesto a ayudar a los refugiados, en lugar de volverse solo hacia el propio país e identidad. Jugar con el futuro con dados trucados, como ha hecho David Cameron, no es propio de la política, sino de una necedad suma. Sin duda, la Unión no es perfecta. Quizá es el «peor sistema», por emplear la fórmula de Winston Churchill, pero «salvando todos los demás». Defender la idea de que un Estado miembro pueda avanzar solo hacia la prosperidad y superar todos los desafíos planteados por cuestiones como la crisis de los migrantes o la transición energética es un engaño. Quienes defienden este cambio de dirección de la historia se están echando a las espaldas una gran responsabilidad, sobre todo porque los afectados serán los propios británicos y, en particular, los olvidados por la mundialización, que han votado masivamente a favor de la salida de la Unión. Los trabajadores británicos serán los primeros perjudicados. El próximo Gobierno podrá desechar las medidas sociales adoptadas gracias a la Unión: suprimir ese derecho a la información y a la consulta que nunca llegó a ser plenamente aceptado; aportar una flexibilidad ilimitada al tiempo de trabajo, sin tener que preocuparse por obtener una exención a la Directiva europea; suprimir el inútil descanso de 11 horas entre dos jornadas de trabajo; eliminar las generosas cuatro semanas de vacaciones pagadas impuestas por el Derecho de la Unión… Los conservadores británicos, tras haber eliminado prácticamente el derecho a la huelga, podrían crear así un «paraíso social» a las puertas de Europa. En las empresas transnacionales, ya nada impedirá que los delegados británicos tengan que abandonar los comités de empresa europeos en un momento en que los sindicatos británicos empezaban a interesarse en serio por esta instancia e, incluso, a aprovechar sus conocimientos. Así, las delegaciones británicas podrán quedarse en el banquillo y ver cómo los otros representantes de los trabajadores europeos disfrutan del derecho a la información y a la consulta, sin que ellos puedan obtener nada de información ni a nivel nacional ni transnacional. El único atisbo de esperanza sería que unos dirigentes europeos con suficiente carisma funden de nuevo una Unión Europea que por fin alcance una convergencia fiscal y social capaz de consolidar una economía social de mercado. Lo difícil será encontrar a esos líderes carismáticos…

Primeros intercambios sobre la Directiva relativa a los agentes químicos carcinógenos: la Comisión presentó, el 13 de mayo, una propuesta por la que se modificaría la Directiva n.° 2004/37 relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos con el objetivo de limitar la exposición a trece de estos agentes en el lugar de trabajo, en lugar de a los tres actuales (véanse las IR Notes 54). Sin embargo, durante el debate en el Consejo el 7 de junio (véase el Informe del Consejo), varios Estados miembros consideraron que los valores mantenidos por la Comisión como nivel máximo de concentración de un agente carcinogénico en el aire ambiente en el lugar de trabajo eran demasiado elevados y no protegían suficientemente a los trabajadores. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo designó el 2 de junio a la eurodiputada socialdemócrata sueca Marita Ulvskog como ponente para esta propuesta, que va a mantener ocupados a los grupos de presión
> Para saber más: los documentos presentados por la Comisión (en inglés): la propuesta de Directiva, el anexo sobre los límites de exposición, la evaluación de impacto y un documento de trabajo del Instituto sindical europeo (gratuito, «Cancer risks in the workplace: better regulation, stronger protection», en inglés).

• Igualdad entre sexos: el Consejo adoptó el 16 de junio las Conclusiones sobre igualdad entre mujeres y hombres, que no tienen valor vinculante pero muestran la vía que deben seguir los Estados miembros y la Comisión Europea. «Todavía existen importantes brechas de género», señala el Consejo, «en el empleo, el trabajo por cuenta propia, el trabajo a tiempo parcial, el espíritu emprendedor y la toma de decisiones, así como en las retribuciones y las pensiones y, por tanto, las mujeres también se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza en comparación con los hombres». El Consejo pide a la Comisión «que ponga en práctica las medidas descritas en su Compromiso estratégico [para la igualdad entre mujeres y hombres (2016-2019)] sin demora y de acuerdo con el calendario en él establecido» y «que presente nuevas iniciativas para abordar los desafíos que el equilibrio entre vida privada y laboral plantea a los cuidadores y padres que trabajan» o, incluso, para «que reduzca las brechas de género en el empleo, los salarios y las pensiones».


• Igualdad de trato para las personas LGBTI: el Consejo adoptó el 16 de junio las Conclusiones del Consejo sobre la igualdad de las personas LGBTI (las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales). El texto pide a la Comisión Europea que promueva las medidas descritas en su Lista de medidas de la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI, «respetando plenamente las identidades nacionales y tradiciones constitucionales de los Estados miembros, así como la competencia de los Estados miembros en el ámbito del Derecho de familia (…)». En nuestra opinión, la referencia a la identidad nacional es un modo de recoger las diferencias de valoración entre los Estados miembros en la aplicación de los derechos fundamentales, lo cual los puede debilitar.


• Salario mínimo en el transporte por carretera: la Comisión Europea decidió, el 16 de junio, iniciar procedimientos de infracción de la legislación de la Unión contra Francia y Alemania debido a las consecuencias derivadas de la aplicación de sus legislaciones sobre el salario mínimo al sector del transporte por carretera. La Comisión Europea considera que la aplicación sistemática de tal legislación por parte de Francia y Alemania a todas las operaciones de transporte que tocan sus correspondientes territorios limita de forma desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías (véase el comunicado de la Comisión). Por su parte, la organización internacional de empresas de transporte por carretera, la IRU, ha pedido encarecidamente a Francia una moratoria sobre la aplicación de la legislación en materia de salario mínimo que debería entrar en vigor el próximo julio (véase el comunicado).
  > Véase también el artículo comparativo publicado por Eurofound en junio de 2015 y posteriormente actualizado.


• Minerales procedentes de zonas en conflicto: el 16 de junio se alcanzó un acuerdo político entre los eurodiputados, el Consejo y la Comisión Europea que establece la obligatoriedad de los «controles de debida diligencia», realizados de acuerdo con la guía de la OCDE sobre la debida diligencia para los importadores de estaño, tungsteno, tantalio y oro, así como sus minerales, procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo. La Comisión y el Consejo habían propuesto inicialmente sencillos controles voluntarios. Los eurodiputados han logrado que los controles sean obligatorios. La versión definitiva del texto debería concluirse antes de que acabe el año (véase el comunicado del Parlamento y el comunicado de la Comisión).


• Alteradores endocrinos: la Comisión Europea presentó el 15 de junio los criterios científicos para identificar los alteradores endocrinos, es decir, esas sustancias que alteran el sistema hormonal (véase el comunicado de prensa de la Comisión). El instituto sindical europeo propone un análisis crítico de las propuestas de la Comisión que tenga en cuenta las preocupaciones planteadas por diversas ONG.

• Papel del diálogo social para favorecer el crecimiento y el empleo: la organización patronal BusinessEurope pidió el 14 de junio a los interlocutores sociales europeos que respalden las reformas y el crecimiento para garantizar el mantenimiento del modelo social europeo (véase el comunicado), haciendo referencia a las experiencias positivas de Irlanda, España y Portugal, así como a los recientes acuerdos celebrados entre Finlandia y Francia. La organización apoya la creación de los «consejos nacionales de productividad» decididos por el Consejo, mientras que la Confederación Europea de Sindicatos se opone a ellos (véase el comunicado). Además, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales adoptó el 16 de junio unas conclusiones sobre un nuevo impulso del diálogo social. El Consejo considera que «se deben aplicar principios de mejora de la legislación sin perjuicio de la función y la autonomía que el TFUE les confía». Así, «debe velar por garantizarse la transparencia, la recopilación de pruebas y el respeto de los principios generales de subsidiariedad y de proporcionalidad de la Unión».

Proyecto de Ley sobre el trabajo temporal y los contratos de empresa: el Gobierno ha adoptado, el 1 de junio, un proyecto de ley sobre la lucha contra el empleo abusivo de contratos de trabajo temporal (Leiharbeit) y la utilización de contratos de empresa (Werkvertrag). En relación con el trabajo temporal, el texto obligará a los empleadores a remunerar a los trabajadores temporales de forma equivalente que a los trabajadores de la empresa usuaria tras un plazo de nueve meses. No obstante, el texto deja cierta flexibilidad a los interlocutores sociales a escala de las filiales: podrán alcanzar más rápidamente la igualdad salarial, como lo prevén ya ciertos convenios colectivos. Sin embargo, también podrán prever que los salarios se adapten más progresivamente, fijando una remuneración más elevada a partir de la sexta semana de contratación del trabajador temporal para alcanzar la igualdad salarial en un plazo de quince meses en lugar de nueve. Además, una vez pasados los 18 meses, la empresa final deberá ofrecer al trabajador temporal un contrato de trabajo fijo. Sin embargo, una vez más, existen ciertas excepciones que permiten un acuerdo de filial o de empresa para el periodo posterior a esos 18 meses. En relación con estos dos puntos, el proyecto fija unas «normas de mínimos», señala Andrea Nahles, la Ministra federal de Trabajo, con el objetivo de permitir a los interlocutores sociales negociar las condiciones de empleo de los trabajadores temporales, en lugar de imponer unas normas fijas. En relación con el uso fraudulento de los contratos de empresa, el proyecto de ley concede en particular el derecho de información al comité de empresa sobre las personas que trabajan en unas mismas instalaciones y sobre las formas contractuales que rigen su trabajo. Asimismo, introduce en el Código Civil una definición de lo que es un trabajador «y de lo que no lo es», explica la Ministra, «para marcar un límite claro entre el asalariado y el trabajador por cuenta propia» (véase el comunicado del Ministerio).

Hacia una mayor flexibilidad de la legislación sobre el tiempo de trabajo: el Gobierno ha propuesto, el pasado marzo, revisar la legislación sobre el contrato de trabajo con los interlocutores sociales, en particular en relación con el tiempo de guardia. Actualmente se considera nula una disposición que impida a los trabajadores que realizan permanencias obligatorias disfrutar de su periodo de descanso cotidiano o semanal. Ahora bien, para afrontar las carencias de mano de obra en el sector de la salud y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el Gobierno prevé excepciones a dicha norma. De forma paralela, se han celebrado negociaciones sobre los salarios en el sector médico que también tratan la cuestión del tiempo de trabajo, hasta el punto de que el día 31 de mayo se organizó una acción colectiva de protesta durante la cual los trabajadores del sector acudieron al trabajo con su almohada.

• Jurisprudencia contradictoria sobre la obligación de «reasignación»: la jurisprudencia italiana obliga a las empresas a «reasignar» a los trabajadores en caso de despido por motivos económicos. Dado que se debe recurrir al despido solo como último recurso, antes de proceder a un despido la empresa debe intentar reubicar al trabajador en otra categoría en los puestos vacantes en la empresa. El incumplimiento de esta obligación está sancionado por la legislación, que fija una indemnización (ya no una reintegración) para los trabajadores despedidos a partir del 7 de marzo de 2015, pero el Tribunal Supremo ha adoptado sentencias contradictorias sobre la carga de la prueba. Tradicionalmente, el trabajador era quien debería indicar al juez los puestos que, en su opinión, tendría que haberle propuesto la empresa antes de su despido. A continuación, el empleador debía demostrar que el trabajador no podía ser contratado para tales puestos. Un Decreto reciente del Tribunal Supremo (n. 5592/2016) ha aplicado una modificación, determinando que a partir de ahora debía ser la empresa quien demostrase que había cumplido correctamente su obligación de reasignar al trabajador, sin que el trabajador tenga que demostrar nada. Un mes después, el Tribunal Supremo acaba de cambiar la orientación original de su sentencia mediante el Decreto n.º 9467/2016. Ese mismo Decreto parece reestablecer asimismo la jurisprudencia anterior sobre otro punto: la reasignación se debe hacer en un puesto comparable al anterior y no, como sugería un Decreto anterior (n.º 4509/2016), en puestos de cualificación inferior, lo cual ampliaría considerablemente el alcance de las obligaciones de la empresa. Con tantas modificaciones en tan poco tiempo, se prevé que los órganos jurisdiccionales inferiores no propongan posturas homogéneas, lo cual haría que la inseguridad jurídica perdurase.

• Arctic Paper SA: la Dirección del grupo papelero de origen sueco, pero con sede en la ciudad polaca de Poznan, firmó el 1 de junio un acuerdo para formar un comité de empresa europeo. Arctic Paper SA tiene alrededor de 1.650 trabajadores en la Unión. El comité de empresa europeo incluirá siete miembros, existiendo «la voluntad de que al menos dos miembros sean mujeres», lo cual es una recomendación explícita y muy poco habitual en los acuerdos de CE europeo. Además, de estos siete miembros, tres serán suecos y tres polacos, mientras que el séptimo será un representante de todas las oficinas de ventas. El comité dispondrá de un presupuesto anual de 25.000 euros.


• Aviapartner: una centena de militantes sindicales celebraron una propuesta el 14 de junio convocada por la Federación europea de trabajadores del sector del transporte (ETF) ante las instalaciones de la sociedad Aviapartner, en el aeropuerto de Bruselas. Aviapartner es una sociedad de mantenimiento aeroportuario basada en Bruselas que tiene presencia en 40 aeropuertos. Posee alrededor de 8.000 trabajadores. Los sindicalistas han denunciado «la falta de diálogo social en la empresa» y, en particular, dentro del comité de empresa europeo (véase el comunicado de la ETF).


• Safran: el comité de empresa europeo de Safran adoptó el 21 de junio una declaración para denunciar la falta de información de los representantes de los trabajadores europeos en relación con la venta de la filial del grupo neerlandés especializado en seguridad, Morpho, que cuenta con más de 8.000 trabajadores. La Dirección «no siempre ha convocado e informado a las instancias de representación del personal, tanto nacionales como europeas, sobre esta cuestión, a pesar de sus incesantes peticiones». Esto resulta contradictorio con el «discurso de la Dirección del grupo, que afirma querer promover el diálogo social con las organizaciones sindicales europeas y mundiales». Frente a esta situación, el comité «asumirá toda su responsabilidad y recurrirá a todos los medios necesarios para aclarar este expediente y para que se respete el papel de la instancia europea, en particular sus derechos de información y consulta de conformidad con la Directiva europea de 2009».

• Airbus Group SE: el comité de empresa europeo del grupo Airbus SE adoptó una declaración el 14 de junio en Toulouse para advertir al «electorado británico sobre los riesgos que corren los trabajadores británicos de Airbus en materia de seguridad laboral y de desarrollo si el Reino Unido vota a favor del Brexit». Los signatarios, el presidente del comité Marc Ambiaux (FO Métaux) y el vicepresidente Thomas Busch (IG Metall), consideran que si la votación «apoya el Brexit en el próximo referendo, esto supondría un gran riesgo para el grupo Airbus y para la estabilidad y el desarrollo del empleo industrial en el Reino Unido».

La espiral hacia abajo de la Europa social: siempre resulta difícil criticar el funcionamiento actual de la Unión Europea sin arriesgarse a debilitarla. No obstante, es aconsejable escuchar ciertos hechos claros, en particular en este momento en que numerosos Jefes de Estado y de Gobierno piden a la Unión Europea que intente incrementar el contacto con la población. Por consiguiente, el hecho de analizar cómo los últimos años de la construcción europea han provocado una debilitación de la Europa social y de sus esfuerzos aclara las diversas consecuencias sociales de la gobernanza económica y de las políticas aplicadas a escala nacional en los ámbitos de la protección social y del Derecho laboral. Demuestra que la crisis y su gestión en los veintiocho Estados miembros han contribuido a incrementar la heterogeneidad económica, política y cultural, además de las desigualdades entre los Estados miembros de la UE y en el interior de esta, lo cual perjudica a la propia legitimidad del proyecto europeo en su conjunto. El incremento de los nacionalismos, del euroescepticismo y el Brexit no son sino avatares de este fracaso colectivo.
> «Social Europe: A Dead End, What the eurozone crisis is doing to Europe’s social dimension», de Arnaud Lechevalier y Jan Wielgohs.

• Costes horarios de la mano de obra: según una estimación de Eurostat, los costes horarios de la mano de obra han aumentado un 1,7 % tanto en la UE como en la zona del euro durante el primer trimestre de 2016 en relación con el mismo trimestre del año anterior. Durante el cuarto trimestre de 2015, los costes se habían incrementado, respectivamente, un 2 % y un 1,3 %.


• Lento aumento del empleo: el número de personas que tiene empleo se ha incrementado un 0,3 % tanto en la UE como en la zona del euro durante el primer trimestre de 2016, en comparación con el trimestre anterior, según las estimaciones de Eurostat. Durante el cuarto trimestre de 2015, el empleo aumentó un 0,4 % en la UE y un 0,3 % en la zona del euro. En un año, el empleo ha progresado un 1,4 % en ambas zonas.