IR Notes

El pasado 11 de julio, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron definitivamente un acuerdo relativo a la propuesta de la Comisión Europea encaminada a establecer unos límites nuevos o unos límites más estrictos de exposición a varios agentes carcinógenos en el lugar de trabajo (véase el comunicado del Consejo). El acuerdo ratifica el compromiso alcanzado el 28 de junio entre el Parlamento y el Consejo. Se trata, por tanto, de la primera etapa de la revisión de la Directiva 2004/37 de 29 de abril de 2004 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Esta revisión se ha realizado por etapas, con la presentación de esta propuesta en mayo de 2016 por la Comisión con el fin de ampliar la protección prevista por la directiva de 2004, que solamente cubría tres sustancias, a once nuevos agentes (véase IR Notes n° 54). Uno de los compromisos alcanzados por el Parlamento es que la Comisión Europea deberá considerar la posibilidad de incluir las sustancias tóxicas para la reproducción en el ámbito de aplicación de la Directiva a más tardar en el primer trimestre de 2019 y podrá presentar una propuesta legislativa sobre la cuestión. Para el Cromo VI, el acuerdo prevé un valor límite de exposición inicial de 0,010 mg/m³ durante un periodo de cinco años tras la fecha de transposición, tras este periodo se reducirá el límite a 0,005 mg/m³. Con respecto a los serrines de maderas duras, el texto establece un valor límite de exposición de 3 mg/m³ durante cinco años tras la entrada en vigor de la Directiva y de 2 mg/m³ posteriormente. A pesar de estos avances, el compromiso resulta decepcionante en cuanto a la exposición al polvo respirable de sílice cristalina, pues en el texto se señala únicamente que la Comisión se compromete a examinar la necesidad de modificar el valor límite en la próxima evaluación de la aplicación de la Directiva. Por lo tanto, el valor límite queda establecido en 100 microgramos, como proponían la Comisión y el sector industrial, en lugar de los 50 microgramos, así como un periodo transitorio de diez años como pedía el Parlamento.
Actualmente, el Parlamento Europeo está examinando un segundo texto sobre otros 5 agentes para su aprobación el otoño próximo (véase IR Notes n° 67, Es noticia). Uno de los puntos fuertes de los debates, como se demostró en las audiciones celebradas el 13 de julio en el Parlamento, será la exposición de los trabajadores a los gases de escape de los motores diésel a los que se exponen más de 3 millones de trabajadores, según el análisis de impacto de la Comisión. La Comisión considera que estos gases son peligrosos, pero solo en el caso de los antiguos motores, mientras que los más recientes no presentan peligro. Un análisis muy cuestionado por varios Estados miembros y por el Instituto Sindical Europeo. El ponente principal del Parlamento Europeo es Claude Rolin (PPE). Su informe está previsto para el 17 de octubre y la votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tendrá lugar en enero de 2018.
Por último, la Comisión ha comenzado los trabajos preparatorios para el establecimiento de una nueva serie de agentes. A principios del año próximo se presentará una propuesta. No obstante, este texto tratará sobre menos de diez agentes, por lo que la Comisión no cumplirá con su compromiso de ampliar la protección a 25 agentes antes de finales de 2016 y a 50 agentes antes de finales de 2020.

> Flash: el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado en una sentencia emitida el 18 de julio que la ley alemana relativa a la gestión no atenta contra la libre circulación de los trabajadores y es compatible con el derecho de la Unión, tal como ya destacara el abogado general (TJUE, concl., 4 de mayo 2017, asunto C-566/15 y véase IR Notes n° 65 y la edición IR Notes n° 60, entrevista) (véase el comunicado del Tribunal y la respuesta de la Confederación Europea de Sindicatos).

Un piloto puede volar más allá de los 65 años, pero no para transportar pasajeros: se prohibió a un piloto de Lufthansa volar tras su 65 cumpleaños y se puso fin a su contrato dos meses más tarde en el momento en que alcanzaba la jubilación a tiempo completo. El piloto impugnó la normativa por la que se establece la edad límite en 65 años para los vuelos comerciales y considera que habría podido ejercer durante los dos meses que le quedaban actividades en calidad de instructor, de examinador o de piloto de vuelos de traslado. El Tribunal de Justicia ha confirmado el límite de 65 años de edad para efectuar vuelos comerciales (TJUE, 21 de marzo de 2017, asunto C-190/16, Werner Fries). El Tribunal considera que «las medidas encaminadas a evitar los accidentes aéreos mediante el control de la aptitud y las capacidades físicas de los pilotos con el fin de que tales accidentes no tengan su origen en fallos humanos constituyen indiscutiblemente medidas que garantizan la seguridad del tráfico aéreo». Es «innegable» que las capacidades físicas disminuyen con la edad. Asimismo, dado que «permiten excluir que la disminución de las capacidades físicas después de los 65 años sea la causa de accidentes», estas disposiciones «son adecuadas para alcanzar el objetivo de interés general perseguido». Por ello, el Tribunal subraya que el límite de edad «no instaura un régimen imperativo de jubilación forzosa ni implica necesariamente que se ponga fin al contrato de trabajo de un trabajador basándose en que éste ha cumplido los 65 años de edad». Además, la prohibición se aplica únicamente al «transporte aéreo comercial», que abarca el «transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o alquiler». Por consiguiente, el Tribunal constata «que ni los vuelos en vacío o vuelos de traslado ni las actividades asociadas a la formación y al examen de pilotos» están comprendidas en esta actividad. Por lo tanto, el piloto podía esperar legítimamente que su empleador le mantuviera una actividad de piloto durante dos meses, fuera de las actividades comerciales.

• El Consejo de Europa denuncia las medidas de austeridad adoptadas en Grecia: el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano principal de control encargado del respeto de la Carta Social Europea (N. de la R.: acordada en el marco del Consejo de Europea y no de la Unión Europea), ha declarado en una decisión de 5 de julio no conformes a la Carta Social Europea varias medidas adoptadas por el Gobierno griego para hacer frente a la crisis económica y presupuestaria que ha azotado al país. Con respecto a una reclamación presentada por la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y respaldada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el CEDS ha detectado una serie de incumplimientos de la Carta Social Europea. En primer lugar, el Comité desestima el argumento del Gobierno griego que justificaba las excepciones a los derechos sociales de conformidad con el artículo 30 de la Carta con respecto a la «suspensión de obligaciones en caso de guerra o de otro peligro público». El Comité examina una serie de incumplimientos y destaca, en particular, que la situación de los asalariados en lo que respecta al tiempo de trabajo incumple el apartado 1 del artículo 2 de la Carta debido a la duración excesiva del trabajo semanal autorizada, así como la falta de garantías suficientes. El Comité destaca asimismo que el salario mínimo bruto, primas incluidas, corresponde aproximadamente al 46 % del salario medio bruto, y el salario mínimo reducido de los trabajadores de menos de 25 años a aproximadamente el 41 % del salario medio bruto, cifra muy por debajo de los límites establecidos por el Comité. Para el Comité, la disminución del salario mínimo de los trabajadores de menos de 25 años es excesiva y constituye una discriminación basada en la edad. (Véase asimismo el comunicado de la CES). Sobre la base de esta decisión, el Comité de Ministros insta en su resolución a las autoridades griegas a que aporten cuanto antes información sobre las medidas adoptadas y previstas para que la situación sea conforme a la Carta.

• Lucha contra el dumping social: el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de junio una guía, una carta y una circular contra el dumping social en la contratación pública y las concesiones (véase el comunicado).

• Retraso en la transposición de la Directiva sobre “Desplazamiento”: el 13 de julio, la Comisión Europea interpuso ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso contra Croacia al no haber efectuado la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la legislación de la UE relativa a la aplicación de la Directiva 2014/67/UE (véase el comunicado).

Un convenio de empresa puede reservar un día festivo para las mujeres: el pasado 12 de julio, el Tribunal de Casación de Francia dictó una sentencia en la que se establecía que un convenio colectivo puede prever en beneficio exclusivo de las trabajadoras de sexo femenino media jornada de descanso con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, puesto que dicha medida pretende establecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres corrigiendo las desigualdades de hecho que afectan a las oportunidades de las mujeres (véase la nota explicativa del Tribunal).

• Aprobación de un nuevo Código de Trabajo: la Presidenta de la República, Dalia Grybauskaité, aprobó el pasado 14 de junio el nuevo Código de Trabajo, que pretende aportar una mayor flexibilidad al mercado de trabajo y atraer a los inversores. La promulgación de este texto, elaborado por un grupo de trabajo tripartito, pone fin a un largo proceso que llevó al Parlamento a votar a favor de un primer Código, en junio de 2016, más liberal y que había sido vetado por la Presidenta. El nuevo Código entró en vigor el 1 de julio.

• Hacia un aumento del salario mínimo: el gobierno ha transmitido al Consejo de diálogo su propuesta de revalorización del salario mínimo para 2018. Pasaría de 2.000 PLN (474 €) a 2080 PLN (493 €) mensuales brutos (+4%), mientras que el salario mínimo horario bruto aumentaría de 13 (3,08 €) a 13,50 PLN (3,20 €). Por el momento, los interlocutores sociales no han conseguido alcanzar una posición común sobre este asunto. En caso de que perdurara el desacuerdo, el gobierno podrá poner fin a la consulta e imponer su propuesta.

Huelga salvaje en la recogida de basuras: por primera vez desde hace más de dos decenios, una huelga salvaje es noticia en los periódicos. El pasado 5 de julio, unos cincuenta barrenderos empleados por la empresa privada Reno Norden han convocado una huelga salvaje a la que se han sumado un centenar de colegas. Los trabajadores impugnan un nuevo método de remuneración, que reducirá su nivel de salario, y una nueva organización del trabajo que modifica la forma en que los barrenderos acceden a los cuartos de basura, lo que les hará perder el beneficio de su experiencia, pues podrán ser sustituidos más fácilmente por trabajadores sin experiencia. La huelga constituye una violación del convenio colectivo existente y, por tanto, el sindicato de trabajadores del transporte no la secunda. Asimismo, el 14 de julio la huelga fue declarada ilegal por la Magistratura de Trabajo sueca. A pesar del estatus no oficial de la huelga, varios barrenderos empleados por otras empresas organizaron huelgas de apoyo. Por otra parte, 65 barrenderos que fueron citados por la Magistratura el 12 de julio decidieron abandonar su puesto de trabajo en Reno Norden. A día de hoy, el conflicto no se ha resuelto y la recogida de basuras no se está produciendo en Estocolmo.

• Axa: la sesión plenaria del comité europeo del Grupo Axa se celebró el 14 de junio en Varsovia. La Dirección presentó un proyecto de transformación del grupo en relación con la digitalización y la descentralización. En el acta se precisan las consecuencias en el empleo y el calendario del proceso de información y consulta con el fin de poner en marcha el proyecto a lo largo de 2018.


• Deutsche Bahn: por primera vez antes de la reunión del comité de empresa europeo que tuvo lugar del 27 al 30 de marzo, este último se reunió con el comité de grupo de Deutsche Bahn. Los asuntos tratados fueron el impacto de la tecnología digital en el mundo laboral y las condiciones laborales en Alemania y Europa. Se ha decidido proseguir con el intercambio de información y reforzar la cooperación entre el comité de empresa europeo y el comité de grupo (véase el comunicado).

Sodexo: el grupo de servicios a empresas y particulares Sodexo (425.000 trabajadores) firmó el pasado 21 de junio junto con la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) un acuerdo internacional de prevención contra el acoso sexual en el trabajo que se inscribe en la continuidad del acuerdo marco internacional firmado en diciembre de 2011 (véanse los comunicados de prensa de la UITA y Sodexo). Es la tercera vez que la UITA celebra un acuerdo sobre la lucha contra el acoso sexual después de los dos firmados con Chiquita en 2013 y Unilever en 2016 (véase IR Notes n° 47). En el acuerdo se establece una lista de conductas características del acoso sexual y se precisa que pueden producirse «circunstancias agravantes» cuando el acoso se produce en una situación en la que es una condición previa a la contratación o como una condición para mantener un puesto de trabajo y como un factor que influye en las condiciones de empleo o de evolución de la carrera. El acuerdo prevé unos procedimientos para prevenir y luchar contra el acoso, que es objeto de una “tolerancia cero” por parte de los firmantes. Más allá de sus propios trabajadores, Sodexo se compromete a incluir una cláusula contra el acoso sexual en su código de conducta y a comunicársela a sus subcontratistas y sus proveedores.

• EDF: los miembros del Comité Mundial de Diálogo sobre Responsabilidad Social (CDRS), creado en el marco del acuerdo sobre la responsabilidad social del grupo EDF firmado con IndustriAll Global Union, han publicado una declaración (en francés) para denunciar firmemente la actitud de la dirección de EDF Luminus, filial belga del grupo EDF, que ha despedido a 14 personas incumpliendo la legislación belga (véase el comunicado de IndustriAll).


• Inditex: en el marco del proceso de aplicación del acuerdo marco global con Inditex, los afiliados de IndustriALL Global Union del sector textil y de la confección de Bulgaria se han reunido para debatir sobre sus necesidades en materia de fortalecimiento de las capacidades y para elaborar planes de sindicalización (véase el comunicado de IndustriAll).


• LafargeHolcim: la dirección del grupo cementero LafargeHolcim (100.000 trabajadores) y las federaciones sindicales mundiales IndustriALL Global Union y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (IBB) firmaron el pasado 12 de julio un protocolo de acuerdo con el fin de concluir las negociaciones de un acuerdo marco mundial. Los negociadores alcanzaron un proyecto de acuerdo el 30 de junio, que deberá ser avalado por las diferentes partes para que sea firmado oficialmente antes de finales de año (véanse los comunicados de prensa de la IBB y de IndustriAll). En el memorándum se precisa que el acuerdo aborda cuatro capítulos: los derechos fundamentales, la salud y la seguridad en el trabajo, el intercambio de información y la búsqueda de soluciones para eventuales conflictos así como las relaciones con los subcontratistas y los proveedores. Los firmantes del acuerdo anuncian asimismo su intención de negociar un acuerdo sobre la salud y la seguridad en el trabajo para prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

La situación del sindicalismo en Europa: el Instituto Sindical Europeo propone una obra en la que se evalúa la situación del sindicalismo europeo desde los años 2000 con una serie de monografías relativas a 11 Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). Los diferentes capítulos hacen hincapié en los recursos estructurales, organizativos, institucionales y discursivos de los sindicatos. La obra incluye asimismo un análisis sobre las federaciones sindicales europeas (Véase la entrevista de los directores de esta obra colectiva, en inglés).