IR Notes

El pasado 24 de octubre la Comisión Europea publicó su programa de trabajo para 2018 con un total de 26 iniciativas nuevas que según sostiene la Comisión se presentarán de aquí a mayo de 2018 para permitir al Parlamento y al Consejo finalizar la labor legislativa antes de las elecciones europeas de junio de 2019 y la constitución de una nueva Comisión (véase el comunicado de prensa de la Comisión). Estamos por tanto ante el último y verdadero programa de trabajo de la Comisión Juncker ya que el programa de 2019 consistirá en atender a los asuntos corrientes. “Es necesario realizar nuevos esfuerzos para conseguir que la equidad social y los derechos de los trabajadores sean las marcas distintivas del mercado único”, según destaca la Comisión, que en su comunicado presenta ámbitos de trabajo ya anunciados tales como el pilar europeo de los derechos sociales, que deberá “hacernos progresar hacia una ‘unión de las normas sociales’” según la fórmula utilizada por el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. En este sentido, la Comisión ha presentado un “paquete de medidas a favor de la equidad social” (véase el punto 8 del anexo 1) en el que se cubren cuatro propuestas que ya se han anunciado en su mayor parte: 1) una propuesta legislativa destinada a constituir una “autoridad europea del trabajo”; 2) una propuesta destinada a garantizar el acceso a la protección social de los trabajadores autónomos atípicos; 3) una nueva propuesta a favor de la introducción de un número de la seguridad social europea “que podría utilizarse en caso de necesidad en todos los sectores”; 4) revisión de la directiva relativa a la declaración escrita que obliga a las empresas a informar a los trabajadores sobre las condiciones de aplicación sobre su contrato o sobre la relación laboral. Además de la revisión de la directiva de desplazamiento (véase el punto 29), la Comisión desea también atender antes del fin de su mandato varios textos en materia social que figuran dentro del paquete “Europa en movimiento” (véase el punto 17): 1) revisión de la legislación sobre la jornada laboral de camioneros y transportistas (reglamento nº 561/2006) y la localización de los taquígrafos (reglamento nº 165/2014); 2) revisión de la directiva 2006/22 relativa a las exigencias en materia de control y que establece reglas específicas para el desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera; y 3) la propuesta que modifica los reglamentos nº 883/2004 (coordinación de los sistemas de seguridad social) y nº 987/2009 (aplicación del reglamento nº 883/2004) (véase el punto 30); 4) propuesta de directiva sobre el equilibrio entre vida laboral y vida privada de progenitores y cuidadores (véase el punto 31). El programa es sin duda el más “social” de los últimos diez años y ha sido acogido con satisfacción por la Confederación Europea de Sindicatos, que en cualquier caso lamenta el escaso reconocimiento del impacto social de la digitalización de la economía y la “ausencia total de referencias al desarrollo de la democracia industrial y a la participación de los trabajadores” (véase el comunicado). La organización patronal todavía no ha reaccionado, pero ya tuvo ocasión de expresar su oposición a cualquier nueva directiva en materia social. En cualquier caso, la patronal expresó el día 27 de octubre su acuerdo a abrir una negociación con la CES sobre la revisión de la directiva relativa a la declaración escrita.
> Enlace para acceder al conjunto de documentos presentados por la Comisión.

• Adopción de la directiva revisada “sustancias cancerígenas” por parte del Parlamento: el pasado 25 de octubre el Parlamento Europeo aprobó con una aplastante mayoría su posición para la adopción de un reglamento que modifica la directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos vinculados a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos en el lugar de trabajo (véase el comunicado). Tras la aprobación por parte del Consejo, se procederá a publicar las nuevas reglas en el Diario Oficial de la UE y estas entrarán en vigor 20 días después de la publicación.
  > Véase IR Notes 80 para consultar el contenido del texto.

La revisión de la directiva de desplazamiento decepciona a los agentes sociales: la Confederación Europea de Sindicatos ha calificado a la propuesta aprobada por el Consejo como “más bien decepcionante” (véase IR Notes 84 EN ES DE). La Confederación lamenta que no se haya incluido el transporte por carretera, garantías insuficientes para el “abono en efectivo de indemnizaciones”, la ausencia de una base jurídica para garantizar el equilibrio entre las leyes del mercado único y la protección de los trabajadores, la ausencia de reconocimiento de numerosos tipos de convenios colectivos y un periodo de trasposición demasiado largo (3 años) (véase el comunicado). La CES espera que el Parlamento proceda a reequilibrar el texto cuando lleguen las negociaciones con el Consejo. Tal como destaca la federación sindical Effat, el Parlamento había tenido en cuenta muchas de las reivindicaciones sindicales (véase el comunicado). Por su parte, la organización patronal BusinessEurope lo considera “un mal compromiso dirigido por el simbolismo político”. BusinessEurope denuncia la reducción de la duración máxima del desplazamiento hasta los 12 meses, frente a los 24 meses de la actualidad y tal como lo solicitaba el Parlamento Europeo.
> Texto de la propuesta de revisión de la directiva de desplazamiento adoptada por el Consejo y disponible en la página web de IR Share.

• Protección de los informantes: el pasado 24 de octubre el Parlamento Europeo votó una resolución sobre las medidas destinadas a proteger a los informantes que comuniquen en aras del interés público información confidencial de las empresas y de los organismos públicos (véase el comunicado).

El sindicato IG Metall adopta sus reivindicaciones: el pasado 26 de octubre la oficina ejecutiva del sindicato de la metalurgia IG Metall fijó sus reivindicaciones para las negociaciones de los acuerdos tarifarios que entran en vigor el próximo 15 de noviembre (véase el comunicado). El sindicato reivindica un aumento general de los salarios del 6% en un plazo de 12 meses para los 3,9 millones de trabajadores del sector de la metalurgia, así como el derecho individual a la reducción de la jornada laboral para alcanzar un tiempo total de 28 horas a la semana y en un periodo que podría abarcar hasta los 24 meses. Según el presidente de IG Metall, Jörg Hofmann, “el objetivo es conseguir una mayor autodeterminación de la jornada laboral. La flexibilidad de la jornada laboral en las fábricas no debe aplicarse en detrimento de los trabajadores, sino que debe resultar de utilidad para los mismos”. Además, los trabajadores que tengan que reducir su jornada laboral para ocuparse de niños menores de 14 años o para cuidar a miembros de la familia deberán recibir una ayuda de 200 euros por parte de la empresa. Los trabajadores que trabajen en equipo o en el marco de otras formas de trabajo que dañen la salud deberán recibir también una ayuda cuando reduzcan su jornada laboral y por un monto de 750 euros anuales.

• Segunda ola de reformas del mercado laboral: tras la adopción el pasado mes de septiembre de la reforma del derecho laboral y de la negociación colectiva, el pasado 25 de octubre el gobierno presentó una hoja de ruta para la transformación del aprendizaje, de la formación profesional y de la cobertura por desempleo. La reforma del aprendizaje se iniciará a principios del mes de noviembre con la instalación de grupos de trabajo multipartitos. A mediados de noviembre el gobierno invitará a los agentes sociales a participar en una negociación interprofesional sobre la reforma de la formación profesional. Y para finalizar, a finales del mes el gobierno dará el pistoletazo de salida para la reforma del sistema de cobertura de desempleo organizando una reunión multilateral para el conjunto de partes interesadas. El objetivo para estos tres enfoques es adoptar una ley antes del fin del verano de 2018.

• Aumento del número de trabajadores nocturnos: el número de personas que trabajan regularmente por la noche ha aumentado en 260.000 personas a lo largo de los últimos cinco años, lo que significa un aumento del 9% según destaca un estudio de la confederación sindical británica TUC.

Total: el día 30 de junio la dirección del grupo Total firmó una cláusula adicional a su acuerdo de comité de empresa europeo, instaurado el año 2001. El texto regula temporalmente el impacto del Brexit. Así, para el nuevo mandato, que estará en vigor hasta el mes de septiembre de 2021, el acuerdo es que se mantendrán a los representantes británicos incluso cuando el Reino Unido abandone la UE y el Espacio Económico Europeo. La cuestión volverá a ser examinada en la próxima renovación del comité. Además, para la ocasión las partes han acordado examinar “la posibilidad de tener en cuenta” a los países situados fuera de Europa. El acuerdo prevé también dotar de más poder al comité restringido. En circunstancias excepcionales el comité puede reunirse en las 24 horas antes del inicio de los procedimientos nacionales de información y de consulta o, a más tardar, al mismo tiempo que los mismos. En función de la importancia del tema, el comité podrá emitir un dictamen inmediatamente o solicitar reunirse por segunda vez para disponer del tiempo necesario para analizar la cuestión o, también, contando con el apoyo de dos terceras partes de sus miembros, derivar directamente la cuestión a una reunión extraordinaria del comité de empresa europeo. Hay que destacar igualmente la creación de una cuarta comisión permanente encargada de las energías renovables y de la transformación del seminario anual dedicado a la salud y a la seguridad en una comisión transversal permanente dedicada al desarrollo sostenible y a la responsabilidad social y medioambiental. Esta comisión podrá realizar un desplazamiento anual.

• Princes: el pasado 12 de octubre y tras tres años de negociaciones se firmó un acuerdo para implantar un comité de empresa europeo en el seno de Princes (parte del grupo Mitsubishi Corporation), una multinacional del sector agroalimentario con sede social en Reino Unido donde se encuentran también sus fábricas más importantes. Princes dispone igualmente de instalaciones de producción en Italia, Francia, Polonia, Países Bajos y en Isla Mauricio. El comité de empresa europeo estará compuesto por tres representantes italianos, nueve representantes británicos, un representante de los Países Bajos, un representante de Polonia y un representante de Francia. El punto crítico del acuerdo es el hecho de excluir de los temas sometidos a la información y a la consulta las cuestiones relativas a la salud y a la seguridad, el medio ambiente y las cuestiones vinculadas a la relación laboral. Como anexo al acuerdo, los miembros del comité de empresa europeo deberán firmar un formulario comprometiéndose a respetar una cláusula de confidencialidad.


• Saipem: la sociedad italiana Saipem, especializada en la investigación y en las perforaciones petroleras firmó el pasado día 17 de julio un acuerdo para la implantación de un comité de empresa europeo que engloba a los trabajadores del Espacio Económico Europeo. La primera reunión del comité de empresa europeo está prevista para el otoño (véase el comunicado en inglés o en italiano).

HeidelbergCement: las federaciones sindicales internacionales IndustriAll Global Union y BWI organizaron los días 1 y 2 de noviembre en Bremen (Alemania) la primera reunión de la red sindical mundial del grupo cementero HeidelbergCement (véase el comunicado). Para la ocasión los 40 sindicalistas presentes aprobaron una declaración común en la que se solicitaba a la dirección que iniciara una negociación para suscribir un acuerdo-marco internacional con un mecanismo de resolución de litigios, establecer un comité de seguimiento y fomentar la salud y la seguridad en el trabajo y, también, que fundara un comité de empresa mundial.

• Hewlett-Packard: el pasado 13 de septiembre las federaciones sindicales europeas IndustriAll Europe y Uni Europa organizaron conjuntamente en Bruselas una reunión de representantes del personal de tres sociedades parte del grupo estadounidense Hewlett-Packard (HP) sometido a varias reestructuraciones desde hace dos años: HP Inc, HP Enterprise (HPE) y DXC Technology (empresa resultante de la fusión de CSC y de HP Enterprise Services). El objetivo de la reunión era desarrollar una estrategia de coordinación sindical con el propósito de garantizar un diálogo social adecuado a nivel europeo en las tres empresas creando dentro las mismas unos comités de empresa europeos (véase el comunicado). En la empresa HP Inc. y según las prescripciones subsidiarias de la directiva 2009/38 debería instaurarse próximamente un comité de empresa europeo. Dentro de HPE se ha constituido un nuevo grupo especial de negociación. En el caso de DXC Technology la situación es más confusa puesto que ya había un acuerdo de comité de empresa europeo de derecho alemán dentro de CSC. Según IndustriAll, la dirección debería implantar un grupo especial de negociación y considerar que DXC Technology es una sociedad nueva y negociar en virtud de las leyes irlandesas dado que la empresa tiene su sede en dicho país. Se trata de una visión no compartida por IndustriAll Europe, para la que se deben respetar las condiciones del acuerdo del comité de empresa europeo de CSC. Este comité sostiene que en caso de denuncia, las negociaciones deben realizarse bajo la égida de la ley de la que dimanó el acuerdo, es decir, bajo la ley alemana.

• Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: la Comisión Europea publicó el pasado 31 de octubre un informe sobre los resultados que tuvo el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en los años 2015 y 2016. En esos dos años, el FEAG ayudó a 19.500 trabajadores despedidos y a 1.251 jóvenes sin trabajo, sin estudios y sin formación (generación NINI). Las ayudas de la UE ascendieron a más de 70 millones de euros. En total, encontraron un nuevo trabajo o acabaron ejerciendo una actividad independiente al cabo de un año un total de 9.072 trabajadores, casi la mitad de las persona que participaron en las medidas financiadas por el FEAG. Al mismo tiempo, otros 645 trabajadores cursaron estudios o algún tipo de curso de formación. Desde su creación, el FEAG ha recibido un total de 147 solicitudes de intervención. Se han solicitado en torno a 600 millones de euros para prestar ayuda a unos 137.600 trabajadores y a 2.944 jóvenes NINI (véase el comunicado). En realidad, durante diez años el FEAG ha gastado poco más de la línea presupuestaria que se le había atribuido para solo un año (500 millones de euros), lo que demuestra que está claramente infrautilizado. Es de destacar que los tres expedientes de mayor tamaño para el periodo 2015-2016 corresponden a fabricantes automovilísticos (sector con el mayor consumo de fondos) con Adam Opel (6,95 millones) y Ford Genk (6,26 millones) y con la cadena griega de supermercados Larissa (6,46 millones). Con casi 12 millones en ayudas, el país destinatario de una mayor cantidad de fondos en este periodo ha sido Finlandia y desde la creación del fondo y con un total de 89,7 millones de euros el puesto lo encabeza Francia.


• Plataforma europea contra el trabajo no declarado: los servicios del Parlamento Europeo publicaron una nota sobre la plataforma europea contra el trabajo no declarado (creada en el año 2016) destinada a esclarecer los intercambios realizados en el seno de la Comisión de Emplro y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Tal como desea también el Consejo, la plataforma podría luchar igualmente contra los abusos existentes en cuanto al desplazamiento de los trabajadores en el marco de las prestaciones de servicios.