IR Notes

La Comisión Europea ha provocado la ira del movimiento sindical europeo al presentar este pasado 8 de junio una serie de medidas para la aviación civil “destinadas a preservar la competencia y la conectividad en el sector del transporte aéreo, a facilitar la inversión en las compañías aéreas europeas y a mejorar la eficacia y la conectividad en el espacio aéreo europeo” (véase el comunicado de prensa). El propósito de este paquete es que se hagan realidad dos prioridades de la estrategia de la aviación para Europa que fue adoptada por la Comisión en 2015: garantizar que la aviación civil europea conserve una posición líder en el escenario internacional y eliminar los obstáculos contra el crecimiento en el espacio aéreo europeo. Dentro de la vertiente social, la Comisión se interesa básicamente por el ejercicio de la huelga en el sector de la gestión del tráfico aéreo. La Comisión considera que de todas las formas de perturbación que puede sufrir el tráfico aéreo, las acciones sindicales encarnadas en huelgas son el problema más complejo ya que suelen provocar toda una serie de anulaciones y de retrasos en los vuelos y bloquean a los pasajeros en los pasaportes. Estas acciones perturban en gran medida el funcionamiento del mercado interior. Entre 2005 y 2016 se anularon un total de 243.660 vuelos con motivo de las huelgas en la gestión del tráfico aéreo y que según los cálculos afectaron a 27 millones de pasajeros. Los retrasos debidos a las huelgas supusieron unos costes de más de mil millones de euros a las compañías aéreas. Aunque la Comisión reconoce que el derecho de huelga es un derecho fundamental que en la actualidad se enmarca esencialmente dentro de la ordenación jurídica de cada país, el organismo europeo se está aventurando sobre suelo resbaladizo ya que de acuerdo con el Tratado no tiene ningún tipo de competencia legislativa en este ámbito. Es por este motivo que en su comunicación ha citado una serie de “orientaciones” que detalla en un documento de trabajo relativo a las prácticas que favorecen y permiten la continuidad del servicio del tráfico aéreo. La Comisión recuerda en primer lugar que algunas de estas prácticas ya se aplican en la actualidad en algunos Estados. Entre las pistas que sugiere, la Comisión anima a los Estados a adoptar las prácticas siguientes: 1) Fomentar un diálogo social abierto y constructivo con vistas a reducir la probabilidad de huelga instaurando un mejor diálogo social; 2) Prever el “depósito previo de avisos de huelga anticipada por parte de los sindicatos” (al menos con 14 días de antelación) a fin de preparar planes de atenuación en previsión de la acción sindical; 3) Prever que los miembros del personal deban informar al sindicato sobre su participación en la huelga (por ejemplo con 72 horas de antelación); 4) Garantizar una continuidad del servicio del 100% para los vuelos que atraviesen el espacio aéreo de los países afectados por una huelga solicitando el control aéreo por parte de los países limítrofes y 5) Proteger los picos diarios y anuales de tráfico aéreo evitando las huelgas en estos periodos. Sobra decir que la iniciativa de la Comisión ha generado una gran controversia (véanse las reacciones de los agentes sociales detalladas a continuación) ya que ha sido percibida como una vulneración al derecho de huelga al analizarlo como un derecho que perjudica a los intereses económicos. Al igual que con la iniciativa “Europa en movimiento”, en opinión del sector del transporte por carretera (véase IR Notes 77), la Comisión no duda en revisar algunos de los derechos sociales o en sugerir a los Estados miembros que los reconsideren en nombre de la competitividad de la economía europea a pesar de que el organismo europeo no tenga competencia alguna sobre la materia.

• Exposición a las sustancias cancerígenas o a los mutágenos en el lugar de trabajo: el Consejo ha alcanzado un acuerdo este pasado 15 de junio (“orientación general”) relativa a la Propuesta de Directiva que modifica la Directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (véase el comunicado del Consejo).


• Formación y cualificaciones de los conductores de camiones y autobuses: el pasado 8 de junio el Consejo acordó su posición (“orientación general”) sobre la propuesta de actualización de las normas para la formación y las cualificaciones de los conductores de camiones y autobuses (véase el comunicado). El Consejo va a iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo con vistas a aprobar este texto.

Reacciones de los agentes sociales europeos a la restricción del derecho de huelga en el tráfico aéreo: las propuestas de la Comisión Europea (véase Portada en este número) han provocado la ira de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), que “lamenta con rotundidad este intento de limitar indirectamente” el derecho de huelga (véase el comunicado). La  Confederación Europea de Sindicatos ha exigido que la Comisión “suprima todas las referencias incluidas en su iniciativa a las restricciones al derecho de huelga (véase el comunicado). La organización sindical de controladores del tráfico aéreo ATCEUC también se ha pronunciado contra la Comisión (véase el comunicado). El tono, sin embargo, es bien distinto en el seno de las organizaciones patronales, como es el caso de la nueva asociación A4E y que engloba a las compañías aéreas tradicionales más importantes: “Limitar el impacto de las huelgas de la gestión del tráfico aéreo sobre los viajeros y las empresas sin comprometer el derecho fundamental a la huelga de los controladores es un objetivo clave para A4E”, según declaraciones de Thomas Reynaert, director general de la asociación. “Necesitamos gente que se atreva a tomar decisiones en Europa para poder ejecutar las mejores prácticas (véase el comunicado). Por su parte, IACA (asociación que engloba a las compañías de bajo coste) se ha mostrado también a favor de las prácticas que garanticen la continuidad del servicio a fin de reducir las huelgas (véase el comunicado).

• Debate sobre el empleo atípico en el transporte aéreo: el pasado 8 de junio se celebró un Consejo Europeo de Ministros de Transporte sobre el desarrollo del empleo atípico en el sector de la aviación civil y de sus consecuencias en términos de seguridad. El debate fue propuesto por los Países Bajos, que dirigieron una nota a las delegaciones en la que solicitaban que la Comisión Europea que abordara más seriamente las prácticas del recurso a interinos o del “pay to fly”, que consiste en que algunas compañías aéreas hacen volar a copilotos que no les cuestan nada ya que estos pagan para poder volar para acumular experiencia. De acuerdo con la relación de conclusiones del Consejo, la Comisión ha informado de que hay una evaluación en curso y sostiene que las formas atípicas de empleo no deberían implicar abusos y que espera que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen de gran calado sobre la situación jurídica de los equipajes. La asociación de pilotos ECA ha celebrado este debate, pero considera que ya es hora de que se lleven a cabo acciones concretas que impidan el recurso abusivo de los empleos flexibles (véase el comunicado) cuyos riesgos contra la seguridad ya han quedado claramente destacados por dos estudios.


• El Parlamento Europeo está atento a la evolución del sector del transporte por carretera: en una resolución sobre el transporte por carretera dentro de la Unión aprobada el pasado 18 de mayo, los eurodiputados recordaron que “la libre prestación de servicios de transporte en toda la Unión no debe justificar ningún tipo de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores ni debilitar la legislación en vigor sobre las condiciones de trabajo”. En clara oposición con la Comisión, el Parlamento “rechaza cualquier nueva liberalización del cabotaje, en particular de las operaciones de cabotaje ilimitado dentro de un determinado número de días”. Considerando que el problema de la fatiga no se ha tomado suficientemente en cuenta, los europarlamentarios piden a la Comisión que “proceda a un estudio científico a escala de la Unión sobre los efectos de la fatiga en los conductores de autobús y autocar y en los conductores de camiones y furgonetas de mercancías”.


• Dimensión social de la digitalización de la industria: el Parlamento Europeo aprobó una resolución el pasado 1 de junio sobre la digitalización de la industria europea y puso de relieve las ventajas que esta digitalización tiene para la industria como son una mejor conciliación de la vida laboral y la privada, así como sus riesgos inherentes como son el peligro de generar empleos inestables y precarios o la menor protección de los derechos de los trabajadores. Se pide también “la aplicación de una garantía de competencias, previa consulta y con la participación de los interlocutores sociales” con el fin de evitar una “brecha digital” que ponga en riesgo la empleabilidad de los trabajadores industriales.


• Agenda Europea para la economía colaborativa: el pasado 15 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución en respuesta a la comunicación de la Comisión del día 2 de junio de 2016 titulada “Una agenda europea para la economía colaborativa”. En la resolución, los eurodiputados especifican las garantías que se deben aportar a los trabajadores e innovan al subrayar la importancia “de que los trabajadores de las plataformas colaborativas puedan beneficiarse de la portabilidad de las evaluaciones y calificaciones, que constituyen su valor en el mercado digital, así como de facilitar la transferibilidad y acumulación de las evaluaciones y calificaciones en las diferentes plataformas (…)” (véase el punto 43). Señalan también “la posibilidad de que se produzcan prácticas desleales y arbitrarias en las evaluaciones en línea, lo que puede afectar a las condiciones laborales y a los derechos de los trabajadores de las plataformas colaborativas así como a su capacidad para conseguir empleo”. Estos mecanismos de evaluación y calificación “deben elaborarse de forma transparente” y “se debe informar y consultar a los trabajadores”.


• Ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: el 2 de junio la Comisión Europea propuso que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización otorgue un millón de euros a España para ayudar a encontrar trabajo a 339 antiguos mineros del carbón así como a jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación en Castilla y León (véase el comunicado).

Acuerdo a favor de los trabajadores de la industria cárnica: el Parlamento aprobó una ley en pro de la seguridad de los derechos de los trabajadores de la industria de transformación cárnica (Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft). Según destacó el vicepresidente del sindicato alemán de alimentación NGG, Claus-Harald Güster, esta decisión “es un hito importante en la buena dirección. Con la aprobación de esta ley, el gobierno ha puesto claramente de relieve que el compromiso voluntario que adoptaron las empresas hace dos años para mejorar las condiciones de trabajo no ha sido suficiente”. Según denuncian sus competidoras europeas, las empresas alemanas han cometido abusos al contratar mano de obra mal remunerada y exponerla a condiciones laborales deplorables. Esta nueva ley, que resulta insólita en el paisaje alemán dado el escaso intervencionismo del país en lo relativo a las relaciones laborales, pretende fijar condiciones laborales equitativas en este sector. Las empresas deberán ahora responsabilizarse del conjunto de la cadena de subcontrataciones y del pago de las cotizaciones a la seguridad social. Las empresas deberán suministrar gratuitamente además la ropa y las herramientas necesarias para el trabajo y también quedan obligadas a registrar los tiempos de trabajo de sus empleados y tanto de sus trabajadores permanentes como de los provisionales. El incumplimiento de las estipulaciones de la ley podrá acarrear multas que van desde los 30.000 a los 50.000 euros (véase el comunicado DGB, NGG, EFFAT).

Barilla: la dirección del grupo agroalimentario italiano Barilla, los miembros del comité de empresa europeo, debidamente autorizados por sus respectivos sindicatos, y la Federación Sindical Europea Effat firmaron el pasado 31 de mayo un acuerdo europeo sobre la salud y la seguridad. El objetivo principal del texto es definir unas líneas maestras con las que promover medidas de prevención contra el estrés y los riesgos psicosociales vinculados al trabajo. Con la firma de este acuerdo, las partes apuntan hacia un objetivo “cero accidentes” aplicado a todos los niveles. Los medios para alcanzar este objetivo son los siguientes: 1) Adopción de un enfoque preventivo en cuanto a métodos y objetivos con la utilización de un sistema comparativo entre los países. 2) Adopción de planes de prevención transversales vinculados a metas cuantitativas y cualitativas. 3) Diálogo social mejorado con la Effat y sus organizaciones miembros y articulación mejor entre los niveles de información y de consulta. 4) Programas de formación específicos. 5) Seguimiento del acuerdo garantizado sobre todo por el comité de empresa europeo (véase el comunicado de la EFFAT).

• Honda: el pasado 28 de febrero el fabricante japonés automovilístico Honda renovó su acuerdo de comité de empresa europeo. El texto ha sido publicado por el Instituto Sindical Europeo y prevé un procedimiento informativo y de consulta en caso de que se registren circunstancias excepcionales con el que se implica a los representantes de los países involucrados. El acuerdo abre la posibilidad de que el comité recurra a un experto externo, que deberá ser nombrado de común acuerdo con la dirección y que deberá entregar su informe en 15 días. Para tal efecto se ha previsto un presupuesto anual de 50.000 euros.


• Unilever: el comité de empresa europeo de Unilever ha lamentado en un comunicado de prensa la decisión de que el grupo agroalimentario vaya a vender su actividad histórica de fabricación de margarina y que da trabajo a más de 1.000 trabajadores en toda la UE. El comité ha fijado una lista de exigencias que el futuro comprador deberá respetar para garantizar los puestos de trabajo y las instalaciones afectadas.

• ArcelorMittal: la federación sindical internacional IndustriAll Global Union organizó el pasado 2 de junio una reunión entre sindicalistas alemanes de IG Metall y representantes de sindicatos kazajos. IG Metall prestó su apoyo para que los representantes de los trabajadores de Kazajistán y de Ucrania pudieran estar presentes en el comité de empresa europeo como observadores (véase el comunicado).

La negociación colectiva en los países de la OCDE: en su informe “Perspectivas del empleo de la OCDE 2017” (tan valioso como los otros informes del organismo para comprender el funcionamiento de los diferentes mercados de trabajo), la OCDE ofrece un análisis de los sistemas de relaciones sociales de los diversos países miembros. El informe está disponible en inglés y se basa en datos actualizados para analizar de manera exhaustiva los mecanismos de negociación colectiva que existen en los países de la OCDE. En el documento se comparan los índices de sindicalización y de adhesión a organizaciones patronales, así como el índice de cobertura convencional. En el texto se comenta la baja continuada en las tasas de sindicalización y, de forma paralela, de la cobertura convencional, así como la mayor descentralización de las negociaciones a favor del nivel de empresa. Al tiempo que pone de relieve la complejidad de los diferentes modelos de negociación colectiva y de la importancia de observar las interacciones entre los distintos agentes, el informe evita proponer un modelo que sería más eficaz que los demás (véase el resumen, otros idiomas).